El Estado hondureño despliega un marco jurídico que permite la impunidad de las empresas mineras que llegan al país para saquear los recursos naturales.
Un millón y medio de hectáreas de tierras fueron concesionadas para proyectos extractivos en Honduras, beneficiando a empresas transnacionales mineras que con sus operaciones no solamente saquean los recursos naturales de la nación, sino que afectan gravemente la salud de las poblaciones.
Actualmente hay unos 530 proyectos mineros aprobados, otros que están en espera y que en total sumarían alrededor de 830 en todo el país.
La consulta a las comunidades está anulada, se engavetan expedientes de denuncias de asesinatos, amenazas y otras formas de represión contra líderes y lideresas ambientales que han decidido apostar a defender sus territorios.
Así lo denunció Pedro Landa, coordinador del Programa de Derechos Humanos y Medioambiente del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEPRODEC) y coordinador de la Coalición Nacional de Redes Ambientales contra la Minería a Cielo Abierto en Honduras.
Landa ha sido objeto de múltiples amenazas, persecución y atentados contra su vida por oponerse a este modelo de despojo en el país, modelo que controla a autoridades, operadores de justicia y políticos que legislan a favor de las transnacionales de la minería.
En el 2000 se instaló en Honduras la minera “Entre Mares”, en la zona del Valle de Siria. En poco tiempo, los estragos ambientales y en la salud de la población no se hicieron esperar. Un análisis médico determinó que las personas en más del 47 por ciento tienen metales pesados en sus cuerpos, situación que es de pleno conocimiento por parte del Estado hondureño. Las autoridades del país han ocultado la información con el fin de no alterar el negocio de entrega del territorio a las mineras, con lo que se violentó el Pacto de los Derechos Económicos Sociales y Culturales por lo menos en siete artículos, aseguró Landa.
La minería es una amenaza regional, es la nueva estrategia de control territorial de los grandes países del norte, que atraviesan la escasez de estos recursos. Razón por la cual no les importan los derechos humanos y las decisiones de las comunidades, y para llevar a cabo sus propósitos contratan mercenarios y aplican estrategias políticas con el fin de que los recursos naturales de países empobrecidos como Honduras, se conviertan en un negocio.
Ante la falta de justicia dentro de la nación, los ambientalistas se han enlistado en foros y coaliciones internacionales para hacer alianzas continentales en contra de este flagelo que empobrece más a los habitantes.
Hay más de 230 proyectos mineros y minería metálica aprobados, más de 300 de minería no metálica también aprobados. En estos últimos se trata de concesiones de 98 por ciento de óxido de hierro que el Estado de Honduras negocia hace más de un año con China. El objetivo es que la potencia asiática entregue anticipadamente los impuestos que pagaría.
A un año de haberse aprobado una nueva Ley de minería, hay unos 16 proyectos de ese tipo que están generando conflicto en las zonas centro-norte, y atlántico del país.
De aprobarse todas las concesiones mineras habrían más de 830 proyectos mineros que representan más de un millón y medio de hectáreas, un 20% del territorio nacional.
Al consultarle a Landa por qué existe tanto interés de las mineras en Honduras, explicó que es debido a que el Estado les brinda grandes beneficios y tienen contratos leoninos por muchos años.
Para lograr establecerse, las compañías extranjeras, a través de grupos paramilitares, cometen asesinatos de líderes y el Estado no ha actuado en contra de los responsables de esas muertes.
“La minería está protegida por el Estado, hay seguridad jurídica, re- militarización de los territorios”, denunció el entrevistado.
Con el consumo desmesurado de los recursos naturales -en un tiempo de escasez de minerales en el mundo-, permite que las potencias que dependen de la industria lleguen a América Latina con un nuevo plan de conquista para quedarse con todo este mineral. Esto es considerado como un asunto de seguridad nacional para las grandes potencias que tienen a “socios” locales muy comprometidos con ellos.
Por su parte, los gobiernos locales ven la posibilidad de tener dinero a corto plazo para continuar con el saqueo de las arcas públicas.
En Honduras hay al menos 15 leyes aprobadas para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones transnacionales, que avalan la impunidad de éstas cuando cometen delitos, salvaguardan las grandes ganancias y permiten la persecución contra las comunidades que se oponen al despojo.
Landa recordó que una de las leyes aprobadas, con el objetivo de reducir la tasa de seguridad e invocando la lucha contra la delincuencia, en realidad convierte al ejército y a la policía en socios de las empresas mineras. Un ejemplo es que el 2% de los impuestos de estas empresas están destinados para la tasa de seguridad.
El coordinador del CEPRODEC agregó que esta situación es peligrosa porque “estos dos actores que deben dar seguridad, tienen interés en las operaciones de las mineras y en contra de las poblaciones, por eso cualquier movimiento generado en las poblaciones es perseguido”.
Mientras la impunidad se colude con la corrupción de funcionarios estatales, operadores de justicia como el Ministerio Público se burlan de las víctimas. En el lejano caso de que una denuncia sea procesada y llegue hasta la audiencia inicial, aunque existan pruebas, a los responsables se les aplicarán criterios de oportunidad para que no vayan a prisión.
Dina Meza
Periodista y defensora de derechos humanos de Honduras.
Premio Libertad de Expresión 2014 - Pen Internacional/Oxfam Novib
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