Los linchamientos en las grandes ciudades manifiestan un salto cualitativo de la campaña por “seguridad ciudadana” con elementos protofascistas, producto de la sistemática criminalización y estigmatización de los jóvenes pobres.
Pequeño delito y gran delito
Cristina se opuso a los linchamientos diciendo que “la venganza es el Estado de no Derecho”, convalidando así el Estado de derecho dado en el reciente fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº5 de La Matanza que absolvió a siete “honestos ciudadanos” por el linchamiento del joven morocho de 15 años Lucas Navarro en 2010. A la zaga, derechistas como Massa, Macri, De la Sota y la Iglesia hablan de la “ausencia del Estado” y la “liviandad de la Justicia”. Falso. Sin la concurrencia estatal es imposible el desarrollo impune del gran delito (narcotráfico, trata, piratería del asfalto, etc.), administrado por las mismas fuerzas de seguridad. La presencia determinada del Estado explica la criminalización de la pobreza con gendarmes y policías saturando los barrios más humildes para perseguir el “pequeño delito”, sometiendo a los jóvenes pobres al chantaje permanente. Según la CORREPI, durante la “década ganada”las fuerzas de seguridad asesinaron a 2.448 personas con el gatillo fácil y la tortura, en su mayoría jóvenes pobres entre 15 y 24 años. No es cierto que la Justicia sea una “puerta giratoria”: desde 2007 los presos pasaron de ser 52.457 a 62.263; un 75% del total no tiene condena; y 7 de cada 10 son jóvenes pobres entre 18 y 30 años, sin estudios primarios completos y detenidos por delitos menores.
Lo más cínico es que desde hace más de dos siglos los criminólogos afirman que las cárceles no sirven para la “reinserción social” sino que, por el contrario, de ellas salen verdaderos profesionales del delito.
Así, el “pequeño delito” justifica el fortalecimiento del poder represivo del Estado contra las clases subalternas, mientras garantiza el “gran delito” de los negocios ilegales que mueven miles de millones, lavados por los bancos con total impunidad.
La separación entre “ciudadanos” y “delincuentes” se apoya en el sentido común de las clases medias que, atemorizadas en el afán de conservar su pequeña propiedad (amenazada por la gran propiedad capitalista) apuntan a las franjas más plebeyas y pauperizadas. La “justicia por mano propia” exime a las clases acomodadas que delinquen con “guante blanco” sin objeción.
Inclusión y población sobrante
Tras el anuncio de las medidas reaccionarias de Scioli, algunas espadas kirchneristas como el cura Molina, titular de la SEDRONAR, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich y el vice gobernador Gabriel Mariotto se diferenciaron muy tímidamente declarando que “no hay seguridad sin inclusión social”. Es comprensible. Mientras los empresarios “la levantan con pala”, las políticas de inclusión mantienen al 30% de la población en la pobreza, más de 1,5 millón de jóvenes no estudian ni trabajan, la mayoría de los jubilados cobra la mínima y el 75% de los trabajadores no llega a $6.500. La “distribución equitativa de la riqueza”, un fraude.
El cuento de “la inclusión” omite que por las necesidades inherentes a la acumulación, el capitalismo es incapaz absorber toda la fuerza de trabajo disponible en el mercado para la producción de bienes y servicios. Así genera una población obrera sobrante (o ejercito industrial de reserva) que presiona sobre el salario y el empleo de la parte activa de la clase trabajadora. De esa sobrepoblación relativa una franja rota en el trabajo precario y otra es arrojada a la marginalidad y el delito, desclasándose en un lumpen proletariado empleado por la policía, los políticos patronales y la burocracia sindical para todo tipo de actividades criminales. Ante la hipocresía burguesa, Karl Marx describe la funcionalidad del delito para la reproducción del sistema capitalista, señalando irónicamente que “el delincuente produce toda la policía y la administración de justicia penal, esbirros jueces, verdugos, jurados”, y así “el crimen descarga el mercado de trabajo de una parte de la población sobrante, reduciendo así la competencia entre los trabajadores y poniendo coto hasta cierto punto a la baja del salario, y, al mismo tiempo, la lucha contra la delincuencia absorbe a otra parte de la población. Por esta razones, el delincuente… abre toda una perspectiva de ramas útiles de trabajo”.
La “inclusión social” fue la bandera del “progresismo” de los ‘90 contra la “exclusión social” que generaba las políticas neoliberales del gobierno de Menem, idea tributaria de un capitalismo “humanizado” , una utopía reaccionaria hoy reducida a la mera asistencia social con la miseria de la AUH y el plan Progresar. Sobre ese humus germina la marginalidad y el delito.
Un sistema criminal
El capitalismo es un sistema criminal basado en el robo del tiempo de trabajo no remunerado a los trabajadores (plusvalía) y apropiado compulsivamente por los dueños de los medios de producción. Desde su génesis el capitalismo está salpicado de sangre. Su fase de acumulación originaria en Europa se basó en la expropiación violenta de las tierras comunales y las herramientas de los campesinos libres, expulsándolos a los centros urbanos donde una parte se convirtió en proletariado de manufactura y otra mutó en vagabundos, mendigos y ladrones. Cientos de miles fueron ahorcados o arrojados a trabajos forzados al ser considerados “delincuentes” por una legislación sanguinaria. Análogamente, fueron saqueados el oro y la plata en América Latina mediante formas bestiales de explotación como la mita y el yanaconazgo, que exterminaron a los pueblos originarios. Y en el siglo XX las dos guerras mundiales dejaron 70 millones de muertos.
Sólo la clase trabajadora tiene la capacidad para superar este sistema criminal levantando una salida para los más desposeídos, imponiendo con la movilización revolucionaria un Estado de los trabajadores basado en la autoorganización de las masas, en la perspectiva de una sociedad sin explotadores ni explotados.
Demonizan a los pobres
Haciéndose eco de la estigmatización de los pobres como responsables de la “inseguridad”, Luis Barrionuevo definió a los jóvenes humildes como “potenciales asesinos”. El líder gastronómico es la correa de enlace de todos los partidos patronales que quieren separar a la clase trabajadora de las franjas más pobres, demonizándolas a partir de la descomposición social producida por la pobreza que transforma a un pequeño sector en el último eslabón del gran delito.
La clase obrera debe levantar un programa en defensa de los sectores más pauperizados, comenzando por exigir centros recreativos, becas, viandas dignas y boleto estudiantil para todos los jóvenes pobres. Hay que terminar con el trabajo precario y la desocupación con el pase a planta permanente y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados con un salario mínimo igual a la canasta familiar indexado según la inflación. Es necesario un plan de obras públicas para proveer vivienda digna, cloacas y todas las necesidades, financiado con un impuesto a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa. Hay que disolver la policía y las fuerzas de seguridad que constituyen la verdadera fuente de inseguridad de la población civil.
Miguel Raider
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