El asesinato de un referente de la comunidad mapuche, Camilo Catrillanca, durante un violento allanamiento de Carabineros a la comunidad Temucuicui, ha colocado en el centro de la situación política chilena el problema de la militarización de la Araucanía y el accionar de las fuerzas represivas.
En junio pasado, el presidente Sebastián Piñera había habilitado la participación en “tareas de seguridad” en la región de un comando de élite de Carabineros, llamado Comando Jungla, que fue entrenado militarmente en Colombia. Los integrantes de dicho comando, en el marco de una presunta persecución a personas que habrían robado un auto, ingresaron esta semana a balazos en la comunidad Temucuicui y Catrillanca recibió un disparo en la nuca.
El gobierno, de Piñera para abajo, esgrime la tesis de un enfrentamiento y asegura que Carabineros intervino ante una situación de flagrancia. El intendente de La Araucanía, Luis Mayol, intentó inclusive enlodar a la víctima presentándola como un ladrón de autos.
Pero esta campaña no logró hasta ahora abrirse paso. Un columnista del diario La Tercera (16/11) afirma que el gobierno ha perdido, a raíz de los hechos, el control de la agenda política. Y el ministro del interior Andrés Chadwick deberá comparecer ante el parlamento para una interpelación por el nuevo crimen a sangre fría. Las versiones truchas de Carabineros son un clásico en la persecución de los mapuche. Aún no se han apagado los ecos de la Operación Huracán, del año pasado, en la que Carabineros manipuló pruebas para involucrar a ocho integrantes de la comunidad en una supuesta “asociación ilícita terrorista”, lo que ha derivado como un búmeran en la investigación de una asociación ilícita… pero de los propios efectivos policiales.
El crimen de Catrillanca es el número 15 de una serie de asesinatos por parte de fuerzas represivas o paraestatales durante el período democrático. Los casos engloban las administraciones de la derecha y de la Concertación. El miércoles pasado, inclusive, un grupo irrumpió en una conferencia en el extranjero de la ex presidenta Michelle Bachelet para denunciar esta situación. Bajo uno de los mandatos de Bachelet se produjo el emblemático crimen de Matías Catrileo, en 2008, fusilado por la espalda por Carabineros, que también levantó al principio la teoría del enfrentamiento.
El Estado chileno, incluso bajo su ropaje democrático, ha buscado por medio del crimen y la persecución favorecer los intereses en la Patagonia de grandes terratenientes, pesqueras y empresas forestales. El complemento de esta política de entrega es que La Araucanía es la región con los índices de pobreza más altos de Chile. El hostigamiento incluye el despliegue de helicópteros que sobrevuelan las comunidades y allanamientos constantes. Del otro lado de la Cordillera son Macri y Bullrich quienes impulsan esa misma política que se cobró las vidas de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. El “Plan Cóndor” de coordinación de la represión entre ambos países quedó en evidencia en la reciente extradición a Chile de Facundo Jones Huala tras un proceso viciado.
Por el crimen de Catrillanca se desarrollaron ya algunas protestas y se espera que en los próximos días y semanas la tensión aumente debido –entre otros motivos– al aniversario a comienzos de enero del crimen de Catrileo. En la agenda democrática está colocado también el rechazo a la ley Aula Segura, hecha para la persecución del activismo en los colegios secundarios.
Abajo el Comando Jungla. No a la militarización. Justicia para Camilo Catrillanca.
Gustavo Montenegro
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