Un reto al periodismo.

Hoy 12 de septiembre de 2012 se cumplen 14 años desde que “Los Cinco” fueron encarcelados en EEUU. En este artículo, Ricardo Alarcón de Quesada, Doctor en Filosofía y Letras, escritor y político cubano, analiza el caso de los 5 cubanos presos en EE.UU acusados de terrorismo y, principalmente, el papel que tuvieron los medios masivos de comunicación en su demonización y juzgamiento. Por Antiterroristas.cu

Por ANRED - C (redaccion@anred.org)

UN RETO AL PERIODISMO I

El Gobierno de Estados Unidos incurrió en flagrante violación de la Constitución y las leyes para asegurar las injustas condenas a los Cinco patriotas cubanos que pronto cumplirán 14 años de castigo arbitrario e ilegal. No fue un hecho aislado sino un empeño sistemático que abarcó todo el tiempo del proceso contra los Cinco y en el que invirtió muchos millones de dinero público. Acerca de su duración, las personas involucradas, el volumen de recursos utilizados y otros aspectos importantes de esta operación sólo se tiene una información muy parcial.
Comoquiera que esa conducta obligaría a las autoridades - tanto a los tribunales como al Ejecutivo - a disponer la inmediata liberación de nuestros compañeros, Washington ha conspirado también para ocultar lo que hizo, incurriendo en un delito adicional, el del encubrimiento.
Tal es la esencia del Afidávit (Declaración Jurada) que Martin Garbus, abogado de Gerardo Hernández Nordelo, acaba de presentar a Joan Lenard, jueza del Distrito Sur de la Florida. Es un texto que respalda su solicitud anterior en la que demandó la anulación de la condena de Gerardo o, como alternativa, que la jueza ordene el descubrimiento de todas las pruebas que el gobierno esconde y le conceda una audiencia oral.
Aunque hay muchas otras violaciones referidas en el proceso de apelación – ahora en su última, extraordinaria, etapa – este documento se concentra en la conjura del Gobierno con los medios locales de Miami para sancionar de antemano a los acusados y hacer imposible un juicio justo.
La sustancia de esa conspiración consistió en usar esos medios para desatar una campaña propagandística de odio y hostilidad sin precedentes. Emplearon para ello a un numeroso grupo de “periodistas”- en realidad agentes encubiertos del Gobierno- que publicaron artículos y comentarios repetidos día y noche hasta producir un auténtico vendaval desinformativo. Entre el 27 de noviembre de 2000 – día en que empezó el juicio – y el 8 de junio de 2001 – cuando fueron declarados culpables – sólo en The Miami Herald y El Nuevo Herald aparecieron 1111 artículos, un promedio de más de 5 por día. Algo semejante ocurrió con el Diario de Las Américas saturando completamente la prensa escrita.
Los “periodistas” cobraban de Radio y TV Martí, o sea, del presupuesto federal norteamericano. Dichos individuos hacían trabajos adicionales en esos dos medios y los diseminaban en el área de Miami donde ambas señales anticubanas tenían entonces y tienen todavía hoy difusión directa, por sí mismas, y son reproducidas además a través de medios locales (esta es otra violación de la ley norteamericana que prohíbe la propaganda oficial dentro del territorio estadounidense).
No se trata solamente de Radio y TV Martí y de los diarios impresos. Los llamados “periodistas” actuaron también en emisoras locales de radio y televisión, en español y en inglés, y usaron otras publicaciones, algunas gratuitas, que allá circulan.
Era imposible escapar a esa incesante propaganda en ningún rincón del sur de la Florida.
Pero la acción delictiva de los “periodistas”-y del gobierno que les pagaba- fue más allá de la propaganda. Durante el juicio la defensa denunció varias veces que buscaban influir sobre los miembros del jurado divulgando incluso materiales que la propia jueza había prohibido presentar, los cuales, obviamente, sólo pudo entregarles la Fiscalía.
Como si fuera poco, los “periodistas” se dedicaron, asimismo, a hostigar a los testigos y a los jurados. Éstos últimos se quejaron a la Jueza alegando que sentían temor, que eran perseguidos con cámaras y micrófonos, algo reconocido, varias veces, por la señora Lenard, quien pidió al gobierno, evidentemente sin éxito, la ayudase a evitar situaciones que manchaban la imagen del sistema judicial norteamericano. (Por ejemplo, Transcripción Oficial del juicio, páginas 22, 23, 111, 112, 625, 14644-14646).
En agosto de 2005 los tres jueces de la Corte de Apelaciones decidieron unánimemente declarar nulo el juicio de Miami porque se había realizado bajo lo que ellos describieron como “una tormenta perfecta de prejuicios y hostilidad” creada precisamente por los medios locales. Cuando dictaron el histórico fallo los tres jueces no sabían, no podían saberlo ellos ni nadie, que el responsable de esa “tormenta perfecta” era la Fiscalía que prevaricó abiertamente incumpliendo su obligación constitucional de preservar la legalidad y garantizar un juicio justo.
La primera noticia de la conspiración del Gobierno con sus “periodistas” pagados surgió un año después, en septiembre de 2006.Desde entonces el Gobierno ha resistido los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil norteamericana para que muestre el alcance de esos pagos y sus contratos en conformidad con la Ley de Libertad de Información (FOIA). La Fiscalía también se ha opuesto a la demanda incluida en las apelaciones extraordinarias de nuestros compatriotas y ha amenazado con recurrir a los “privilegios ejecutivos” y a razones de seguridad nacional para perpetuar el ocultamiento.
EL caso de los Cinco tiene una extraña relación con la prensa y la profesión periodística. En Miami los medios fueron un instrumento decisivo para condenarlos. Fuera de Miami los castigan con el silencio.
La irrefutable denuncia de Martin Garbus plantea un reto a los profesionales del periodismo. ¿La ocultarán otra vez haciéndose así cómplices de quienes mancillaron su noble oficio? ¿O tratarán de salvar la honra de su profesión reclamando que los farsantes sean desenmascarados y que la verdad y la justicia prevalezcan?

