El lunes 10 de septiembre, una movilización de 10.000 trabajadores -quienes ocupaban dos kilómetros y medio de los dos carriles de una autovía- recorrió los pozos de la mina de platino de la empresa británica Lonmin en Marikana -el lugar de la masacre en la que 34 mineros fueron asesinados y otros 73 heridos por disparos de la policía, el 16 de agosto. Rodeados por efectivos antidisturbios fuertemente armados -y, en gran parte, blancos- muchos de los mineros iban armados con palos, machetes y lanzas. La imagen que recoge la foto es imponente. Los cantos más escuchado, según el cronista, fue “el hombre blanco está temblando”, “los policías que nos dispararon están temblando”.
La movilización era un inmenso piquete móvil contra los rompehuelgas organizados por la empresa -“estamos buscando a los mineros que han ido a trabajar, si los encontramos los tenemos que matar”, sinterizó un minero negro de 23 años. La huelga se inició el 9 de agosto y tuvo su centro en Marikana, donde los mineros (a partir de la iniciativa de los perforadores de roca, su sector más explotado) exigieron llevar el salario de 4.000 rands (482 dólares) por mes a 12.500 (1.506).
El gigantesco piquete no fue un hecho aislado. Las huelgas y protestas se están extendiendo a otras minas -entre ellas las de oro, consideradas estratégicas. El mismo lunes 10, unos 15.000 trabajadores de una mina de oro de la compañía Sudafricana Gold Fields -la cuarta productora a nivel mundial- se declararon en huelga con piquetes. Trabajadores de la parte occidental de la mina KDC reprodujeron, en escala mayor, la huelga de sus compañeros de la parte oriental a fines de agosto. Exigen el cese en sus funciones de los representantes del sindicato oficialista Unión Nacional de Trabajadores de las Minas (NUM, en inglés), comprometidos con la masacre de Marikana, así como un salario mensual mínimo también de 12.500 rands.
En ambos casos, la Comisión de Conciliación, Mediación y Arbitraje (CCMA), un instrumento antihuelgas del Estado que tiene su origen en el régimen del apartheid, exige que los mineros deben volver a trabajar antes de cualquier negociación. Las huelgas tienen el impulso y el respaldo de la Asociación de Trabajadores de las minas y de la Construcción (AMCU, en inglés), un sindicato creado en 1998 por varios dirigentes y activistas del sindicato minero burocratizado.
Los 113 conflictos sindicales desde julio del 2012, había sacado a luz la descomposición del movimiento nacionalista negro (Congreso Nacional Africano, CNA) que relevó al estado del apartheid. Así como Ramaphosa, uno de los líderes del CNA, se convirtió en multimillonario y miembro del consejo de administración de Lonmin (la empresa británica dueña de Marikana), Khulubuse Zuma, sobrino del actual presidente; y Zondwa Mandela, nieto del histórico Nelson Mandela, acaban de ser expulsados como contratistas de la mina de oro Aurora, por no pagar a los trabajadores y enriquecerse mediante la venta de activos de la mina.
Las huelgas tienen un respaldo inmenso en las capas más humildes de la población. A pesar de los índices de crecimiento económico de Sudáfrica, la esperanza de vida pasó de 61 años en 1994 (fin del apartheid) a 52 en 2010. Sudáfrica tiene el mayor coeficiente de desigualdad económica del mundo.
A pesar de que las huelgas están “fuera de la ley”, el gobierno ha debido dar marcha atrás en la pretensión de enjuiciar a 270 mineros detenidos luego de la masacre policial.
Para un investigador social, se ha llegado a un punto límite: “Si el gobierno no trata todos estos problemas, nos podremos estar dirigiendo hacia algún tipo de revolución como las de la Primavera Arabe, y puede que ya no estemos demasiado lejos” (Johan Burger, Pretoria, Institute for Security Studies).
Christian Rath
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