La Comisión de la Verdad impulsada por el gobierno brasileño para investigar las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura militar (1964-1985) culminó su trabajo luego de dos años. El informe concluye que las torturas, desapariciones y asesinatos no tuvieron un carácter aislado sino que fueron parte de un plan sistemático organizado por las Fuerzas Armadas. Responsabiliza a 377 personas, incluyendo a los presidentes del período, por 434 muertes, desapariciones, y torturas. Subraya, asimismo, la coordinación de operaciones represivas con otras dictaduras del Cono Sur. Uno de los aspectos más llamativos del informe, que culmina con una serie de recomendaciones, es el carácter sistemático que asumió la violencia sexual. Recientes revelaciones indican lo mismo en el caso de la dictadura pinochetista. La difusión del informe ha quedado rápidamente opacada por el avance del “Petrolao”, que sigue arrastrando funcionarios.
Pasado y presente
Según Página 12 (11/12), vocero de Rousseff en Argentina, “el informe final de la Comisión Nacional de la Verdad poca información agrega a lo ya sabido”. Informes previos ya habían puesto de manifiesto los métodos del terrorismo estatal y sus responsables. Pese a que tenía la potestad para hacerlo, la Comisión rechazó ir a fondo para hacerse con valiosa información cuya localización conocía con exactitud. “Prevaleció la orientación de no confrontar de manera directa con los militares” (ídem). Los archivos de la dictadura, como en el resto de los países latinoamericanos, no han sido abiertos. Por otra parte, “casi todos (los denunciados) están muertos, inclusive los cinco generales dictadores” (ídem). Y los que no están muertos “tienen una media de edad de 82 años” (El País, 10/12).
En este cuadro, la recomendación más relevante del informe no parece ser la revisión de la ley de autoamnistía de 1979 (que no fue anulada por ningún gobierno democrático y que garantizó la impunidad de los represores), sino el reclamo de una desmilitarización de las policías de los estados brasileños. Ocurre que según el informe “la práctica de detenciones ilegales y arbitrarias, tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas y ocultamiento de cadáveres no es extraña a la realidad brasileña contemporánea”. Este alegato demoledor sobre la represión del presente explica la airada reacción preventiva del Colegio Militar y otros sectores de la derecha. Dos décadas después del golpe apoyado por Estados Unidos, el aparato represivo sigue intacto.
Rousseff, prisionera entre 1965 a 1968 y víctima de la tortura del régimen militar, intentó apaciguar los ánimos, al asignarle al documento un valor puramente testimonial. Ya anunció que no piensa revisar la ley de autoamnistía. Por el contrario, ha dicho que el informe debe servir a la “reconciliación” y superación de las “cicatrices” y “heridas”.
Clases
Algunos de los informes recabados por la Comisión aseguran que los trabajadores y el movimiento sindical constituyeron el objetivo principal del golpe de 1964. La burguesía brasileña, principal instigadora del golpe militar, no ha sido ni siquiera rozada por las investigaciones.
Gustavo Montenegro
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