UN RETO AL PERIODISMO II

La gran ironía del caso de los Cinco parece ser su relación con los medios de comunicación.
En Miami el caso tuvo una cobertura desmesurada y los “periodistas” y medios locales fueron instrumentos claves para crear un ambiente de odio irracional que condicionaría un resultado preestablecido por el Gobierno. Los supuestos profesionales de la prensa distorsionaron los hechos, mintieron y fabricaron una imagen que mostraba a los acusados como amenazas inminentes para la comunidad. En su condición de asalariados encubiertos del Gobierno los tales “periodistas” cumplieron con lo que orientó quien les pagaba.
Coordinaron su actividad con la Fiscalía y con los grupos terroristas desde la fase de selección del jurado y lo hicieron especialmente para introducir, más de siete meses después del arresto, una nueva y totalmente inventada acusación de “conspiración para cometer asesinato”. Alrededor de esta infame calumnia giró la mayor parte del juicio y de la atención mediática. El jurado se vio asediado constantemente por entrevistas y conferencias de prensa de colegas y familiares de las víctimas, realizadas ante ellos a la entrada y a la salida del tribunal. Después volverían a encontrarlos en sus casas por la radio y la televisión. En sus propios hogares podían además verse a sí mismos perseguidos por cámaras y micrófonos cuando abandonaban la sede de la Corte.
Más allá de Miami el proceso de los Cinco no atrajo el interés de las grandes corporaciones de la información. Del caso no se habló en los despachos de las agencias cablegráficas, no apareció en las publicaciones impresas ni en la radio y la televisión fuera de la Florida. No encontró espacio una sola vez ni en los canales de televisión dedicados exclusivamente a los tribunales que transmiten veinticuatro horas diarias en Estados Unidos.
¿Cómo explicar ese desinterés? Era, entonces, el juicio más prolongado en la historia de Estados Unidos; en él comparecieron, como testigos, generales, coroneles y altos oficiales y expertos militares, un almirante y un asesor del Presidente de la República; desfilaron ante la Corte connotados terroristas, que se identificaron como tales, algunos ostentando indumentaria guerrera¸ se trataba de un pleito que implicaba las relaciones internacionales y cuestiones vinculadas, real o supuestamente, con la seguridad nacional y el terrorismo, tópicos predilectos de los grandes medios. Pero nadie dijo nada más allá de la prensa local, para el resto de la gente el juicio sencillamente no existió.
Ignoraron el tema fuera de Miami, aunque sus corresponsales y emisoras filiales en ese lugar lo reportaron todos los días y participaron con entusiasmo en el frenesí mediático que inundó la ciudad.
La férrea censura impuesta a este caso permitió la asombrosa impunidad con la que las autoridades protegieron a los terroristas y castigaron injusta y cruelmente a cinco hombres que los enfrentaron heroicamente, desarmados, sin emplear la violencia, sin hacer daño a nadie. La Fiscalía nunca escondió que ese era su propósito. Lo dijo con todas las letras, muchas veces, como consta en las actas del proceso, sin preocupación alguna porque confiaba en el riguroso silencio de los grandes medios, porque sabía que el público normalmente no lee las transcripciones oficiales ni asiste a las sesiones del tribunal y se entera de lo que allí ocurre por las versiones periodísticas. Los jurados, por su parte, veían cada día, durante más de medio año, cómo en la sala del tribunal los fiscales charlaban amistosamente con testigos que alardeaban de su militancia violenta y su trayectoria terrorista, escuchaban las encendidas arengas de unos y las amenazantes peroratas de los otros. Al regresar a casa con sus familias y sus vecinos, las mismas imágenes los acosaban. Eran rostros y voces conocidas.
Poco antes habían surgido por los mismos medios cuando secuestraron a un niño de seis años, Elián González, desafiaron al Gobierno federal y a sus jueces, crearon el caos en la ciudad y amenazaron con incendiarla. Recordaban que nadie fue castigado ni enviado ante ningún tribunal. Los jurados, habían sido testigos de aquella insólita impunidad y temían que se repitiese y se volviera ahora contra ellos si no entregaban el veredicto exigido por la turba y así lo habían confesado muchas veces cuando se les entrevistó durante el proceso de selección del jurado. Tenían miedo. Y el miedo aumentó después, según pasaban aquellos largos meses y crecía, cada vez más, cuando los “periodistas” los perseguían con sus luces y sus micrófonos. Muchas veces se quejaron y la Jueza les dio la razón. Pero todo siguió igual.
Los fiscales, por su parte, les repetían hasta el cansancio que ellos, los jurados, tenían una grave responsabilidad, de ellos dependía, nada más y nada menos, que la supervivencia de los Estados Unidos y de esa comunidad que los estaba mirando.
Tenían miedo y se sentían abandonados. Ni una sola voz se alzó en los medios locales para defenderlos y llamar al sosiego y la prudencia. Querían sobre todo terminar con aquel maldito juicio, regresar a casa y ser olvidados. Les tomó poco tiempo decidirse. El juicio más largo de la Historia concluyó con el veredicto más rápido. Pero eso, tampoco fue noticia.

