Primeros efectos
Desde el 2004 en Bolivia el precio del petróleo estaba congelado en 27 dólares por barril, congelándose consecuentemente el precio de gasolina, diesel y GLP (el gas domestico). La medida, asumida en su tiempo por Mesa, ponía fin a épocas de gasolinazos en que los gobiernos de turno aumentaban cada fin de año el precio de los carburantes para subsanar su déficit fiscal. Consecuencia de aquello entre 1985 y 2004 el precio de los carburantes se había elevado de un 400% aproximadamente.
La sorpresiva medida del gobierno ha activado inmediatamente una espiral inflacionaria. Las tarifas del transporte público han aumentado entre un 66 y un 150%, las amas de casas han asaltado los mercados para acaparrar alimentos cuyos precios ya aumentaron de un 30% mínimamente. En las agencias de EMAPA en Potosí, Oruro y otras ciudades hubo nuevamente filas de kilómetros y protestas por la escasez de productos. En esta misma agencia estatal los precios subieron un 15% y más. El martes el compañero Evo dijo que no dejará solo al pueblo frente a los efectos de esta medida, pero la realidad es que el pueblo ya fue dejado sólo frente a la especulación y el impacto devastador del sorpresivo aumento de los carburantes.
El porqué de esta medida
El gobierno afirma que esta “nivelación del precio” de los carburantes con el precio de los países vecinos era necesaria para frenar el contrabando que desangraba el Tesoro General de la Nación. Bolivia – segunda reserva de Latinoamérica de gas y productor de petróleo – debe destinar un cuarto de sus entradas por la venta de hidrocarburos a comprar carburantes en el mercado internacional, particularmente desde Argentina y Perú. Para 2010 YPFB había requerido un monto de aproximadamente 400 millones de dólares por la importación de carburantes para el mercado interno. De estos se calcula que unos 150 fluyan hacia el contrabando con los países limítrofes. Este chorro de plata hacia el exterior representa un problema real que grava sobre la economía pública.
Sin embargo este problema del contrabando es secundario respecto a los efectivos móviles de la medida, de otra manera no se explicaría porqué se mantiene subvencionado el precio de la garrafa de gas (como el del agua, la electricidad y las telecomunicaciones) mientras sube el precio de combustibles para aviación o el agro fuel que no podían ser contrabandados. La verdad es que de fondo hay un problema de ingresos y de mal celado déficit fiscal. El Ministro Arce había presupuestado para 2010 un monto para la subvención a los carburantes que se basaba en una demanda estable – cuando fue creciente – y un precio internacional de 70 dólares por barril, cuando fue de 94 dólares. Esta medida sirve entonces para generar mayores ingresos fiscales tasando al pueblo lo cual, independientemente de cómo serán utilizados estos ingresos, era el mismo método y fin de los gasolinazos de la época neoliberal.
Fracaso de la lucha al contrabando
Por otro lado hay una lección que en estos convulsivos momentos no se está extrayendo con la debida atención. La promulgación del Decreto Supremo 748 es en primer lugar la medida del fracaso de la lucha al contrabando basada en instituciones del Estado burgués. El gobierno movilizó a las Fuerzas Armadas y fortaleció la Aduana con nuevas asunciones y cambios constantes en su dirección para contrarrestar el contrabando consiguiendo el efecto de multiplicar a todos niveles la corrupción en esas dos instituciones.
Algunos casos significativos: entre octubre del 2007 y enero del 2008, la Aduana destituyó a 8 ejecutivos y a 12 funcionarios por hechos de corrupción; en 2009 son incautados 33 camiones de contrabando en la frontera entre Pando y Brasil. Según el gerente de la Aduana César López el ex ministro Quintana habría personalmente llamado para que se deje paso a los contrabandistas. En 2010 la Aduana Nacional es nuevamente intervenida, la nueva gerente Marlene Ardaya declara que todo el anterior directorio – a la cabeza el General Vargas, nombrado como Ardaya por el Presidente – está involucrado en casos de corrupción. La lista de las denuncias verbales a cargo de oficiales de las FFAA es igualmente larga.
