La presión del movimiento por la liberación de los presos de la revuelta viene siendo una piedra en el zapato para Boric, incluso desde antes de asumir la presidencia. La política represiva de su antecesor, el derechista Sebastián Piñera, arrojó un saldo de 3000 presos políticos. Según el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, sólo entre octubre del 2019 y marzo del 2020, más de 11.300 personas fueron detenidas y cerca de 2.500 encarcelados. Por su parte, el Ministerio Público informó que hasta el 6 de diciembre de 2020 fueron detenidas 28.210 personas. De éstas, 5.084 fueron "formalizadas", 648 se mantuvieron bajo prisión preventiva y 725 fueron condenadas por “desórdenes” o “daños a la propiedad privada”. Desde entonces, nació un movimiento por la libertad de los presos de la revuelta que fue adquiriendo una fuerza masiva en todo el país y una resonancia internacional, especialmente entre los jóvenes. En cada marcha, reunión, acto o concierto, se convirtió en infaltable el canto “no estamos todos, faltan los presos”.
Los juicios contra los presos de la revuelta se caracterizaron por las condenas sin pruebas y basadas exclusivamente en los testimonios de agentes de las fuerzas represivas. En el caso del preso político Jordano Santander, fue condenado a 7 años y 4 meses de cárcel por “homicidio frustrado”. La única 'prueba' fue la declaración de un miembro de la Policía de Investigaciones, quien aseguró que “percibió en los ojos de Jordano el ánimo homicida”. Este único elemento le bastó a la justicia para dictar su sentencia.
Los organismos de Derechos Humanos han dejado constancia de la generalización de la forma de “prisión preventiva” a partir de la revuelta, que mantuvo detenidos a numerosos manifestantes durante años sin juicio ni condena. El propio Estado se constituyó en querellante en más de 100 causas contra luchadores. Para estos procesos, se recurrió a la represiva Ley de Seguridad del Estado, actualizada por última vez por la dictadura pinochetista, que tipifica casi cualquier acto de manifestación política como ‘terrorista’. No fueron pocos los que denunciaron torturas e intentos forzados de arrancar 'confesiones'. La represión dejó, por otra parte, más de 400 personas con pérdidas oculares y cerca de 60 luchadores asesinados.
Ante la cantidad de denuncias públicas por esta situación, en diciembre del 2020, senadores de la oposición presentaron en el Senado un proyecto de ley de indulto a los presos de la rebelión (que posteriormente fue mutando a una amnistía, con una amplitud más acotada). El presidente de aquel momento, Sebastián Piñera, había anunciado su veto a una posible aprobación de la ley. El proyecto no llegó nunca a ser tratado bajo la presidencia de Piñera ni, luego, bajo el de Boric.
Al comienzo de su campaña electoral, en 2020, el entonces candidato frenteamplista lanzó la promesa de liberar a los presos de la rebelión popular. Esta misma promesa, sin embargo, desapareció de los discursos de campaña luego de la primera vuelta presidencial, ante el resultado ajustado con el derechista José Antonio Kast, que se impuso en esa instancia. Incluso, Boric vio la necesidad de despegarse de esa posibilidad señalando que el indulto por ningún motivo puede beneficiar a los manifestantes que protagonizaron “acciones violentas”, mucho menos cuando éstas fueron contra la policía chilena, los carabineros.
Luego de su triunfo con un 55.87 %, el presidente electo realizó un acto en Plaza Dignidad (la plaza emblema de la rebelión), donde una multitud le recordó a coro aquella promesa de comienzos de su campaña. En ese entonces, Boric se limitó a responder “he hablado con las familias”.
Durante los primeros meses de mandato, el gobierno anunció la intención de “acelerar” el tratamiento del proyecto de amnistía en el Senado. Según el entonces secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, la decisión de tratar este proyecto apuntaba a “revisar y sanar ciertas heridas que dejó el estallido en la sociedad”. Poco tiempo después, le correspondió a la vocera de gobierno Camila Vallejo anunciar públicamente que estaba descartado que el proyecto tomara un carácter de urgencia. Los presos y sus familiares expresaron su bronca con el gobierno y el incumplimiento de sus promesas.
Luego de varios meses sin avances con el proyecto de ley y con sectores de su propio espacio político lanzando reclamos públicos al respecto, Boric decretó los 13 indultos. Éstos fueron recibidos con festejos por parte de algunas asociaciones de familiares de estos presos. Dirigentes del Partido Comunista (integrante de la coalición oficialista) caracterizaron los indultos como un gesto que “reivindica la protesta social”. Otros sectores, incluso de la propia coalición gobernante, reclamaron por el carácter limitado de la medida: “no es un error que el presidente cumpla con su palabra. El error es no seguir indultando, hay más familias que esperan“, dijo al periódico El Mercurio la diputada oficialista Claudia Mix.
Los indultos de Boric llegan en medio de un derrumbe de su imagen y de un nuevo descalabro económico y sanitario. La derecha fascista le ha arrebatado la iniciativa política e impuso su agenda. Como parte de ese proceso, el gobierno aumentó el presupuesto de las fuerzas represivas y convocó a la oposición fascista a una mesa de negociaciones por la cuestión de la ‘seguridad en las calles’ (el caballo de batalla para aumentar la infraestructura represiva). Esta derecha dirige actualmente la puesta en marcha de la nueva Asamblea constituyente.
Los sectores derechistas salieron a la ofensiva contra el gobierno por los indultos. En primer lugar, se retiraron de la mesa de la seguridad a la cual los habían convocado, argumentando que Boric estaba indultando a los “delincuentes”. Luego, anunciaron el lanzamiento de una arremetida judicial contra el gobierno. Se trataría de “acusaciones constitucionales” contra diferentes funcionarios; entre ellos, la Ministra de Justicia, Marcela Ríos. La presidenta del Partido Socialista (parte del gobierno), Paulina Vodanovic, declaró que “las acusaciones constitucionales progresivamente se están utilizando para presionar al gobierno”. La presión, sin embargo, tuvo un resultado inmediato. Antes de que se llegara a presentar cualquier acusación, Boric anunció la salida del gobierno de su Jefe de Gabinete y de la Ministra de Justicia, a quienes solicitó su renuncia.
Con la entrega de sus ministros, Boric envalentonó aun más a la derecha. Plantean la revocación de los indultos y no descartan una acusación constitucional contra el propio presidente. La inefable Camila Vallejo, del Partido Comunista, se apresuró en salir a anunciar en los medios que no habrá más indultos.
En la actualidad existen diferencias de cálculos sobre la cantidad de luchadores que aún continúan detenidos desde la rebelión. Se estima que son 211 las personas que aún se encuentran privadas de su libertad. De ellas, 144 se encuentran en prisión preventiva y otras 67 tienen sentencias firmes. El Estado aún sigue siendo querellante en cientos de causas contra manifestantes. Los casos de torturas, violaciones y asesinatos a manos de carabineros durante la represión, se mantienen impunes.
El gobierno de Boric se prepara para más defecciones ante la derecha. La ofensiva fascista debe ser enfrentada en las calles, con asambleas y movilización popular.
Hoy más que nunca: ¡No estamos todos, faltan los presos!
El Be
09/01/2023
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