Venezuela, golpismo y crisis social

El capitán venezolano Javier Nieto Quintero y el militar retirado estadounidense Jordan Goudreau

En un nuevo episodio de las agresiones golpistas contra Venezuela, esta semana se produjeron dos desembarcos frustrados en sus costas, protagonizados por lanchas con tripulantes fuertemente armados. La movida formaba parte de un plan más general para destituir al gobierno, la “Operación Gedeón”, cuya paternidad se ha atribuido el fundador de Silvercorp USA, Jordan Goudreau, una compañía de mercenarios que desempeñó un activo papel en Irak y Afganistán. Entre los detenidos durante los desembarcos figuran militares desertores que participaron del intento de golpe del 30 de abril de 2019 y -según denuncia el gobierno- dos miembros de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Los efectivos se entrenaron en Colombia, cuyo gobierno está en la primera fila de las provocaciones contra el gobierno venezolano.
El líder de Silvercorp filtró buena parte de los detalles de la operación a la prensa y denuncia que aún no ha cobrado por sus servicios. Presentó un documento que hace las veces de contrato (por 212 millones de dólares, de los que debían anticiparse 50, y que pone como garantía los ingresos del petróleo), con fecha de octubre pasado, donde se ve la firma de Juan Guaidó (autoproclamado presidente de Venezuela), quien hasta ahora no ha desmentido los hechos.
El ataque mercenario viene precedido del despliegue de buques norteamericanos en las costas venezolanas, con el pretexto del combate al terrorismo. Previamente, Trump había endurecido las sanciones contra el país y había lanzado el llamado a un gobierno de transición, sin Nicolás Maduro. Ese plan fue respaldado por varios países de la Unión Europea.
El golpismo sigue activo, pese al fracaso de las intentonas de febrero y abril del año pasado, que debilitaron fuertemente a Guaidó y acentuaron la disgregación opositora. Frente a las nuevas operaciones, las Fuerzas Armadas ratificaron expresamente su respaldo a Maduro.

Crisis social

La situación venezolana se encuentra atravesada por una agudización de la crisis económica y social, al calor de las sanciones yanquis, el agravamiento de la crisis mundial y los desmanejos del gobierno de Maduro. En las últimas semanas se han desarrollado saqueos a comercios y pequeñas protestas en varias ciudades, motorizadas por problemas con los servicios (cortes de energía, falta de agua potable, etc.) y las dificultades para acceder a alimentos. Las fuerzas de seguridad reprimieron brutalmente, dejando varios muertos.
La pandemia impulsó una enorme especulación con el precio de los alimentos, en una economía que no logra salir de la hiperinflación. Para contener el impacto socialmente explosivo de esta situación, el gobierno se ha visto obligado a intervenir algunas alimenticias (Coposa) y ha instituido una supervisión de las ventas en otras (Polar), a la vez que ha lanzado un control de precios sobre una treintena de productos y dispuso un aumento del salario mínimo y las jubilaciones. Pero con el aumento, que llevó el mínimo a 800 mil bolívares (poco más de 4 dólares) y las jubilaciones a 400 mil, no se revierte el derrumbe del poder adquisitivo. Un kilo de carne está en 2,40 dólares y un cartón con treinta huevos en 3 dólares (El Pitazo, 27/4). El cuadro se completa con una escasez de combustibles. La industria está trabajando a una capacidad instalada del 21%, lo que está llevando a la patronal Conindustria a un intenso lobby para el levantamiento de la cuarentena.
Visto el profundo dislocamiento económico, el gobierno depende cada vez más de la fuerza bruta. Se ha acentuado la militarización en los barrios. A su vez, en el penal de Guanare, estado de Portuguesa, 47 presos fueron masacrados por las fuerzas de seguridad tras un motín que habría sido originado por falta de alimentos. Ya hubo tres motines en el año con casi 100 muertos. Las cárceles venezolanas se encuentran desbordadas, no hay servicios de salud y proliferan las bandas criminales (pranes).

Petróleo

Un aspecto fundamental de la crisis venezolana está referido al petróleo, principal ingreso del país, cuyos precios se han desplomado en el mercado internacional. En Venezuela se ha derrumbado la capacidad de producción (700 mil barriles diarios contra los 3 millones de 1999) y de refinación y escasea el combustible.
En este marco, el gobierno ha reemplazado al militar Manuel Quevedo como titular de Pdvsa (la petrolera estatal) y del ministerio de Petróleo, colocando en esos lugares a Asdrúbal Chávez y Tareck El Aissami, dos hombres que serían muy próximos a Maduro. El objetivo sería avanzar en una privatización de la compañía. Algunas versiones periodísticas hablan de un documento de reestructuración que plantea reducir la participación estatal en empresas mixtas (hasta el 50,1%, el mínimo que establece la actual Ley de Hidrocarburos) y eliminar firmas como PDV-Marina, Pdvsa-Bolivia, Argentina o Ecuador (El Pitazo, 3/5). Estas versiones especulan inclusive con una supresión de los subsidios a los combustibles, medida en la que el gobierno nunca ha avanzado debido a su impacto social devastador. Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa, hoy enfrentado al gobierno, denuncia en tanto que el plan oficial apunta a que la empresa deje de ser una operadora y se limite a administrar contratos entre privados (ídem, 2/5), lo que presenta como el corolario de la destrucción de la firma estatal por parte del gobierno.
El filón de negocios que ofrece una potencial reestructuración de Pdvsa coloca la cuestión venezolana en el plano internacional. Ante las sanciones norteamericanas, Chevron ha debido limitar sus operaciones en el país y la petrolera rusa Rosneft se ha retirado, dejando su lugar directamente al Estado ruso. Pero Chevron muestra una reticencia a retirarse completamente de Venezuela, seguramente por temor a ceder todo el terreno a los rusos. Las riquezas de Venezuela son objeto de una disputa de alcance global.
El rechazo al golpismo no nos debe hacer perder de vista el carácter ajustador y represivo del gobierno de Maduro. Está planteado desarrollar un plan de reivindicaciones frente a la pandemia y la lucha para que la clase trabajadora emerja como un factor político indepediente en la crisis.

Gustavo Montenegro