UN RETO AL PERIODISMO III

Las peticiones de Habeas Corpus a favor de los Cinco cubanos condenados injustamente en Estados Unidos y especialmente la declaración jurada de Martin Garbus, abogado de Gerardo, tienen como foco central el papel desempeñado por “periodistas” que, pagados por el Gobierno norteamericano, crearon un ambiente de histeria y odio irracional que atemorizó al jurado hasta declararlos culpables pese a que la Fiscalía no presentó prueba alguna y, peor aún, reconoció que no podía sostener su principal acusación.
No se trata, sin embargo, de un enfrentamiento de los Cinco y sus defensores con el periodismo y los periodistas. Es más bien todo lo contrario. La operación montada en Miami por la Fiscalía, además de violar la Constitución y las reglas del debido proceso, fue también un insulto a un oficio que merece respeto. Fue un diario de Miami – The Miami Herald – quien primero reveló la existencia de esa operación secreta en la que participaron algunos de sus redactores a quienes, por cierto, despidió por lo que su editor consideró una violación de la ética periodística.
El autor de la revelación, Oscar Corral, pagó caro su apego a las normas de la profesión. En vez de recibir un premio por su labor investigativa fue objeto, según sus propias palabras, de “una campaña orquestada para intimidar, hostigar y silenciar. Fue un fuego artillero concentrado. Algunas amenazas fueron muy específicas y mencionaban a mi familia” lo cual hizo que sus editores los mudaran a vivir a un lugar seguro.
El periodismo verdadero fue también víctima de la prevaricación gubernamental
Pero ¿quiénes eran los “periodistas” pagados por el Gobierno y por qué fueron contratados para hacer lo que hicieron?.
Todos, sin excepción, eran miembros o estaban estrechamente vinculados a organizaciones que en Miami cultivan la violencia y el terrorismo y algunos son, ellos mismos, terroristas convictos y confesos; algunos habían ejercido funciones periodísticas con anterioridad y son capaces de redactar, más o menos, un par de cuartillas, otros no habrían pasado el examen de admisión a ninguna escuela de periodismo; todos tienen larga experiencia como provocadores y participan asiduamente en programas radiales y televisivos caracterizados por la procacidad y la estridencia en los que se aboga, sin tapujos, por el uso de la fuerza contra Cuba. Todos reunían las cualidades para ser contratados por Washington para el cumplimiento de una labor clandestina. En otras palabras, eran gente de confianza y por eso les encargaron el trabajo y les pagaron generosamente, pues, después de todo, no usaron el dinero de sus bolsillos sino el de los contribuyentes.
Todo se pagó con cargo a los presupuestos de radio y TV Martí, que son empresas del Gobierno, financiadas por el presupuesto federal que se nutre de los impuestos y otros aportes que hace el público, o sea, los ciudadanos y los residentes en Estados Unidos. Pero estos, quienes, sin saberlo, la pagaban, nada supieron de esta operación encubierta.
Por eso la declaración de Garbus destaca que estamos ante un asunto de importancia excepcional. Ante todo para los Cinco compatriotas que pronto cumplirán catorce años privados de su libertad. Pero es importante también, y mucho, para quienes no están encarcelados.
Lo es, especialmente, para los periodistas verdaderos, sin comillas, los que ejercen honestamente una profesión que otros prostituyeron y la convirtieron en instrumento para secuestrar a cinco inocentes.
Al final de su declaración Garbus menciona al Fiscal General de Estados Unidos: “El Fiscal General Eric Holder Jr. no fue responsable por este caso cuando comenzó. Pero lo es ahora.”
Los profesionales del periodismo y los medios de prensa más allá de Miami no fueron responsables de este crimen cuando se produjo. Pero ahora que ya saben lo que ocurrió no pueden evadir su responsabilidad. El silencio ahora sería complicidad.

Ricardo Alarcón de Quesada (Doctor en Filosofía y Letras, escritor y político cubano. Desde 1993 preside la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (Parlamento cubano)

Fuente: http://www.antiterroristas.cu