Venezuela: Maduronazo

El giro económico protagonizado por el régimen puede significar un salvavidas de plomo

Venezuela está sacudida por el paquetazo puesto en marcha por el régimen bolivariano. El gobierno de Maduro ha dispuesto otra brutal devaluación del ¡96%! La medida se produjo un día después de la reconversión del “bolívar fuerte” al “bolívar soberano”, con la entrada en circulación de nuevos billetes que restaron cinco ceros a la moneda local. Estas medidas van acompañadas por la activación de un nuevo mercado cambiario que operará con una tasa única atada a la criptomoneda venezolana petro, cuya cotización estará determinada por el precio internacional del petróleo. De modo que un petro vale 60 dólares, el actual valor del precio del barril de crudo. Esto eleva el tipo de cambio de 2,48 a 60 bolívares soberanos.
Estas medidas implican un enorme mazazo al pueblo, empezando por una desvalorización sensible de los salarios. Simultáneamente, Maduro anunció un aumento del salario mínimo a 1.600 “bolívares soberanos”, un valor 35 veces superior al actual. Pero que equivale a 45 dólares, un ingreso de indigencia.

Dolarización

El paquetazo apunta a una virtual dolarización de la economía, que va de la mano de una liberación de los precios. El gobierno dice que los precios no se deberían disparar porque los empresarios han remarcado sus productos antes de la devaluación. Lo cierto es que la estampida ya se está produciendo, licuando el magro aumento de salario mínimo. Por lo pronto, la nafta va a ser llevada, por primera vez en las dos décadas de gestión bolivariana, a precios internacionales. El combustible en Venezuela es el más barato del mundo, y su liberación lo multiplicará más de mil veces. Maduro ya había autorizado antes el incremento de los servicios públicos, a lo que se agrega una reforma tributaria para elevar del 12 a 16% el IVA.
A sabiendas de este salto en la miseria popular, el régimen ha empezado a pagar a diez millones de venezolanos registrados en el “carnet de la patria” (plan asistencial) un bono de 600 bolívares soberanos. En el nuevo esquema económico, esa suma equivale… a 10 litros de nafta.
Al mismo tiempo, anunció una lista de precios de los bienes de consumo con la nueva denominación monetaria. Los analistas advierten contra el riesgo de un nuevo “control de precios”, lo que da cuenta de las contradicciones de la política oficial.

