El juez Marcelo Bailaque, a instancias del Fiscal Gonzalo Stara pidió que la investigación sea trasladada a Rosario “justo” cuando el Juez Oyarbide debía resolver sobre su indagatoria y prisión preventiva, de modo tal que no importa la resolución judicial del debate, la cuestión sea demorada largamente y acaso descartada para siempre.
En el año 2010, luego de un año entero de debates y actos públicos de esclarecimiento de la responsabilidad del Poder Económico en el Terrorismo de Estado, tres de los más prestigiosos y respetados dirigentes históricos del movimiento popular de Villa Constitución, Alberto Piccinini, Juan Actis y Carlos Sosa, que eran entonces respectivamente: ex secretario general de la UOM, secretario general en ejercicio de la UOM de Villa Constitución y secretario de la Central de los Trabajadores (unificada), acompañados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre presentamos una denuncia penal contra Isabel y su gobierno y Martínez de Hoz y todo el directorio de Acindar por el Operativo Conjunto (entre el gobierno nacional y la empresa) contra los trabajadores y el pueblo de Villa Constitución.
En setiembre de 2013, el Juez Oyarbide dictó una importante resolución donde dejaba constancia que “prima facie” se constataba el interés económico del Directorio de la empresa en el Terrorismo de Estado. Tal decisión es innovadora en el proceso de juicios contra el Genocidio y anticipaba grandes conquistas para quienes luchamos desde décadas por la Verdad, la Memoria y la Justicia. Desde entonces, numerosas victimas y testigos se unieron a los primeros testimonios de Piccinini, Actis y Sosa (todos ellos apresados por Isabel y Martínez de Hoz en 1975) junto a estudiosos como Carlos Del Frade y muchos otros, de modo tal que para fines de abril, en nuestra condición de querellantes, solicitamos la indagatoria y prisión preventiva de Isabel Martínez de Perón, ex presidenta de la Nación, del Gral. R.E. Alcides López Aufranc, director de Acindar tras el pase de Martínez de Hoz al gobierno de Videla, de Arturo Acevedo del grupo familiar fundador y propietario principal de la empresa por décadas y de Pedro Aznarez y Roberto Pellegrini, ejecutivos de la empresa en aquellos años, directamente integrados al mecanismo represivo. A principios del 2014, la Secretaria de derechos humanos de la Nación se sumó a la causa como querellante aportando importantes elementos de prueba. Todo se iba configurando para dar pasos importantes.
Pero “justo” cuando el Juez Oyarbide debe decidir sobre nuestra solicitud llega un pedido del Juez Marcelo Bailaque, quien a instancias del fiscal add hocc Gonzalo Stara, abren un debate de “inhibición” so pretexto de la jurisdicción judicial que debe llevar la investigación; “inhibicón” que será celebrada como corresponde por los acusados, dado el efecto de mora que tal pedido tendrá sobre la causa, cualquiera sea la opinión de unos u otros.
Los funcionarios del poder judicial rosarino, de un Poder que por casi cuarenta años garantizó la impunidad de Acindar, de Isabel y de todos los responsables del Operativo Represivo, pretenden ignorar las consecuencias funestas que dicha presentación tendrá sobre la causa en debate.
Como si no habláramos de Isabelita; como si no habláramos del Gral. Alcides López Aufranc; como si no habláramos del Directorio de Acindar y su enorme poder político y social.
En tiempo y forma presentaremos nuestros argumentos jurídicos que se basan en la prelación de la causa, en el territorio donde se consumó el acuerdo entre el directorio de Acindar y el gobierno de Isabel, en el testimonio de las víctimas que se presentaron y otros de larga justificación de los que estamos convencidos de su justeza pero esta no es una discusión sobre los criterios jurídicos para investigar los crímenes de Isabel y el directorio de Acindar, esta es una maniobra dilatoria que reportará enormes beneficios a los imputados.
En estos diez años de juicios por delitos de lesa humanidad, es la primera vez que nos pasa que habiendo iniciado en regla una causa judicial se pretende su nulidad ¡cuatro años más tarde!, y pretendiendo portar las banderas de la justicia.
Una vez más se pretende “ningunear” la historia de luchas de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que estaba en Villa Constitución antes del Operativo Represivo y que por medio del Dr. Adolfo Trumper aportó todo su saber y su experiencia histórica a la lucha de los trabajadores y el pueblo.
No creemos en las casualidades ni en los supuestos equívocos ingenuos.
Si Isabel y López Aufranc, si Acevedo, Aznarez y Pellegrini, sostienen la impunidad, la responsabilidad recaerá sobre quienes de un modo tan irresponsable se aferran al dogma jurídico y pretenden desconocer el curso de la lucha real por la memoria, la verdad y la justicia.
Nos pronunciamos para que el Juez Oyarbide ratifique la procendencia de la investigación judicial y dicte de una vez por todas la detencion preventiva y la indagatoria para Isabel, López Aufranc, Acevedo, Aznarez y Pellegrini.
Será justicia
Blog de la LADH
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