Joaquín Morales Solá junto al jefe del Operativo Independencia, Acdel Vilas, y otros oficiales.
El periodista del oligárquico diario La Nación, Joaquín Morales Solá, insiste en la impunidad del 2x1 y la prisión domiciliaria para los genocidas. Lo hace días después de una gran movilización que expresó un contundente rechazo social al fallo de la Corte.
El periodista Joaquín Morales Solá, volvió a arremeter contra los derechos humanos y a pedir impunidad para los genocidas. En su última editorial, afirma que “el derecho en su concepción más liberal y estricta es la que aplicó una mayoría de jueces de la Corte Suprema de Justicia, que hizo valer tal legalidad para dar por cumplida la pena de un condenado por delitos de lesa humanidad, Luis Muiña. La oportunidad es el momento en que el Gobierno estaba buscando un mecanismo jurídico o legislativo para resolver los casos de militares ancianos y enfermos que están presos en cárceles comunes. El escándalo político que provocó aquella decisión de la Corte Suprema, y la multitudinaria manifestación social en contra de ella, dejó sin margen al Gobierno y al máximo tribunal para avanzar en esa solución. Cuarenta y un año después del golpe de Estado de 1976, el país no ha podido elaborar un modo de superar ese pasado y suturar las viejas heridas”.
El vocero mitrista se indigna ante el rechazo social generado por el fallo de la Corte: “La decisión de la mayoría de la Corte es legal. El artículo 2 del Código Penal es muy claro, siempre se aplicará la ley más benigna en el momento del fallo, aun cuando hayan estado vigentes otras leyes”, asevera.
Para el hombre que solía acompañar a los genocidas Domingo Bussi y Acdel Vilas, fotografiándose junto a este último en la siniestra Escuelita de Famaillá durante el Operativo Independencia, se deben igualar los crímenes del genocidio con los del delito común, porque si bien reconoce que los tratados internacionales declaran imprescriptibles los delitos de lesa humanidad y niega la conmutación de penas, apoya la decisión de Carlos Rozenkantz y Horacio Rosatti de otorgarle al genocida el mismo beneficio que al punga.
El tema es que se niega la especificidad del crimen que se ha juzgado y por el cual se declara imprescriptible e inaplicable el beneficio de la conmutación de penas. La maniobra consiste en igualar el genocidio con el delito común y al genocida con el punga, quien hace del choreo un medio de subsistencia, resulta en la negación jurídica del genocidio y el delito de lesa humanidad que se caracteriza por la ejecución de un plan sistemático de exterminio llevado a cabo por el Estado de toda una generación de militantes y luchadores obreros y juveniles.
Recordemos que el primer fallo por genocidio fue el que condenó, a pedido de la querella de nuestra camarada Myriam Bregman y la abogada Guadalupe Godoy contra Miguel Etchecolatz. A raíz de la condena, en una muestra de impunidad de los genocidas, desaparecería Jorge Julio López, de quien el kirchnerismo guardo silencio durante su “década ganada”. Precisamente Etchecolatz fue uno de los que pidió acogerse al beneficio del 2x1.
Para Morales Solá, la Corte fue el vehículo del “derecho” que la multitud reunida en Plaza de Mayo se niega a reconocer. Este “derecho” es, de acuerdo con el periodista, uno de los fundamentos de la República (así, con mayúsculas, como gustan nombrarla los lectores asiduos del diario en el que trabaja). Éste se queja de que no se valore la independencia de la Corte. Independencia, claro está, frente a las aspiraciones populares… absoluta dependencia de las órdenes del poder político de los Ceo’s y de los militantes por la impunidad. Opone una “democracia bárbara” al ejercicio de otra “democracia civilizada”, para usar el lenguaje originario de don Bartolomé Mitre.