Plan precario

El gobierno señala que este plan le permitirá reunir al Estado los ingresos que necesita, ponerle fin al financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central y, por esta vía, acabar con la hiperinflación. Pero el pretendido equilibrio de las cuentas públicas está lejos, y el gobierno no va prescindir de los subsidios. Al “carnet de la patria” a la población carenciada se le agrega una gran subvención a la burguesía nacional: el Estado se haría cargo, por los aumentos salariales anunciados, del diferencial en la nomina salarial de las pequeñas y medianas empresas privadas por 90 días. Pero ya hay quienes anticipan que deberá extenderse en el tiempo. Por otra parte, el aumento de los ingresos que se proyectan será contrarrestado por un caída de la actividad y, por lo tanto, de la recaudación cuando se pronostica una retroceso superior al 15% en la producción.
Además, y desde principios de agosto, se exoneró del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) a la petrolera estatal PDVSA y sus filiales, así como para las transnacionales asociadas a aquélla a través de la figura de las empresas mixtas. La exoneración se aplicará por todo el año 2018. Para que se vea el impacto de esta medida, basta decir que en 2016, sólo PDVSA pagó al fisco 723 millones de dólares por este impuesto, pero la mayor parte de la producción petrolera corresponde a las empresas mixtas.
Como lo denuncia el secretario general de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), José Bodas, esta medida implica un gran beneficio para “las grandes transnacionales petroleras como Chevron, Repsol, Statoil, ENI y Total, asociadas al gobierno nacional”.
Con el paquetazo, el régimen apuesta a restablecer una corriente de ingresos de dólares cuando se han ido cerrando todas las fuentes de financiamiento. Trump ha bloqueado la posibilidad de refinanciar el pago de la deuda externa del país, aunque el Estado venezolano venía pagando tasas usurarias por ella. China interrumpió la entrega de préstamos frente a los incumplimientos, y cuando una importante parte de la exportación venezolana se encuentra hipotecada al pago de una elevada deuda con el gigante asiático. El apoyo de Rusia es también muy limitado, por la propia crisis que atraviesa el régimen putiniano.
El giro económico de Maduro apunta a una salida capitalista “clásica”. La estabilización de la nueva moneda plantea respaldar al bolívar con las reservas petroleras -o sea, privatizar o subastar la cuenca petrolera del Orinoco. Sería el plan que estarían dispuestos a respaldar Putin y Xi Jinping, para seguir apoyando al chavismo venezolano en ruinas y sortear las presiones de Trump.
Importa señalar que la Casa Blanca continúa su cerco económico. Una Corte en Estados Unidos acaba de aprobar una solicitud de la minera canadiense Crystallex para tomar acciones de una filial estadounidense de PDVSA, que controla indirectamente a la refinería Citgo. Crystallex busca cobrar una indemnización de 1.400 millones de dólares tras una disputa de una década, luego de que su filial en el país sudamericano fue nacionalizada en 2008. El juez suspendió el mandato judicial con una orden de confiscación, mientras se entablan negociaciones con el Estado venezolano. Lo cierto es que se activa la posibilidad de un embargo sobre los activos externos de Venezuela.
La devaluación y las garantías que ofrece Maduro no aseguran una “libertad de mercado”. El gobierno adelantó que no establecerá restricciones para la oferta de divisas, pero sí mantendrá controles en la demanda de personas y empresas. O sea que persiste el cepo, un esquema endeble y muy probablemente llamado al fracaso.

Clase obrera e izquierda

El giro económico protagonizado por el régimen, dirigido a la perpetuación de la camarilla madurista, puede significar un salvavidas de plomo y acelerar el proceso inverso -un mayor descalabro económico y una explosión social.
Esta semana tuvo lugar una protesta por el “maduronazo”. El llamado fue lanzado por los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular y Causa Radical, que integran la coalición Mesa de Unidad Democrática (MUD). Se trata de un paro “ciudadano” y “cívico”, que cuenta con el apoyo de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) y de otras cámaras empresarias. A la protesta se sumaron algunos sindicatos y organizaciones obreras, pero el liderazgo de la convocatoria estuvo en manos de la oposición patronal. La jornada tuvo una adhesión parcial, más revelante en los comercios y profesionales que entre los trabajadores. Puso de relieve los límites de la oposición. Por un lado, en el plano institucional, donde las posibilidades de cambio han quedado alejadas en el tiempo; por el otro, en el plano social, ya que no se observa que capitalice el descontento con el gobierno por el agravamiento de las condiciones de vida. En las próximas semanas será posible hacer una evaluación más nítida de la reacción popular a las medidas.
La prensa de la izquierda en Venezuela da cuenta de luchas constantes de la clase obrera contra el descalabro económico. En Valencia han tenido lugar protestas en la que han confluido trabajadores de la salud, profesores universitarios y el sector eléctrico. Está ausente, sin embargo, una unidad política y un planteo político común de la izquierda y las organizaciones sindicales combativas. La izquierda debe tomar la iniciativa y unirse en un polo político junto al movimiento obrero combativo, y empeñarse para que los trabajadores irrumpan en la crisis en forma independiente. Es necesario denunciar la escalada del imperialismo, generalizar la lucha por la derrota de paquetazo e impulsar un programa obrero y socialista de salida al actual derrumbe económico y social. El punto de partida es la más absoluta independencia política respecto al gobierno y la oposición derechista.

Pablo Heller