El gobierno derechista “antiestablishment”, postrado ante la concesionaria.
Autostrade per l’Italia, la concesionaria de la autopista que cruza el puente que se derrumbó en la ciudad de Génova, Italia, con un saldo de 43 muertos –y cuyo accionar criminal aparece cada día más claro–, es un monopolio que administra más de la mitad de las rutas con peaje de todo ese país y cuya propietaria es la familia Benetton, también la mayor terrateniente de la Argentina, con muchas de sus tierras usurpadas a los mapuches y corresponsable por la represión que provocó la muerte de Santiago Maldonado.
El desastre del puente de Génova no es el primero que protagoniza esta empresa (un puente de Agrigento, en Sicilia, está cerrado desde hace dos años luego que se produjeran varios accidentes fatales por fallas en su construcción), y el odio de la población hacia ella ha ido creciendo a medida que se conocen más datos que muestran su responsabilidad en el derrumbe.
Según indican los medios de prensa europeos, salió a la luz que la concesionaria del puente fue advertida del deterioro del viaducto el pasado mes de noviembre por dos expertos que la misma empresa había contratado, quienes advirtieron sobre el mal estado de algunos componentes, como la oxidación de los cables que lo sostienen.
Ahora se supo que entre los muertos hay también tres empleados municipales que estaban trabajando en un galpón ubicado debajo del puente y que fue tapado por los escombros. Y ya hay más de 600 personas que han debido abandonar sus casas de los humildes barrios ubicados debajo o a los costados del puente, por el peligro de que se caiga otra parte de la estructura.
Sus casas serán demolidas y no pueden regresar a ellas, pero la inmensa mayoría todavía no fue reubicada y no saben cuándo tendrán una nueva vivienda.
La bronca de la población genovesa tiene también como destinatarios a los funcionarios oficiales que no ejercieron el menor control sobre las actividades de la empresa. Y es así que más de la mitad de las familias de los muertos en el derrumbe se negaron a participar y calificaron de “farsa política” al funeral organizado por las autoridades nacionales y locales.
El padre de uno de los jóvenes muertos, Roberto Battiloro, dejó en claro las razones del boicot: “el Estado es el que ha causado esto”, dijo, y añadió que “la pasarela de políticos es vergonzosa” (La Vanguardia, 18/8).
El gobierno
En una primera bravuconada demagógica, Mateo Salvini, viceprimer ministro y líder de la derechista Liga Norte, culpó a la Unión Europea por sus imposiciones de límites a las obras públicas y planteó que priorizaría el interés de los italianos. Y que se le quitarían todas las concesiones a la empresa de los Benetton.
Pero alcanzó con la amenaza de la compañía de que reclamaría 20.000 millones de euros al Estado si le quitaban la concesión, para que diera marcha atrás y deslizara, sin pudor, que quizá había que replantear el tema de la revocación (ídem) y su segundo, Edoardo Rixi, aclaró que solo se llegaría a esa medida si la concesionaria no muestra “un cambio radical de actitud” (Il Foglio, 17/8).
Los seguidores del Bepo Grillo, líder del Movimiento Cinco Estrellas (M5E), el otro partido de gobierno, plantearon que la revocación de las concesiones sea total. Pero el mismo Grillo se había opuesto el año pasado a un proyecto de reemplazo del puente, denominado la Gronda, para la conexión de Génova con el resto del país, a través de varios túneles.
Con el argumento de la defensa del medioambiente y de la austeridad, ya que se trataba “de una obra costosa”, Grillo lanzó hace unos meses una frase que resultó premonitoria: “ahora, los defensores nos van a contar el cuento de que si no se construye la Gronda, un puente podría derrumbarse en cualquier momento”.
La demagogia de los grillistas también duró poco. Danilo Toninelli, ministro de Infraestructura y Transporte, que pertenece a ese partido, solo “exigió” la dimisión de los directivos de Autostrade (lo que ya fue rechazado por la empresa) y planteó como “pena” por la masacre, la posibilidad de imponer una multa de 150 millones de euros a la compañía (La Vanguardia, 18/8), bastante menos de lo que ofreció la propia empresa como compensación.
El actual gobierno italiano, que tiene apenas meses de vida y que se presentó ante el electorado como antiestablishment, da una rápida muestra de cuáles son los intereses de clase a los que responde.
Por esa razón es que no solo las concesiones seguirán en manos de los Benetton, sino que el gobierno ni siquiera ha iniciado una querella contra los propietarios por el accionar criminal que provocó la muerte, nada accidental, de 43 personas.
Como en la masacre de Once de Jaime y De Vido o la de la escuela 49 de Sánchez Zinny y Vidal, entre tantas otras, el desprecio por la vida de la población y la corrupción que saltan a la luz en el desastre de Génova, están intrínsecamente ligados a un sistema en descomposición que ya no tiene nada que ofrecer a la humanidad.
Nelson Marinelli
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