El extractivismo en América Latina se ha convertido en un dilema neurálgico para los gobiernos progresistas o populares. En esta entrevista, el docente e investigador Horacio Machado Araóz hace un recorrido por la legislación que da paso a este modelo hasta convertirse en una “alternativa” productiva.
Hablar de minería implica establecer una relación directa con la naturaleza y definir la matriz productiva de nuestras naciones, condicionada por los intereses de las grandes transnacionales y el Banco Mundial. Horacio Machado Araóz es especialista en el tema y docente en la Universidad argentina de Catamarca, una región atravesada por el extractivismo y por las luchas comunitarias de resistencia. Además es investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en Argentina (CONICET).
-Teniendo en cuenta que la minería a gran escala, en manos de las trasnacionales, obedece una política de los gobiernos latinoamericanos, ¿cómo se genera el proceso de conflictos socio-territoriales y la expropiación de las empresas multinacionales con relación a los territorios explotados?
-En realidad, la minería en la década de los 90 no es precisamente una política de los Estados latinoamericanos, sino que es una política gestada por orden de las grandes empresas multinacionales, que son las que controlan la minería en cada lugar, en convivencia y cooperación con el BM y las organizaciones mundiales de crédito. Son las transformaciones que el BM impuso en los noventa y que construyeron un marco normativo legal, ambiental y laboral, muy favorable para las empresas mineras transnacionales que generaron este auge de la minería transnacional a gran escala.
Nuestros Estados no tuvieron mucha participación en la construcción de ese marco institucional. El origen de este marco institucional es con la dictadura de (Augusto) Pinochet en Chile en 1974, con el decreto ley número 600 que dicta sobre las intervenciones extranjeras y después otras transformaciones que va haciendo Pinochet. Éstas se toman como modelo y se aplican a las reformas mineras que se fueron haciendo en todos nuestros países. En el Perú se realizó la legislación minera en 1991; en Bolivia 1992; en México también en 1992 y así a lo largo de América Latina.
Lo cierto es que esta legislación está pensada a imagen y semejanza de los intereses de las grandes empresas. Y las comunidades donde se asientan, no han sido ni consultadas ni mucho menos tenidas en cuenta, por eso es que hay una fuerte conflictividad territorial a partir de este avance de la mega-minería. Los estados aparecen como socios de las transnacionales supuestamente porque la minería favorece el desarrollo del país y aumenta las importaciones, los ingresos fiscales de los estados, etcétera. Pero está visto que el modelo minero no es un modelo sustentable de desarrollo. Produce más desplazamiento de empleos que los empleos que crea, desplaza las economías locales en vez de generar alternativas económicas, entonces ese es el motivo fundamental de la conflictividad.
-¿Existen diferenciaciones con la política de explotación minera en el caso de los países denominados como gobiernos progresistas, casos concretos Argentina y Ecuador, frente a gobiernos abiertamente neoliberales como el colombiano?
-Puede haber diferencia de matices, de formas, pero honestamente esa política extractivista ha tranversalizado a gobiernos que se dicen de derecha y a gobiernos que se denominan de izquierda o de centro-izquierda. Cuando hablamos de Argentina y de Ecuador particularmente, no hablamos de gobiernos alternativos. Me gustaría más hablar de gobiernos progresistas, es decir, que caen en una ideología occidentalocéntrica, colonial de progreso, de desarrollo y entonces ven la necesidad explotar los recursos naturales como forma de impulsar el desarrollo. Todas estas palabras son problemáticas: la asociación de desarrollo con la explotación, la idea de los bienes comunes de la naturaleza como recursos naturales, etcétera. Esto forma parte de la conflictividad, como en Ecuador que se habla de los derechos de la Madre Tierra, de la Pachamama, pero simplemente ven a la montaña como recursos naturales. Entonces el presidente Rafael Correa no ha tenido ningún tipo de problema en intensificar o impulsar una nueva ley minera que incluso se dice que es anticonstitucional, porque va en contra de los principios de la Constitución de Montecristi (aprobada en 2008).
