Tal cual se presumía, el Ministerio de Trabajo mediante la resolución 397/20 ya publicada en el Boletín Oficial, con la firma del ministro Claudio Moroni, oficializó el pacto firmado entre la CGT, la UIA, la Came y el Gobierno mediante el cual se admite la rebaja salarial en cuarentena, dando por tierra con la “integralidad del salario” dispuesta en el decreto presidencial original.
El pacto es un “acuerdo marco”, no obliga a los sindicatos a firmar acuerdos exactamente en sus términos, pero los habilita y asegura la homologación ministerial prácticamente automática. Y todavía más, puesto que el texto ministerial dispone que “las empresas que quieran bajar 25% los salarios de trabajadores suspendidos deberán presentar el listado de personal afectado y Trabajo lo remitirá en vista a la entidad sindical con personería gremial correspondiente por un máximo de cinco días; vencido el plazo, el silencio tendrá por conforme respecto del acuerdo sugerido por la representación empleadora”.
De manera que el trámite no requiere aprobación de los cuerpos de delegados fabriles o de los lugares de trabajo, que son quienes deberían testimoniar si hay esencialidad o no, si se cumplen los protocolos de salud para los trabajadores convocados y si se respetan las licencias al personal vulnerable mayor de 60 años o con las enfermedades crónicas previstas. El mero silencio de la burocracia sindical central homologa la presentación unilateral patronal.
De cuánto es la rebaja
Ahora examinemos en detalle en qué consiste la rebaja del 25%. Dice el acuerdo marco: “los empleadores deberán abonar como prestación no remunerativa o las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral, en este marco no podrá ser inferior al 75% del salario neto que le hubiere correspondido al trabajador en caso de haber laborado.”
Nótese la redacción del párrafo anterior. Se refiere al 75% del salario “neto” del trabajador. Esto quiere decir que la rebaja del 25% se puede aplicar hasta ese porcentaje del salario del bolsillo del trabajador luego de los descuentos de ley. En otras palabras, que el salario se puede rebajar hasta el 60% del importe de convenio, que es el bruto sobre el cual se realizan los descuentos al trabajador. Esto es, por ejemplo, diez puntos más de rebaja que la mayoría de los acuerdos firmados por el Smata para las automotrices al 70% del salario, en cambio coincide con los acuerdos al 60% del convenio en las concesionarias, firmado por el propio Smata o con el mismo porcentaje firmado por Aoma, el sindicato de los mineros. Si la escala salarial firmada en la actividad establece, por ejemplo, un salario de $50.000, la suspensión puede ser por $30.000, un 40% menor.
Se trata de una enorme rebaja por la cual la patronal ahorra la totalidad de los aportes a la Seguridad Social, tanto el 11% de descuento al trabajador –del cual la empresa es agente de retención- como el 16% correspondiente al aporte patronal. Esto por el carácter “no remunerativo”. Mirado de otro modo, el trabajador está financiando con su propio aporte jubilatorio el ahorro patronal. El gran perdedor de esta cuarentena, una vez más es el Anses y, por supuesto, los jubilados, actuales y futuros que sufrirán este desfinanciamiento.
Ahora bien, nuestros “hábiles” sindicalistas hicieron inscribir en el pacto que “sobre éste monto deberán realizarse la totalidad de los aportes y contribuciones por las leyes 23.660 y 23.661 y el pago de la cuota sindical”. Esas leyes son los aportes de obra social y Pami. Pero ajustemos la lupa obrera. El texto garantiza los aportes “sobre éste monto”, o sea sobre el salario neto reducido. Lo cual significa que las obras sociales sindicales de los trabajadores comprendidos y el Pami, sufrirán una rebaja de ingresos en medio de la pandemia, cuando tienen que prepararse con camas, respiradores, elementos de protección para el personal de salud, más personal de salud, etc. O sea cuando deben afrontar la inversión en salud necesaria para afrontar la pandemia. Alguien dirá que gran parte de las obras sociales operan a través de clínicas privadas. Pues bien, esas clínicas o gerenciadoras recibirán menos aportes. ¿Alguien piensa que recibiendo menos aportes esos sanatorios privados dedicados al negocio de la salud invertirán en lo necesario?
Por último, el flamante decreto legalizador del acuerdo marco dice que todo lo expuesto rige para aquellos acuerdos iguales o superiores a lo pactado por la CGT y la UIA, “caso contrario, el acuerdo colectivo que presenten los sectores empresarios y sindicales, serán en cada caso sometidos, a consideración de la autoridad de aplicación, a fin de evaluar su procedencia, de acuerdo con la situación del sector o de la empresa”. En criollo, que puede haber acuerdos por menos del 75% del “salario neto”. Solo que en esos casos habrá una evaluación. Como siempre esa evaluación se hará de acuerdo a los informes unilaterales de las empresas, puesto que rige el secreto comercial y los libros de las empresas son intocables.