El sabotaje de las multinacionales
Mientras la lucha al contrabando naufragaba en la corrupción, los gastos del Estado para subvencionar el precio nacional de gasolina, diesel y GLP crecían de manera descontrolada. Proporcionalmente las multinacionales reducían paulatinamente las inversiones productivas y la misma producción. Un sabotaje de la economía que provocaba desabastecimiento y la necesidad de importar carburantes.
Bolivia es la segunda reserva latinoamericana de gas, pero su producción diaria de gas es un tercio de la que tiene Argentina. La producción de GLP, el gas de las garrafas, ha bajado en un 28% entre 2007 y 2009. En cuanto a los hidrocarburos líquidos (petróleo, condensado y gasolina natural) en 2005 se tenía una producción diaria de 50 mil barriles lo cual se ha reducido en 2010 a poco menos de 41 mil barriles por día. Las inversiones presupuestadas de las multinacionales han bajado abruptamente, las que efectivamente se ejecutan son todavía más bajas y sirven sólo para descontar costos recuperables del pago de las regalías e IDH.
Por estas razones importamos – a precios de mercado – el GLP para 60 mil garrafas de las 123 mil que se consumen diariamente en Bolivia mientras entre enero y mayo de 2010 tuvimos que importar aproximadamente 43 mil litros mensuales de gasolina y 39 mil litros mensuales de diesel (Fuente de todos estos datos: MHE, YPFB, INE).
¿Quién gana?
En palabras del Vicepresidente esta medida debería servir para “incentivar las inversiones” de las multinacionales y consecuentemente aumentar la producción de gas e hidrocarburos líquidos. Según la autoridad y el Ministro Arce “no es rentable producir en Bolivia a un precio congelado de 27 dólares por barril mientras el precio internacional es de 94 dólares por barril”. Se trata de una victoriade las multinacionales, sin precedentes desde la guerra del gas. Desde ahora el precio de los carburantes en el mercado interno fluctuará dependiendo del mercado internacional. Las multinacionales reciben las condiciones de vida del pueblo en bandeja de plata para seguir lucrando y especulando sobre su empobrecimiento.
La burguesía nacional que ahora expresa críticas y preocupaciones, había empezado una campaña para eliminar las subvenciones desde hace tiempo. Es verdad que este mayor costo de operación afectará también a las empresas, pero los grandes empresarios saben que esta medida al final los favorecerá. En el agro, por ejemplo, el gran latifundio podrá permitirse sostener el costo mayor del precio del diesel, por esta razón los agroindustriales saben que ganarán más espacio en las decisiones políticas, porque el gobierno deberá hacerle más concesiones para incentivar su inversión productiva. La pequeña producción campesina – que ya ahora lamenta falta de apoyo – será en cambio siempre más vulnerable frente al latifundio, con la consecuencia de un creciente empobrecimiento y abandono rural.
¿Quién pierde?
Las medidas compensatorias comprometidas por el gobierno para defender el poder adquisitivo de los ingresos de trabajadores, campesinos y sectores populares son todavía confusas y no pueden tranquilizar al país. Se anuncia por ejemplo un aumento salarial superior a la inflación que debería entrar en vigor desde febrero cuando, según el ministro Arce “tendremos los efectos del aumento del precio de hidrocarburos” sobre la inflación.
Para febrero lo que conoceremos probablemente con seguridad serán los aumentos del transporte y se estabilizará temporáneamente el precio de los alimentos después de la especulación. Sin embargo la espiral de aumento de precios no parará en febrero y es ingenuo pensarlo. Nuevos aumentos llegarán con las cosechas de 2011, cuando empresarios y pequeños campesinos tendrán que recuperar mayores costos de operación. Por no hablar de los costos de vivienda, salud, educación (las clases empiezan recién en febrero), etc.
Ministros del gobierno andan reuniéndose con diferentes sectores comprometiendo parte o todo los que se ahorraría por efecto de este decreto. Lo que se quiere es ganar apoyo de sectores sociales frente a una medida que ha sembrado desconcierto entre la misma base del MAS. Se pide aceptar el sacrificio en nombre de la “razón de Estado” a cambio de medidas sociales. Sin embargo ¿cómo podemos pensar que con 500 millones de dólares se hagan los milagros que no se hicieron con 1500 millones de dólares de IDH por año? Esta estrategia que busca dividir al movimiento popular generará sólo más caos e intereses corporativos.
