“¡Volvé, Alfredo Palacios!”

Dante Sica, Miguel Acevedo (UIA), Juan Carlos Paolucci (MT) Gustavo Moron y Gerardo Martinez (UOCRA)

Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, un régimen criminal.

El final de 2018 estará en el pico máximo de ataque a las condiciones de trabajo de la historia laboral argentina. Desde la última reforma de la ley de ART, la combinación explosiva entre los dictámenes de las Comisiones Médicas y los últimos fallos de la Corte han hecho que las empresas festejen que llevan “ahorrado” –hasta octubre– la friolera de 17.600 millones de pesos. Así lo han reconocido al cumplirse un año y medio de la sanción de la Ley Nº 27.348, en el encuentro que se llevó a cabo en la sede de la Organización de Estados Iberoamericanos en Buenos Aires, que contó con la presencia del ministro de Producción de la Nación, Dante Sica; del secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Juan Carlos Paulucci; del Superintendente Gustavo Morón, del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo y del impresentable Secretario General de la (UOCRA), Gerardo Martínez.
Este “ahorro” de las patronales deviene de varios factores. El primero de ellos es la obligatoriedad de pasar por la Comisión Médica, lo que coloca al trabajador siniestrado, o a sus familiares en caso de muerte, en la disyuntiva de aceptar el dictamen de la Comisión o no cobrar resarcimiento alguno durante mucho tiempo. Esto es, en criollo, la llamada caída de la litigiosidad y de la “industria del juicio”. Un sector de trabajadores condicionado por su situación y los tiempos largos de un litigio acepta la limosna de la ART a costa de su propia salud.
El combo patronal que significa la aprobación de la última ley de ART (27.348) hace que la Comisión Medica actúe además como “mediadora” de las diferencias que pudiesen surgir entre las aseguradoras y los trabajadores, en relación a prestaciones estipuladas, indemnizaciones previstas y tratamientos médicos pactados por ley. Las empresas y Funes de Rioja, el principal abogado de las patronales argentinas, saludan estas “mediaciones” anti obreras cuyo resultado es que el 89% de los fallos de las comisiones médicas es aceptado por ellos mismos.
Como una de las tareas de estas “comisiones” es el reconocimiento o no de enfermedades preexistentes en los trabajadores, llueven las solicitudes de los patrones de no responsabilizarse de las mismas. Los fallos de las comisiones médicas tienden (cada vez más) a no responsabilizar al empleador de las enfermedades contraídas en la empresa. Entonces enfermedades como las varices, la lumbalgia, la tendinitis, nunca son atribuibles a las patronales y así se sacan de encima tres enfermedades generalizadas de la clase obrera y, por lo tanto, evitan el resarcimiento al trabajador. Este desconocimiento es parte del “ahorro” de las patronales.

Accidente in itinere

La segunda tarea de las patronales es ir demoliendo el accidente in itinere, una conquista histórica de la clase obrera argentina.
La cantidad de siniestros laborales por accidentes in itinere se incrementó en un 40% en los últimos dos años. La suba imparable del boleto ha llevado a los trabajadores al uso masivo de sus propios medios de transporte para ir a trabajar. Los accidentes en las motos se incrementan día a día. Es una vieja aspiración de las patronales no pagar más estos accidentes. Ese es uno de los temas en “carpeta” de la nueva reforma laboral a tratar en el parlamento. La intención de las cámaras patronales es imitar el modelo “uruguayo”. Uruguay sólo reconoce el accidente in itinere si el trabajador se encuentra en un “chárter” de la propia empresa. En Argentina, las empresas que ofrecen “chárter” para el traslado de sus trabajadores son un 5% del total.
La cuestión ha cobrado gran preocupación desde los accidentes del Ferrocarril Sarmiento, donde el 98% fueron muertes in itinere. Los aseguradores reclamaron en la Corte que hubiese una diferencia en el pago de estos accidentes diferenciándolos con los que se producen en el propio trabajo. La Corte, con votos de mayoría y minoría, está largando una catarata de fallos donde reduce en un 20% los montos de las indemnizaciones in itinere, lo que es festejado por todas las patronales del país y por la propia burocracia sindical, pues Gerardo “Batallón 601” Martínez saludó estos procedimientos siendo que la Construcción es el productor de mayor índice de siniestralidad laboral de todos los gremios.
Para las patronales la vigencia de la ley nueva permitió que la cantidad de juicios laborales baje en un 34% y su objetivo ahora es que todas las provincias adhieran a la misma pues, hasta ahora sólo 14 de ellas lo han ratificado. Para la clase obrera, el 2018 será por lo contrario un año donde no se reconozcan un 34% de los accidentes laborales y los siniestros in itinere, y un año donde les robaron 17.000 millones de pesos a los trabajadores.

Terminar con las ART

La Ley 9.688 (derogada por el menemismo) fue promulgada en 1915 sobre la base de un viejo proyecto de Alfredo Palacios de 1907. Presentado nuevamente por el diputado socialista Dickmann, se reglamentó finalmente en 1916. Esa ley (avanzada para la época, copiada de los socialistas franceses) establecía que “todo patrón que tenga a su cargo la realización de trabajos, será responsable de los accidentes ocurridos a sus empleados y obreros durante el tiempo de la prestación de los servicios, ya con motivo y en ejercicio de la ocupación en que se les emplea, o por caso fortuito o por fuerza mayor inherente al trabajo”.
La ley de las ART es en una forma cruda de deslindar a la patronal por el daño causado por la empresa, es por eso que hay que terminar con las ART. Las mismas constituyen una masacre laboral. Es una tarea de las comisiones internas, los cuerpos de delegados y los sindicatos de lucha intervenir en las fábricas quebrando esta ofensiva en su mismo origen, con delegados electos por los trabajadores, que tengan poder de veto ante los peligros y con facultades para alterar los ritmos de la producción a favor de la salud integral del trabajador La necesidad del establecimiento de “protocolos de trabajo” de delegados y comisiones internas que impidan los accidentes se ha transformado en una necesidad objetiva frente al despotismo patronal y del Estado.
Se tiene que restablecer una nueva ley de accidentes de trabajo adaptada a estos tiempos sobre el modelo de la ley de Alfredo Palacios pues el corazón de ella era que la responsabilidad integral de los daños estaba a cargo del patrón. Dan ganas de decir “¡Volvé, Alfredo Palacios!

Juan Ferro