En los últimos meses, se han producido en Brasil una serie de ataques xenófobos contra emigrantes venezolanos en el estado de Roraima. Hace aproximadamente diez días, un grupo de brasileños recorrió las calles de la localidad fronteriza de Pacaraima, incendiando las pertenencias de los refugiados y expulsándolos de los centros de acogida. Usaron palos, bombas de gas e incluso destruyeron con un tractor un local donde había venezolanos (Folha de Sao Paulo, 18/8). Es el hecho más grave desde marzo pasado, cuando habitantes de la localidad de Mucajaí atacaron un centro de refugiados e incendiaron también pertenencias de éstos.
El crecimiento imparable de la emigración venezolana en el último período ha atizado las tendencias xenófobas. Entre 2017 y 2018, más de 120 mil venezolanos ingresaron al estado de Roraima. Y si bien es visto por los emigrantes como una vía de paso hacia otros lugares, más de 4 mil personas permanecen en campamentos en la localidad (Carta Capital, 20/8).
El operativo reaccionario contra los inmigrantes tiene su principal usina en el poder político. La gobernadora Suely Campos, del Partido Progresista (una fuerza que ocupa la candidatura a la vicepresidencia en la lista de la alianza que encabeza Geraldo Alckmin), ha tomado como un eje de su campaña por la reelección el planteo del cierre de la frontera, algo que logró por unas horas pero que fue finalmente bloqueado por el Supremo Tribunal Federal, un equivalente a la Corte Suprema argentina. La gobernadora busca restringir también el acceso de los refugiados a los hospitales. Nada nuevo: usa a la emigración como chivo expiatorio ante la miseria social y el deterioro de los servicios públicos. La iniciativa de cerrar la frontera corresponde originalmente al senador Romero Jucá, que es candidato del presidente Michel Temer en el estado. Y si bien el mandatario brasileño expresó su oposición al cierre de fronteras, su política consiste en el reforzamiento de la presencia militar y policial en la región. Jair Bolsonaro, el candidato militar, ha dicho por su parte que “Brasil no puede ser un país de fronteras abiertas”.
La descomposición del régimen venezolano ha acelerado dramáticamente el éxodo de una parte de la población. Según estimaciones de la ONU, de los 2.3 millones de venezolanos en el extranjero, más de 1.6 millones han salido desde 2014. En esto influye la pulverización del salario, por una inflación astronómica, y el desabastecimiento de productos de primera necesidad. Es, junto al caso de los desplazados en Colombia por el paramilitarismo, uno de los conflictos de refugiados más graves del continente. Las condiciones de la emigración venezolana –que ya no se restringe a las capas medias o altas- en los países a los que llega son duras, con permisos transitorios y trabajos precarios. En Perú, el 34% gana el sueldo mínimo y el 85% trabaja sin contrato (El País, 17/8). En las haciendas del norte brasileño se les paga la mitad que a los nativos por el mismo trabajo. Esto introduce, obviamente, una cuña entre los explotados. También en Perú, hay denuncias de los emigrantes sobre conductas xenófobas.
Con la acentuación de la crisis, los gobiernos regionales han emprendido una política para limitar los desplazamientos. En las últimas semanas, Ecuador y Perú han empezado a exigir un pasaporte, que es muy difícil de conseguir para los venezolanos. Ecuador, inclusive, anunció su renuncia al Alba como mecanismo de presión hacia Maduro para que se siente a negociar algún tipo de salida a la crisis migratoria. Pero lo único que lograrán estas políticas limitacionistas es una acentuación de las migraciones clandestinas y del tráfico de personas, como ocurre en otras regiones del mundo.
Opongamos a la xenofobia la unidad de los trabajadores sin distinción de nacionalidades y el derecho al ingreso, a la permanencia, al refugio y al trabajo para nuestros hermanos venezolanos.
Gustavo Montenegro @gusmontenegro82
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