Los desafíos de la izquierda
Cuando faltan pocas semanas para las primarias del 2 de julio (primer capítulo del calendario electoral chileno), Nueva Mayoría, la coalición de gobierno, se encuentra quebrada. La Democracia Cristiana, máximo pilar de la Concertación junto con el PS, anunció su ruptura y la presentación de una lista separada para la primera vuelta. A su vez, el ex presidente Ricardo Lagos bajó su candidatura, persuadido por los malos augurios que le daban los sondeos. Ante este derrumbe, la imagen del candidato oficial Alejandro Guillier cae en picada mientas se verifica un ascenso meteórico del Frente Amplio, un armado encabezado por ex concertacionistas con un discurso antipolítica, anticorrupción y “renovador” del elenco político gobernante.
La política antiobrera de la Nueva Mayoría
La convocatoria masiva por el fin de las AFP del 26 de marzo volvió a dejar en claro que el descontento popular domina la situación política. La marcha logró reunir más de 500 mil personas en Santiago de Chile y 2 millones en todo el país, pero el gobierno sigue sin dar respuestas e incluso amaga con una reforma regresiva que incluye el aumento de la edad jubilatoria.
Esto se combina con un ascenso de las luchas obreras. La huelga de la mina La Escondida, ocupada por sus trabajadores por casi dos meses, fue el botón de muestra de un movimiento sindical que confronta con el gobierno y empieza a abrirse camino contra la dirección burocrática del PC en la CUT. Ante el aumento en los últimos años de las huelgas ilegales, por fuera de la negociación reglada, fue pergeñada la Reforma Laboral, que habilita a los patrones a exigirle a los sindicatos que aseguren que las huelgas se hagan en condiciones en las que no afecten la producción.
En el caso del movimiento estudiantil, que no registra los niveles de movilización en la lucha por la gratuidad de años anteriores, el PC fue desplazado de la conducción de la FECh, reflejando el descontento con la política educativa de un gobierno que, para salvar el sistema de educación privada, salió a otorgar una cantidad limitada de becas que se asignan a sus universidades.
El paquete de reformas con el que viene amagando el gobierno está al servicio del rescate del andamiaje del régimen pinochetista, pero el impasse y la incapacidad de aplicar estas reformas ponen de manifiesto el completo agotamiento de dicha herencia. La crisis mundial profundiza y agudiza las tensiones económicas y sociales que atraviesa el régimen. El derrumbe de los precios del cobre produjo una caída de la recaudación fiscal y de la inversión privada, mientras que la desaceleración económica amenaza con transformarse en recesión. Las propias cifras oficiales, manipulación estadística mediante, reconocen la destrucción de más de 120 mil puestos de trabajo en el último año, además de un aumento en el trabajo precario y en negro.
La derecha y la “renovación” autonomista
Los últimos sondeos demuestran que, a pesar del desplome de la Nueva Mayoría, la derecha no logra tomar aire. Una encuesta reciente indica que el candidato derechista Sebastián Piñera, así como el candidato oficial Alejandro Guillier, cayeron en torno de los cuatro puntos de su intención de voto, quedando en un 24 y 19%, respectivamente.
La “sorpresa” de las elecciones es el ascenso meteórico del Frente Amplio. Según esa medición, su candidata Beatriz Sánchez habría dado un salto del 2% en marzo al 11% en abril, capitalizando la caída de los candidatos principales. La campaña del FA está específicamente diseñada para jugar a dos puntas, se autodefinen como un movimiento “ni de izquierda ni de derecha”, con una campaña enfocada en la lucha contra la corrupción. Los partidos que lo componen provienen en su mayoría de la Concertación, aunque también participa el Partido Liberal, una fuerza que viene del espacio de Piñera. Lejos de cuestionar las bases sociales y políticas del régimen plantean su reconstrucción bajo la batuta de un nuevo personal político, con una gestión más eficiente y, por supuesto, con el verso de una mejor distribución.
Los desafíos de la izquierda
La necesidad de una alternativa política de los trabajadores está inscripta en la situación política. La izquierda tiene el desafío de levantar el “programa de la calle”, el conjunto de las demandas y reivindicaciones que están planteadas por las luchas en las fábricas, en la juventud, en el movimiento de mujeres y en las movilizaciones de masas por el fin de las AFP, y darles un curso político. El planteo de una Asamblea Constituyente libre y soberana juega un papel central en este contexto: va dirigido a poner fin a la herencia pinochetista en todos los planos y a reorganizar al país sobre nuevas bases sociales, bajo la dirección de la clase obrera.
Ante el panorama planteado es urgente abrir el debate en el seno de la izquierda. La campaña del PTR, calcada de la del PTS en la Argentina, está completamente divorciada de la agenda planteada por las movilizaciones de masas y la lucha del movimiento obrero. El planteo de reducción de la jornada laboral o de redistribución de las ganancias (“nuestra vida vale más que sus ganancias”) , desligado de la lucha de clases en desarrollo, está concebido como un slogan electoral y no como una herramienta para intervenir en la crisis nacional en curso. La crisis de las estructuras históricas del capitalismo chileno abre la oportunidad para la izquierda de desarrollar un programa obrero y socialista, que empalme con las movilizaciones de masas y la organización obrera, para erigir a los trabajadores en alternativa de poder.
Planteamos la necesidad de una nueva dirección del movimiento obrero para luchar por un salario igual a la canasta básica familiar y el fin del trabajo precario, contra los despidos, el ajuste y la aplicación de la nueva ley de Reforma Laboral. Por la restitución inmediata de los aportes patronales, el 83% móvil y por la transferencia de todos los cotizantes y sus ahorros a un nuevo organismo estatal de fondo de pensiones bajo control y administración de los trabajadores para terminar con las AFP. Gratuidad de la educación pública y condonación de la deuda educativa de todas las familias afectadas; estatización bajo control de estudiantes, docentes y no-docentes de todas las instituciones privadas que cierren o se encuentren en situación de quiebra. Por un gobierno de trabajadores, único capaz de convocar una Asamblea Constituyente soberana.
Martín Sánchez
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