Las nuevas cifras de desempleo en España -seis millones de personas- demuestran que la crisis está lejos de esfumarse. Aunque el gobierno de Rajoy intente dibujar un repunte en la economía, la desocupación y la pobreza siguen asolando a la nación ibérica.
Los recientes índices difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de España muestran la profundidad de la crisis que vive el país desde hace siete años. Aunque el gobierno del presidente Mariano Rajoy trató de justificar que la nación europea se encuentra saliendo de la debacle, la desocupación sigue asolando a casi seis millones de ciudadanos. Como sucedió al comienzo de la crisis, bajo la administración del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Ejecutivo comandado por el Partido Popular (PP) sólo ha aplicado medidas dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir el déficit fiscal, pese a que esas directivas golpeen directamente a los españoles y las españolas.
La última Encuesta de Población Activa (EPA), publicada el lunes por el INE, confirmó que se volvieron a destruir puestos de trabajo en el primer trimestre de 2014, aunque con menor intensidad. De esta forma, la tasa de desempleo alcanzó el 25,93%, aumentando dos décimas y dejando en la calle a 5.933.300 de personas.
El informe reveló que en los tres primeros meses de 2014 se perdieron 184.600 empleos y en un año, 79.600. Aunque se trate del menor descenso en un primer trimestre del año desde 2008, las cifras demuestran un sostenido retroceso en la economía española. El INE señaló que existen 2.300 desocupados menos, pero este descenso no es producto de que las personas hayan ingresado al mercado laboral, sino porque hay menos ciudadanos y ciudadanas buscando trabajo, debido a que han perdido las esperanzas o se han desplazado al exterior.
Las nuevas cifras difundidas por el INE también contrastan con las estimaciones oficiales. El Banco de España indicó la semana pasada que esperaban un retroceso del empleo de 0,3% entre enero y marzo, pero la caída real fue de 1,8%. El gobierno de Rajoy había anunciado un crecimiento neto de empleo en los primeros meses del año, algo que ayer quedó desarticulado tras el anuncio del INE.
A la situación general laboral se le debe sumar que la tasa de desempleo entre los jóvenes menores de 25 años aumentó hasta 55,48%, siendo el sector más golpeado por la crisis, profundizada por las medidas restrictivas aplicadas por la administración española. Otro punto anunciado por el INE es que el número de hogares en el que todos sus miembros se encuentran desocupados roza los dos millones, ya que en los primeros tres meses del año 53.100 familias se sumaron a esta situación.
Ante este panorama, el gobierno español intentó calmar las aguas y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, destacó que los datos de la EPA son “esperanzadores” y permiten afirmar que “estamos saliendo de la crisis”. Montoro remarcó como logro que en el primer trimestre sólo 2.300 personas quedaron sin empleo. “Vemos que se ha reducido el número de parados (desocupados) en relación a hace un año, cifras que se reafirmarán en los datos de paro (desocupación) y en la recaudación del mes de abril”, argumentó el funcionario.
A la dura situación del desempleo en España se le suma la pobreza que atraviesa a la sociedad. A mediados de abril, la organización Save the Children presentó el informe “Pobreza infantil y exclusión social en Europa: una cuestión de derechos”, en el cual confirmó que el Estado español es el segundo en Europa con menor capacidad para reducir la pobreza infantil a través de las ayudas sociales. Dos semanas antes de conocido este informe, Cáritas había alertado que España era la nación con más porcentaje de niños sin recursos. Save the Children advirtió que uno de cada tres niños españoles está en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social.
La ONU alerta
Al mismo tiempo que se conocían las cifras del desempleo en España, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Magdalena Sepúlveda, instó a la administración de Rajoy a garantizar la inclusión social, principalmente en el sector de la salud. “Ha llegado la hora de que el Gobierno de España cambie de rumbo, y muestre un auténtico compromiso con la protección de los derechos humanos para todos”, afirmó la funcionaria en un comunicado. La representante de Naciones Unidas demandó al gobierno de Madrid que garantice el acceso universal a la salud y que deje de justificar sus recortes de presupuesto en la atención sanitaria. “España tiene obligaciones en materia de asistencia médica, incluidas para con los migrantes, independientemente de su situación jurídica”, aseveró.
En noviembre pasado, Sepúlveda expresó en una carta enviada al Ejecutivo español sus preocupaciones por la decisión de reducir el acceso al sistema de salud pública. La administración de Rajoy, en el marco de las medidas dictadas por el FMI, restringió la atención médica gratuita para los inmigrantes indocumentados, por lo cual recibió críticas del Comité Europeo de Derechos Sociales y de funcionarios y órganos de la ONU. “La falta de acceso de los migrantes a la atención primaria no es sólo cuestionable desde una perspectiva de derechos humanos, sino también poco efectiva para reducir costes a largo plazo”, recalcó Sepúlveda. La representante de Naciones Unidas estimó que “amenazar el derecho a la salud y a la integridad física tiene un enorme coste humano. Estas medidas son contrarias a las normas de derechos humanos”.
Leandro Albani
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