El mismo Senado que venía de frustrar el derecho al aborto legal protagonizó, en la jornada de ayer, un debate que sólo deja una conclusión: el derrumbe político e incluso moral de los partidos capitalistas que gobiernan o gobernaron la Argentina. Los senadores del macrismo y sus aliados presentaron al allanamiento a los domicilios de Cristina Kirchner –una votación demorada por los faltazos de varios senadores oficialistas y de sus aliados pejotistas– como el punto más alto del supuesto “Lava Jato” argentino. Lo cierto es lo contrario: la sesión del Senado fue un gran telón para disimular la operación de impunidad que está en marcha en favor de la gran burguesía, contratista y de la otra, entrelazada a través de todos los gobiernos con el presupuesto público.
El desfile de empresarios “arrepentidos” ha servido para exonerar a los capos de Techint, Roggio y numerosas constructoras. A cambio de sus confesiones, los jefes de estos grandes grupos capitalistas preservaron su libertad. Pero el gobierno ha hecho más que eso: días atrás, pagó peso sobre peso de los certificados de obra pendientes con la patria contratista, para que ésta, a su vez, cancele sus obligaciones con la banca. Lejos de ser intervenidos o incautados, los beneficiarios capitalistas del régimen de coimas obtuvieron un rescate estatal, que se extiende luego a los bancos que los financiaron. El “ajuste” funciona contra los trabajadores y jubilados. Pero la plata aparece a la hora de salvar a los coimeros.
El debate del Senado eludió rigurosamente esta cuestión de fondo –la unión de hierro entre los “partidos de Estado” y la clase social que sobrevive a costa de la explotación obrera y del saqueo del presupuesto público. Pero ¿podía ser de otra manera? Entre los que reclamaban el allanamiento a CFK, se encontraba, por caso, el senador y empresario santacruceño Eduardo Costa, reputado por la compra de tierras fiscales a precios irrisorios en la provincia de los K. Un prontuario exhaustivo de los “representantes de las provincias” daría cuenta de variantes de saqueo similar: remate de tierras y recursos naturales, vaciamiento de los bancos estatales para rescatar a las oligarquías locales, desfalco de los presupuestos en favor de empresas constructoras… Ese es el Senado que aprobó ayer, por unanimidad, el allanamiento a los domicilios de CFK.
Desde luego, el kirchnerismo y su régimen no fueron ajenos a ese desfalco capitalista, y la propia Cristina lo reconoció en su discurso de ayer. Señaló, por caso, que “la patria contratista no nació en 2003”. Admitió, de ese modo, que cogobernó con ella durante todo su mandato, aunque acusara de lo mismo a los que la precedieron y sucedieron en el poder. Cristina podría extender esa afirmación a otro lobby capitalista –el de la “patria inmobiliaria”. Pero en este caso, debería admitir que la cesión de tierras públicas en favor de grupos como IRSA, Constantini y otros en la Ciudad de Buenos Aires, con Macri como jefe de gobierno, fue ejecutada por medio de un prolongado pacto entre el PRO y los K en la Legislatura porteña. Señaló que “los empresarios arrepentidos no dicen la verdad”. Pero ni siquiera pudo cuestionar el contenido arbitrario del régimen judicial de delaciones premiadas –quizá porque el kirchnerismo lo votó compactamente en 2016. La resolución consensuada –que admite el allanamiento– llama a respetar la ´investidura´ de Cristina. La puja discursiva nunca dejó de transitar por una discusión entre pares, o sea, entre políticos de la clase capitalista.
La sesión concluyó aprobando otro fraude –el régimen de “extinción de dominio” que habilita a la incautación de bienes a los procesados por delitos de corrupción, entre otras figuras. La extinción puede afectar a gerentes, a funcionarios e incluso a accionistas. Pero preserva a la empresa capitalista como tal. Y, con ella, a los pilares institucionales de la confiscación social –el secreto bancario y comercial. En la misma línea, el gobierno se ha reunido con los grupos involucrados en el ´cuadernogate´ para asegurarles que la persona “física” será separada de la “jurídica”, o sea, que la continuidad de los negocios no será afectada por esta crisis. A la luz de estas operaciones de impunidad, se entiende porqué el Senado parió una enorme ficción durante toda la jornada de ayer.
Mientras Cristina Kirchner y Gabriela Michetti competían respecto de cuantos bolsos o paquetes fueron hallados en sus domicilios, otra realidad se filtraba en medio de esta crisis: la de los miles de docentes universitarios y estudiantes que en todo el país ganan las calles y refuerzan su lucha. La de los obreros de Río Santiago, contra la liquidación del Astillero. La de los desocupados del Polo Obrero, en defensa del derecho al trabajo.
El Senado volvió a delatar, en definitiva, el abismo que separa al régimen corrupto de la mayoría trabajadora.
Marcelo Ramal
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