Es lo que tenemos, estos gobiernos a pesar de que se dicen alternativos, progresistas y en nombre del progreso, como ha pasado otras veces en América Latina, asumen una mirada sacrificial. Sacrifican el territorio en aras de ese desarrollo nacional y sacrifican también los derechos de las poblaciones que se oponen a esta política extractivista. Estas políticas extractivistas implican vulneración de derechos en muchos sentidos: de los derechos básicos, a un ambiente sano, a las fuentes de agua, a los medios, al suelo, al aire, a una economía local, pero también a los derechos civiles y políticos, porque hay represiones, persecuciones. En el caso de Argentina hay plebiscitos que han sido pedidos por poblaciones, pero que paradójicamente en nombre de la democracia y la Constitución se han prohibido. Entonces discutir con democracias que han prohibido plebiscitos, quiere decir son democracias bastante dudosas.
-¿Cómo es el proceso de la minería en el suelo urbano, existen diferencias con respecto a las zonas rurales? ¿Cómo se genera el proceso de transformación socio- ambiental?
-La verdad es que la minería que se está realizando ahora, que se llama minería a gran escala, no hace mucha diferencia entre la zona urbana y la zona rural. El proceso es altamente destructivo precisamente porque son yacimientos que no tienen alta concentración real de mineral y el mineral está diseminado en grandes extensiones territoriales. Estamos hablando de que una explotación minera está sacando 0,3 gramos por cada 4 toneladas de montañas.
Antes el oro estaba concentrado en una beta, entonces el minero tradicional hacia un hueco en la montaña y sacaba un pedazo de oro. Eso ya no existe más, el oro está diseminado en partículas muy pequeñas, y eso hace necesario este tipo de tecnología extractiva que es la minería a gran escala, que produce voladuras.
Se tiene que despejar todo el área, se ponen miles de kilos de explosivos que vuelan la montaña o la zona de extracción, después grandes maquinarias los pasan por molinos para hacer la molienda de esa roca y luego se pasa por un proceso hidro-químico porque tiene que ser lixibiado.
Para la lixibiación se utilizan químicos y otras sustancias que son muy tóxicas, se usa el cianuro y el mercurio en el caso del oro, el ácido sulfúrico en el caso del cobre para separar el cobre y el oro del resto de los minerales y del metal. Eso implica enormes cantidades de energía y enormes cantidades de agua y en general de grandes superficies territoriales que van a ser intervenidas, transformadas en su geoforma. Y pasa tanto en las zonas rurales como en las urbanas.
En las zonas urbanas en incompatible con la vida, los pueblos tienen que ser desplazados y se restituyen en otras locaciones, y esto produce una gran cantidad de resistencia. En las zonas rurales, la minería de este tipo generalmente se hace en zonas de montañas que son las nacientes de los ríos y las cuencas que van a afectar las otras formas de actividad: la agricultura, la ganadería, incluso ponen en riesgo el agua para el consumo humano.
En lo urbano es directamente incompatible. En el caso de la provincia de Catamarca, el departamento de Andagalá generó un levantamiento muy fuerte en un pueblo que tiene una población de más o menos 12 mil habitantes, que descubrió que había pedimentos mineros en sus propios barrios. Cuando la gente descubrió que el Estado tenía planes para desplazar eventualmente a la población y explotar el suelo donde habían vivido históricamente, ese hecho produjo un levantamiento. Otro de los desplazamientos más importante se generaron en el cerro de Pasco en Perú en el año de 1950, una de las primeras explotaciones mineras a cielo abierto.
El cerro de Pasco es una ciudad colonial con una mina que ya había sido explotada en la época de la colonia hispánica. Fue una mina que creció tanto, hasta el punto en el que se afectó el casco urbano y se destruyeron esos centros con una riqueza patrimonial histórica. Esto no importa mucho, pues lo más relevante es favorecer a las grandes empresas. Es lo que manifiesta el secretario de minería de la provincia de Catamarca en le caso de Andalgalá: “Si el proyecto minero va hacer rentable y si va a generar tanta riqueza que va a poder financiar el reasentamiento del pueblo, se va hacer”. A estos niveles hemos llegado.
Colombia Informa
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