Estados Unidos, Estado policial

La CIA espía, incluso a congresistas. Secuestros y torturas en bases norteamericanas y europeas. Periodista preso por informar sobre los vínculos de la agencia Stratford con la CIA. Detenciones sin intervención judicial.

El presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, busca que los gobiernos latinoamericanos asilen a los prisioneros de la base militar norteamericana de Guantánamo, en Cuba, detenidos desde los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. En el discurso del Estado de la Unión, prometió que la base sería desmantelada para el año 2014. La preocupación era evitar que los presidiarios fueran juzgados en tribunales públicos norteamericanos y dejar al desnudo el programa sistemático de torturas diseñado por la Central de Inteligencia Norteamericana (CIA). Las revelaciones tendrían un impacto que minimizaría el que tuvieron las prácticas de torturas en la cárcel de Abu Greib, Irak. El gobierno de José Mujica decidió asilar, a pedido de Obama, a cinco detenidos en Uruguay.
Mientras Obama buscaba esta salida, la senadora Dianne Feinstein denunciaba ante el Senado que la CIA espió a la Comisión de Investigación de Inteligencia (SSCI) de la Cámara, la encargada de controlar y determinar el presupuesto de la CIA. Este hecho de espionaje en el Congreso no tiene antecedentes en la historia de los Estados Unidos, ni siquiera en el caso Watergate o el caso Irán-Contras. Los documentos secretos del Senado y las Comisiones constituyen la garantía constitucional de supervisión del accionar de la Agencia y otros organismos del Poder Ejecutivo. La Comisión que preside Feinstein obtuvo, por error de la CIA, un documento conocido como informe Panetta, que revela la dimensión de los secuestros internacionales y torturas ilegales en bases norteamericanas y europeas. El informe del Senado indica inclusive que las torturas comenzaron antes de que el Programa fuera formalmente aprobado en 2012. Para el director de la CIA, la cuestión no tiene un alcance constitucional o moral, sino que debería juzgarse en términos de efectividad para conseguir información.
La rencilla al interior del Estado desnuda, en realidad, un principio de desintegración del orden constitucional norteamericano. El periodista investigador Barret Brown, colaborador de The Guardian y Vannity, reveló las relaciones entre el sitio internet Stratfor y la CIA al filtrar correos de la compañía en Internet. Las operaciones de los servicios de inteligencia son llevadas adelante por miles de empresas, a partir del boom del negocio de seguridad que habilitaron las leyes antiterroristas. Hoy, el periodista se encuentra preso con acusaciones que llevarían su pena a 105 años de prisión. Su abogado Ahmed Ghappour explica el caso: “el problema es que haya empresas haciendo un trabajo de inteligencia muy sensible para el gobierno. De ello se desprende que los enemigos de las empresas son también los suyos y les interesa silenciar o enjuiciar a los periodistas que las investiguen”.
El programa de la CIA pudo ejecutarse en forma amplia y sistemática con la promulgación de las leyes “antiterroristas”. Se fue creando así una estructura paralela a la Constitución, con tribunales secretos, jueces secretos y una interpretación secreta de las leyes, como explicó Snowden en una teleconferencia en el programa TEDx. La ley madre es el Patriotic Act, promulgado por el presidente Bush y extendido hasta ahora por Obama. Entre otras violaciones a las libertades civiles, habilitó a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) a recolectar la totalidad de las comunicaciones de los norteamericanos, realizar detenciones por la policía y el ejército sin mediación de la Justicia. Desde los atentados a las Torres Gemelas, los defensores de las libertades civiles han ido presos, se han exiliado o se han suicidado.
Estados Unidos aplica las reglas de un estado de excepción de facto (como se llama a la suspensión de las garantías constitucionales). Es lo que han denunciado los defensores de las libertades civiles en Estados Unidos y Gran Bretaña. Entre los denunciantes (“whistlblowers”) se destaca el soldado analista de inteligencia Bradley Manning, quien filtró un video que muestra el asesinato de periodistas en Irak por el ejército norteamericano. Manning, hoy con una condena a perpetua, entregó 200 mil cables del ejército a Wikileaks. El ex contratista de la CIA en la NSA, Edward Snowden, filtró 1 millón 700 mil documentos que revelan el espionaje a gobiernos y civiles de todo el mundo, pero ha tenido que exiliarse en Rusia. El periodista Glenn Greenwald, que recibió los documentos de Snowden, se encuentra literalmente exiliado en Brasil por temor a ser detenido en Estados Unidos o Gran Bretaña bajo los términos de la ley antiterrorista.
El doble estandar judicial se refleja en la política exterior, cada vez más determinada por la preocupación por “detectar” el terrorismo. De aquí el peso que ha adquirido el espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), que opera con las empresas de seguridad privada tercerizadas y la CIA. El programa de Drones, una operación de espionaje, es predicado por la necesidad de minimizar las bajas de soldados norteamericanos y disminuir el gasto público -al menos lo justificó así Obama en forma pública. La NSA graba la totalidad de las conversaciones dentro de país y es capaz de realizar un “rewind” de las grabaciones; es obvia la tendencia a operar con los métodos de un estado de excepción a escala internacional. El presidente Obama se retirará de la Casa Blanca con un Estado policial.
Apoyamos el reclamo internacional para restituir la libertad al militar y analista de inteligencia Bradley Manning, el periodista y programador Julian Assange, el periodista investigador Barret Brown, el ex contratista de la CIA, Edward Snowden.

Prensa Obrera