En los últimos diez años Uruguay ha procesado transformaciones productivas y sociales que plantean situaciones muy poco frecuentes en la historia del país. En este artículo se reflexiona acerca de hacia dónde va el Uruguay del silgo XXI.
Crecimiento económico sostenido, niveles bajos de desempleo, la aplicación de políticas sociales compensatorias acompañadas de una concentración muy fuerte de la estructura productiva, una gran dependencia de la inversión extranjera son alguno de los elementos de este proceso de cambio. Sin embargo las interpretaciones de estos procesos son contradictorias. En el campo popular, el abanico de interpretaciones va desde quienes ven en este proceso una continuidad del neoliberalismo hasta quienes lo consideran una etapa necesaria en la transición hacia el socialismo.
Compartimos a continuación un resumen de un artículo más extenso, realizado por un grupo de colaboradores de Zur(1), en el cual se sostiene que este proceso no modificó sino que agudizó dos problemas estructurales centrales: la desigualdad y la dependencia.
En estos últimos diez años se produjo la profundización de un régimen de acumulación favorable al capital transnacional que no alteró en lo sustancial el modo de regulación económica forjado durante el período neoliberal, a la vez que estableció un nuevo modo de regulación social basado en el incremento de derechos y en políticas sociales compensatorias.
Las políticas económicas implementadas desde 2005 en Uruguay no modificaron, sino más bien continuaron y profundizaron, el régimen de acumulación forjado durante el período neoliberal, orientado a dinamizar el crecimiento económico en base a la inversión extranjera directa (IED). En particular no se modificó la orientación general de las políticas macroeconómicas ni se sustituyó el andamiaje legislativo que montó el neoliberalismo.
Los criterios centrales de la política macroeconómica, orientada a generar un “clima de inversiones” amigable para los capitales transnacionales, han sido: la contención de la inflación, un tipo de cambio flexible, la reducción del déficit fiscal a partir de la simplificación del sistema tributario y la reducción de la evasión impositiva. Las principales diferencias con respecto a gestiones anteriores se han relacionado con el énfasis en la reducción del desempleo y con una gestión del endeudamiento externo que buscó su reducción con respecto al PBI y su reestructuración en el mediano y largo plazo.
En el andamiaje jurídico utilizado para la promoción de este modelo de desarrollo encontramos otra de las continuidades con el neoliberalismo: en este período no se eliminó ninguna de las leyes señeras del período neoliberal sino que incluso se han promovido nuevas leyes que sostienen el régimen de acumulación. Algunas de las principales leyes que provienen del período anterior son la Ley Forestal (1987), la Ley de Zonas Francas (1987), la Ley de Puertos (1992), la Ley de Promoción y Protección de Inversiones (1998), La Ley de Marco Regulatorio de la Energía (1997) y La Ley de Seguridad Social (AFAPS, 1995). Por otra parte, las nuevas leyes que se han introducido en este período son: la ley que redujo el impuesto a las ganancias (con la reforma tributaria de 2007), la Ley de Participación Público Privada, la Ley de Puerto de Aguas Profundas para Rocha y la Ley de Minería de Gran Porte (o ley Aratirí).
La ruptura más significativa con el neoliberalismo la encontramos en el modo de regulación social: derechos sociales y políticas públicas compensatorias. En este plano podemos encontrar la reinstalación de los consejos de salario -con un nuevo marco para la negociación colectiva- y leyes como la de trabajo doméstico, la ley de ocho horas del trabajo rural, y la reciente Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. Estos son algunos de los claros avances en la regulación de la relación capital-trabajo a favor de los históricamente desprotegidos. Es necesario sumar a lo anterior la creación del Ministerio de Desarrollo Social, y sus programas sociales de transferencias directas a la población en situación de riesgo, y las políticas de promoción de cooperativas sociales, por citar algunos ejemplos.
En el plano económico se ha consolidado una economía con clara orientación agroexportadora, con intensos procesos de concentración y extranjerización de su aparato productivo, que tiende a perpetuar una inserción dependiente en la economía mundial. A su vez, no se han producido avances que supongan la reducción del espacio del mercado como ordenador de las relaciones económicas, el cuestionamiento de la propiedad privada, ni un mayor control popular de la economía. Por el contrario, aún en un contexto de mejora de la situación de amplios sectores de la población y de gran dinamismo económico, la tendencia ha sido a reproducir la desigualdad social, manteniendo casi inalterada la proporción de la riqueza que es apropiada por los sectores populares, y por tanto, su situación relativa con respecto al capital.
La domesticación de las expectativas sociales
Este proceso socioeconómico ha sido acompañado por la instalación de un consenso social en el cual -como ha planteado el sociólogo uruguayo Alfredo Falero- todas las expectativas de transformación social se han canalizado a través del Estado.
Mientras la resistencia al neoliberalismo estuvo marcada por el rechazo a la privatización de las empresas públicas a través del recurso de la recolección de firmas y la consulta popular, actualmente ese repertorio de acciones ha sido apropiado por la derecha para llevar adelante una agenda regresiva en términos de derechos humanos (repenalizar el aborto, bajar la edad de imputabilidad). En el plano de la conflictividad social, se puede decir que asistimos al fin del ciclo de luchas contra el neoliberalismo, abriendo paso al consenso liberal progresista (también en términos de Falero) que está impidiendo configurar, por el momento, un nuevo ciclo de lucha.
