Un fallo a la medida de los capitalistas.
La Corte Suprema finalmente emitió un fallo que establece que los jueces ingresados al Poder Judicial a partir del 1° de enero del 2017 deberán comenzar a pagar el impuesto a las Ganancias como lo establece una ley aprobada en el 2016 cuya aplicación estaba frenada por una medida cautelar, ahora derogada por el máximo tribunal.
La decisión, que se presenta como acotada a esa escala de altos funcionarios del Poder Judicial, en realidad es un golpe al conjunto de los trabajadores porque, en primer lugar, santifica que los salarios son ingresos pasibles de ser gravados por ese impuesto y los incorpora en el concepto de ganancia.
El alcance amplio, además, se ratifica en la misma acordada, ya que la Corte establece que no solo los jueces deberán aportar Ganancias, sino que la imposición también alcanza a empleados, funcionarios, fiscales y auxiliares de justicia que hubieran asumido en sus cargos a partir del primer día del 2017.
Este es un aspecto de la decisión de la Corte que satisface enormemente al gobierno. Es que, más allá de la campaña oficial donde éste exhibía que el no pago por parte de los jueces suponía que el Tesoro dejaba de ingresar $6.000 millones al año, lo que supuestamente se corregiría con la aplicación de la ley –y ahora la acordada– en realidad, de momento, el ingreso para las arcas del gobierno es mínimo, ya que solo alcanza a la franja de quienes ingresaron al Poder Judicial en los dos últimos años.
La decisión de la Corte es un punto de apoyo para la ofensiva oficial contra el conjunto de los trabajadores que cobran por encima del mínimo no imponible. Justamente contra esta imposición es que los trabajadores del transporte realizaron hoy un paro que la burocracia limitó al pequeño lapso de 4 a 7 de la mañana.
El fallo le da un barniz “popular” a la generalización del impuesto al salario, frente a los “privilegios” de la casta judicial. El gobierno lo valora tan así que el ministro de Justicia, Germán Garavano, salió rápido a saludar a la Corte y se mostró exultante porque el tribunal hace “cumplir la ley”. Otro de los hombres del gobierno vinculado a la Justicia, Pablo Tonelli, miembro del Consejo de la Magistratura, celebró calurosamente la medida y añadió que "esta sentencia contempla la necesidad de fomentar y respetar el principio constitucional de igualdad en las cargas públicas”. Sin embargo, el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, anticipó su acuerdo con el pago del tributo si tuviera como contrapartida un incremento de los salarios de los jueces. El resultado, para las arcas del Estado, puede llegar a ser inocuo, no así para los empleados judiciales ni para el resto de los trabajadores.
Para el gobierno –y la oposición pejotista, coautora de la ley de perpetuación del impuesto al salario–, son ganancia los miles de millones de pesos de beneficios de los grandes capitalistas y sus empresas –que, además, tienen especialistas en la tarea de como evadir impuestos– y también lo es el salario de un trabajador, que cubre con él sus necesidades de subsistencia.
Uno de cada cinco trabajadores tiene retenciones por este impuesto y hoy lo pagan 560.000 trabajadores más que en el 2015. Sobre 1.939.994 titulares que aportan Ganancias, 1.638.433 son trabajadores en relación de dependencia (Clarín, 4/10).
El salario no es ganancia. Además, los trabajadores ven sus ingresos seriamente gravados por impuestos no evadibles como el del Valor Agregado (IVA), que se paga con cada una de las compras de los bienes de consumo y que recaen mayoritariamente sobre los sectores populares.
Rechazamos el pago del impuesto al salario. Que lo paguen los capitalistas, no los trabajadores. Basta de exacciones al salario.
Nelson Marinelli
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