El periodista es un fiel exponente de la doctrina del mitrismo de la cual hace aún hoy gala La Nación . El mismo nace precisamente en el siglo XIX argentino, cuando existían duras las luchas entre unitarios y federales, entre el Interior y Buenos Aires, proclamando una contradicción entre la “democracia bárbara” de las montoneras criollas” y otra “civilizada” de la oligarquía porteña.
Juan Bautista Alberdi sometía esta concepción a una dura crítica: “no pudiendo sostenerse que el pueblo, por semibárbaro que se lo suponga, pueda ser opuesto a la democracia, es decir, al derecho de ser su propio soberano, se han distinguido dos democracias -la del pueblo y la del gobierno-. La una se ha llamado Bárbara, la otra civilizada. Los hombres de principios, los apóstoles de la verdadera democracia, en la narración de Mitre, son naturalmente los que están en el Gobierno, los que mandan el ejército, los que componen la Logia”. Para Alberdi, Mitre buscaba reemplazar “la democracia que es democracia por la democracia que es oligarquía”. Con estos estandartes Bartolomé Mitre llevo adelante matanzas contra las montoneras del interior y la guerra de la Triple Infamia contra el Paraguay para garantizar la “civilización” de la burguesía comercial, el capital inglés y la oligarquía terrateniente alrededor de la Aduana de Buenos Aires.
El historiador marxista Milcíades Peña definió ya hace mucho que los métodos del liberalismo mitrista fueron “el fraude y el terror”. Métodos que se perpetuaron en la pluma de sus escribas a través del apoyo a todas las dictaduras y gobiernos antiobreros y antipopulares, como lo hace hoy reivindicando los derechos de pobres señores mayores que si torturaron, robaron, asesinaron, desaparecieron personas, violaron mujeres y se apropiaron de niños fue en defensa de la civilización -claro que no ya contra las montoneras gauchescas sino contra el sucio trapo rojo- contra la insurgencia obrera y popular del Cordobazo que quitaba el sueño de la parasitaria burguesía argentina.
Morales Solá ofrece la charlatanería moral y republicana de la derecha argentina en la mejor tradición mitrista, en oposición a la charlatanería del relato “nacional y popular”, que salvó al régimen político apelando a las reivindicaciones populares contra la impunidad pero cooptando y corrompiendo a organismos históricos de lucha por los derechos humanos, para luego intentar montar un operativo de reconciliación postulando a un participe del genocidio como César Milani al frente de las Fuerzas Armadas. Fueron también los políticos “nacionales y populares” del kirchnerismo quienes votaron los pliegos de los jueces que fueron la avanzada de la impunidad.
Morales Solá exculpa a la Corte y al gobierno, las instituciones de la nueva democracia civilizada, que buscan volver al pacto de impunidad sobre el que se reconstruyo la democracia burguesa argentina en los ’80. Pontifica el escriba colaboracionista del genocidio: “Para que el país deje de habitar en el pasado son necesarios la verdad y el pedido de perdón. Ni militares ni guerrilleros mostraron nunca gestos de remordimiento. Aunque la responsabilidad del Estado es siempre mayor cuando se violan derechos humanos, la culpa de los grupos insurgentes en aquella ordalía de sangre no puede seguir sumergida bajo un relato de supuesta heroicidad. Definitivamente, no fueron héroes ni mártires. (...) En efecto, la Corte no tiene la culpa. Es el pasado irresuelto el que interpela a la dirigencia argentina y a los viejos protagonistas de la entera tragedia”.
La Nación exige un gesto de grandeza de los protagonistas del pasado y la dirigencia de los partidos patronales para reconciliar a los argentinos. Nuevamente el mitrismo hacer honor a su doctrina de clase y proclama la impunidad a los genocidas como representante histórico de los intereses y privilegios de la oligarquía terrateniente, los militares, la Iglesia y las élites de la burguesía argentina, que son responsables, cómplices y beneficiarios del sanguinario reinado de las Juntas Militares.
Para la clase obrera, las mujeres y la juventud no hay olvido, ni perdón, ni reconciliación posible.
Facundo Aguirre
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