El gobierno regatea la entrega del bono solidario y los bolsones de alimentos.
Según estadísticas del ministerio de seguridad de Panamá, aproximadamente 60 movilizaciones tuvieron lugar en las últimas semanas. Las calles panameñas se convirtieron en un verdadero polvorín, dado que el impacto del Covid-19 ha agudizado una crisis de fondo que recrudece las inmensas urgencias sociales que atraviesan al país, ante las cuales las medidas del gobierno se han revelado ampliamente insuficientes.
En medio de las protestas, el gobierno de la nación con mayor cifra de contagios de América Central prepara ya un plan de flexibilización de la cuarentena, respondiendo a las presiones de las patronales, y poniendo dichos intereses por encima de la salud de la población.
El fracaso del “Plan Panamá Solidario”
El 18/3 el presidente Laurentino Cortizo (del centroizquierdista Partido Revolucionario Democrático) anunció la creación del plan Panamá Solidario, mediante el cual se otorgaría a la población más afectada por el establecimiento de la cuarentena un bono mensual equivalente a 80 dólares (menos de la décima parte de la canasta básica familiar, que asciende a mil dólares) y bolsones de alimentos. Hoy día, alrededor del 75% de la población panameña se sitúa por debajo de la línea de pobreza, en tanto sus ingresos no alcanzan el costo mensual de la canasta básica familiar. A esta situación han conducido al país las administraciones de distintos signo político (el PRD, Cambio Democrático y el Partido Panameñista), todas ellas postradas frente al imperialismo yanqui, y que han transformado al país en un paraíso fiscal (recordemos los Panamá Papers).
Lo que motivó a cientos de miles a ganar las calles, sin embargo, no fue la insuficiencia del programa per se, sino las irregularidades y restricciones en su otorgamiento.
Lo que se reclama en los cortes de calles y accesos es, ante todo, que la situación entre los sectores más golpeados se ha vuelto totalmente insostenible. El bono de emergencia y el reparto de alimentos no han llegado a la mayoría de las barriadas populares, que hoy se encuentran sumidas en la desesperación. En algunos otros casos, también se acumulan las denuncias de bolsones incompletos o en mal estado. La respuesta del gobierno, por su parte, ha sido la detención de cientos de manifestantes en las distintas jornadas. En Loma Cová, en el distrito de Arraiján, 56 personas fueron detenidas y posteriormente sentenciadas al pago de multas y tareas comunitarias. En el corte de la vía Interamericana, en La Chorrera, se produjeron 43 detenciones, las cuales resultaron en la iniciación de causas penales y la tentativa de hacer efectivas las detenciones.
No obstante, el creciente descontento social -fogoneado a su vez por el accionar represivo-, ha presionado al gobierno a dar una respuesta. El pasado viernes se anunció la transferencia del bono en forma de “vales digitales” para 233 mil habitantes más, que se suman a los 80 mil iniciales otorgados el pasado 30 de abril. Esto ha logrado -hasta el momento- apaciguar el curso de las protestas. Sin embargo, la situación no deja de ser una bomba de mecha corta. En un país de más de 4 millones de personas, donde la pobreza alcanza al 75% de su población, la adjudicación de 300 mil bonos de emergencia a casi dos meses de su anuncio denotan una enorme penuria generalizada. La postal que mejor grafica esto es la aparición de interminables colas en los supermercados a poco de transferidos los vales. Por su parte, el sistema digital de los bonos de emergencia comenzó a dar muestras de sus límites, registrando sucesivas fallas en la mañana del martes.
La situación demanda una salida de fondo
Mientras este escenario conmueve aún a Panamá, se prepara el terreno para una flexibilización progresiva de la cuarentena. Pese a que el total de casos trepa por encima de los 7.500, convirtiéndolo en la nación más afectada de la región, la ministra de salud Rosario Turner anunció el inicio de un proceso paulatino de apertura de actividades económicas digitado por el gobierno. Esto se corresponde, ante todo, a las presiones que ejerce la clase capitalista de retomar las actividades, cuando el pico de contagios se espera dentro de las próximas semanas.
Las tendencias mundiales a la depresión económica golpearán severamente a la economía local, que administra el Canal de Panamá, clave en el comercio internacional. El Tesoro panameño depende de los ingresos por peajes que proporciona la vía interocéanica, que está bajo el mando de un organismo formalmente autárquico desde el 2000. La pandemia, y sobre todo el debilitamiento de la economía de Estados Unidos, principal “usuario” del canal, ya ha llevado a una enorme caída de las operaciones y a un funcionamiento con menos de la mitad del personal. Panamá se verá severamente afectada también por el impacto sobre el turismo, otra de las actividades importantes del país.
En este contexto, se redoblarán las presiones para trasladar el costo de la crisis sobre las masas. Desde el inicio de la cuarentena se reportan alrededor de 90.000 suspensiones de contratos sólo entre los trabajadores formales, que representan la mitad de la masa laboral panameña. Es de suponer entonces que la cifra de suspensiones y despidos aumenta entre los trabajadores no registrados.
Mientras tanto, el país centroamericano contrajo deuda por más de 1.300 millones de dólares con organismos financieros (FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo) a mediados de abril. Esto aumenta el peso de la deuda externa que escalaría en el presente año, según la consultora Moody’s, a casi 35 mil millones de dólares; a razón de un 53.2% del PBI.
La intervención independiente de los trabajadores, profundizando el ejemplo de las masivas protestas de las últimas semanas, es el camino a seguir para evitar que el costo de la crisis sea descargado sobre los hombros de las masas. Por el no pago de la deuda externa, la centralización del sistema de salud, la nacionalización de la banca y la gestión obrera del Canal de Panamá.
Manuel Taba
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