Los trabajadores y los sectores sin ninguna fuente de ingreso fijo serán fuertemente afectados y no hay obra ni discurso que permitirá recuperar el poder adquisitivo de sus salarios. La “nivelación de precios” con los países vecinos podría justificarse sólo frente a una “nivelación de ingresos”, visto que como se ve en la tabla el salario boliviano es el más bajo de la región
Movilizarse retomando la Agenda de Octubre
Por estas razones al momento en que escribimos crecen las movilizaciones en el país. El ampliado nacional de emergencia de la COB está definiendo movilizaciones a partir del próximo lunes, mientras los mineros de Huanuni han parado por 24 horas anunciando que el lunes marcharían a La Paz reivindicando la derogación del DS 748. Los vecinos de El Alto exigen además la renuncia del Vicepresidente y del Ministro Arce.
Este aumento de precio es determinado por el sabotaje a la producción por parte de las multinacionales de las cuales – se dijo – era “radical” pedir la expulsión porque podían quedarse como socios del Estado. Este socio una vez más impone sus reglas en desmedro de las mayorías.
Todos los intentos de reglamentar la economía privada han provocado distorsiones en el mercado: la prohibición a las exportaciones ha ocasionado reconversión y abandono de la producción agrícola y desabastecimiento, la regulación de precios ha provocado el contrabando y la corrupción. La única forma de satisfacer las necesidades básicas del pueblo es expropiando bajo control obrero y campesino a los bancos, las multinacionales, fábricas, minas y latifundios.
Lo que peligra no es sólo la economía de los hogares bolivianos sino el mismo proceso de cambio y los objetivos de nuestra lucha. Esta lucha a brazo partido no es entre defensores de los contrabandistas y defensores del Estado, sino más bien es en defensa de los intereses del pueblo en contra de las multinacionales y el empresariado privado nacional que ven justamente en el aumento de precios de los combustibles una victoria del libre mercado. Por estas razones es necesario unir nuestra lucha en contra del Decreto Supremo 748 a la lucha más general para reencaminar el proceso de cambio hacia el socialismo retomando la Agenda de Octubre. La Central Obrera Boliviana debe organizar la lucha de los trabajadores llamándolos al paro de actividades y convocando a los campesinos y sectores populares a la movilización por:
-La abrogatoria del Decreto Supremo 748;
-Ni con las subvenciones que desangran al Estado ni con la fluctuación de precios que desangran al pueblo: completar las nacionalizaciones expulsando a las multinacionales para combatir el desabastecimiento de hidrocarburos y el saqueo de nuestros recursos;
-Conformar Comités de Lucha y Asambleas Populares para reencaminar desde las bases nuestro proceso de cambio rumbo al socialismo retomando la Agenda de Octubre.
O pagan las multinacionales y el empresariado nacional o paga el pueblo, entre estas opciones no hay tercera vía. En 2003 el pueblo ya decidió por la expulsión de multinacionales, por nacionalizar e industrializar todos nuestros recursos (hidrocarburos, minería, tierra, bancos privados y grandes fábricas). El gobierno debe ponerse sin vacilaciones en esta senda.
Posdata: este artículo fue escrito antes del discurso de Evo del miércoles 29 en que comprometió – entre otras cosas – un aumento del 20% a 4 sectores (Fuerzas Armadas, Policía, Salud y Magisterio) con el fin de ganar el apoyo de sectores institucionalmente fuertes y privilegiados (las FFAA) y otros particularmente críticos (Salud y Magisterio). Más allá del peso real que las medidas compensatorias comprometidas por Evo y el gobierno puedan lograr – al respecto ya pronunciaron sus dudas y condenas la organización indígena-campesina CONAMAQ y el magisterio paceño – queda el hecho que el DS 748 es una evidente victoria del sabotaje a la produción de las multinacionales.
Periódico El Militante - Bolivia
jueves, 30 de diciembre de 2010
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