Quién paga la crisis
Aclarado todo esto, hay que recordar que por el decreto 376/20 esas mismas empresas que rebajan salarios y evitan todo aporte jubilatorio, pueden gestionar hasta $35.000 o la mitad del salario que el trabajador percibió en febrero con premios, asistencia, viáticos, etc., para que el Estado se haga cargo. Sin importar su tamaño, y sin que tampoco se controle si tienen stock, colocaciones financieras y mucho menos las fortunas personales de sus principales accionistas.
Es cierto que el acta CGT-UIA condiciona la aplicación de las suspensiones con rebajas a que no haya despidos. Pero no hay disposición alguna que garantice que eso se cumpla, porque no hay una normativa legal para garantizar la reincorporación de la persona cesanteada.
Como se aprecia, el pacto UIA-CGT-Gobierno es a la medida de las patronales y financiado con plata del Anses. Como además, los $10.000 a quienes no tienen ingresos (Ingreso Familiar de Emergencia, IFE) también los financia el Anses, el saqueo a las jubilaciones es monumental. La primera consecuencia ha sido la eyección del titular del organismo Alejandro Vanoli, que se oponía a nuevas erogaciones y que había advertido que el reperfilamiento de bonos en manos del Anses terminaría con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, absolutamente empapelado de títulos públicos “pagadiós”. Claro que la consecuencia más importante se verá en junio, cuando corresponda la nueva cuota de movilidad jubilatoria, ya rebanada en marzo.
A este cuadro hay que agregar que las patronales industriales y otras, rotan el personal encuarentenado, lo que hace que las rebajas se generalicen. Pero además al habilitar las suspensiones generalizadas, las empresas ejecutan el ajuste productivo a su medida. Por otro lado, extreman la multifunción y la polivalencia laboral, con el argumento del necesario distanciamiento en la operatoria productiva.
Queda todavía la cuestión del salario de los empleados públicos. De esto el acta cegetista no habla. Pero el pacto, está firmado por Héctor Daer, Antonio Caló, Carlos Acuña y Andrés Rodríguez. Este último es el mandamás de UPCN, siempre anotada en la entrega de los estatales. Y ya se oyen algunas voces de la burguesía como la de Gabriel Zelpo (Consultora Zeido) que sugiere “rebajar los salarios públicos para no seguir emitiendo” (Clarín, 2/5).
En resumen, la CGT sin mandato alguno ha entregado al movimiento obrero al arbitrio patronal y del gobierno que descarga las consecuencias de esta enorme crisis económica, que la cuarentena del coronavirus ha llevado a estos niveles extremos. Los trabajadores están obligados a intervenir. Y lo están empezando a hacer.
Con sus sindicatos a la cabeza como el Sutna que ha rechazado las rebajas salariales, llevando dos quincenas abonadas al 100 del neto y peleando para continuar con la defensa del salario al mismo tiempo de exigir estrictos protocolos sanitarios para retomar la producción. Con el sindicalismo docente combativo enfrentando y organizando a los docentes frente a la virtualización forzosa, o desde abajo como los obreros de la carne de Penta, los plásticos de BedTime, los mineros de Andacollo, los repartidores y tantos trabajadores de la salud que protagonizan asambleas y reclamos, sometidos como están a la primera línea de lucha por la vida. Entre los desocupados, el Polo Obrero y el Frente de Lucha, movilizaron a la Plaza de Mayo el 1° de mayo con sus reclamos.
Mucho se habló en la previa a esta crisis del pacto social. El acuerdo CGT-UIA-Gobierno es ese pacto social en escena, y está a la vista su carácter y la función reaccionaria que viene a cumplir: rescate de la deuda, pasando la factura de la crisis a los trabajadores.
La clase obrera, desde abajo para arriba tiene que reaccionar, por eso planteamos más que nunca, ante la progresiva salida administrada de la cuarentena, la elección de comisiones obreras y el mandato a los cuerpos de delegados para actuar en defensa del salario y los puestos de trabajo, para reclamar los protocolos de higiene y distanciamiento, ocupando las empresas que cierren para imponer su continuidad. Todo el programa del PO y de la Coordinadora Sindical Clasista está al servicio de que la crisis la paguen los capitalistas, lo que abre el debate de una salida integral de los trabajadores.
Néstor Pitrola
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