Los incipientes conflictos sociales de la actualidad se pueden analizar a la luz de la lógica dual de acumulación de capital: la reproducción ampliada y acumulación por desposesión. Los conflictos en torno a la reproducción ampliada, aquellos que cuestionan la extracción de plusvalía, han sido más esporádicos que estructurales, relacionados fundamentalmente con la mejora en la situación de los sectores populares y con la hegemonía relativa que mantiene el Frente Amplio sobre las principales organizaciones sociales.
En este eje de disputas el actor de los conflictos es el trabajador formal sindicalizado. Uno de los datos más fuertes del período ha sido la multiplicación por tres de la cantidad de trabajadores sindicalizados y el descenso relativo de la conflictividad sindical. Una de las lecturas posibles es que dentro de la agenda sindical la lógica institucionalizada (negociación en los consejos de salarios) ha absorbido la mayor parte de la actividad militante.
El otro eje de conflictividad, el de la acumulación por desposesión, ha presentado mayor dinamismo durante los últimos diez años. Una serie de conflictos sociales han puesto en el tapete la discusión en torno a la apertura de nuevas esferas de la economía para la valorización del capital. Desde el año 2005 se registraron movilizaciones en las que se reclamaba el cumplimiento de la reforma constitucional del agua de 2004 y contra la instalación de la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos. En ambos casos y por diferentes motivos, la visibilidad pública de estos reclamos se minimizó hasta su desaparición como problemas de la agenda pública.
Sin embargo, otros temas emergerían y se instalarían en la agenda. La minería a cielo abierto, con la instalación de Aratirí en la zona de Cerro Chato y Valentines, la instalación de un puerto de aguas profundas en la costa oceánica de Rocha y la ampliación del puerto de La Paloma para convertirlo en una terminal forestal, han propiciado debates públicos que atraviesan la agenda del neodesarrollismo y llaman la atención sobre algunas consecuencias de la acumulación por desposesión.
Otros conflictos se mantienen en general silenciosos, no logran irrumpir en la agenda pública, sin embargo existen y persisten. Uno de ellos tiene que ver con la lucha por el acceso a la tierra para los asalariados y productores familiares. La transformación en la estructura agraria que se ha procesado en nuestro país en los albores del nuevo siglo los ha excluido del acceso a este recurso fundamental, no solo para la producción sino también para su reproducción social. En el mismo sentido, podemos ubicar los episódicos reclamos y posicionamientos críticos contra el avance del agronegocio forestal y sojero que también han caracterizado este período.
Un elemento que se desprende del análisis precedente es la necesidad de cuestionar la afirmación de que vivimos una etapa necesaria en el tránsito hacia el socialismo. La noción fetichizada del desarrollo de las fuerzas productivas proviene de concebir este concepto como hermanado al desarrollo capitalista. Se suele concluir que si el capitalismo no agotó sus fuerzas creativas (o destructivas) no habrá nueva sociedad y no se concibe como desafío la construcción en su interior del conocimiento, los medios técnicos y la capacidad humana para construir las bases materiales de una sociedad centrada en la vida humana.
Esta noción genera en concreto la idea de que el avance del agronegocio, la megaminería a cielo abierto y otros mega emprendimientos en manos del capital son una etapa necesaria y favorable a los intereses populares. Es propio de la moralización de las nociones de modernización y progreso como aspectos buenos en sí mismos. Esta concepción ve en el capitalismo el mejor ordenador de una economía que llegado el momento podremos socializar, sin trastocar sus bases tecnológicas. En la etapa que transcurre hay que crecer económicamente y educar al pueblo, ya que la etapa socialista ocurrirá cuando las “fuerzas productivas maduren”… y caigan del árbol.
La disyuntiva para el movimiento popular uruguayo es que si asume como tarea militante sostener esta etapa no generará condiciones para consolidar otro modelo en disputa. Es imperioso entonces comprender las contradicciones fundamentales del modelo y sus problemas estructurales, criticando desde la raíz los clichés de la etapa y del desarrollo de las fuerzas productivas, para que el movimiento popular -cuyo imaginario aun sigue marcado por la necesidad de optar entre la restauración neoliberal y progresismo- pueda pasar a la ofensiva y recuperar protagonismo en el devenir social, político y económico del Uruguay, colocando como desafío histórico la necesidad de construir una sociedad de iguales. Porque en definitiva seguimos convencidos de que los hombres somos los protagonistas de la historia en condiciones que no elegimos.
Zur. Pueblo de voces, es un portal de noticias uruguayo que tiene entre sus objetivos analizar “el devenir de la sociedad uruguaya, con profunda vocación latinoamericana y crítica”. (www.zur.org.uy)
NOTAS:
(1) Seis tesis urgentes sobre el neodesarrollismo en Uruguay. Carlos Santos, Ignacio Narbondo, Gabriel Oyhantçabal y Ramón Gutiérrez. Contrapunto, Nº2, Extensión Universitaria-Centro de Formación Popular del Oeste de Montevideo, Montevideo, 2013 (ISSN: 2301-0282). Acceso: www.extension.edu.uy
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