A esta cifra monstruosa hay que sumar la deuda privada, acumulada por las empresas capitalistas que actúan en el país que, junio pasado, equivale a otros 83350 millones de dólares, de los cuales más de 33.400 millones son deuda con empresas del exterior de un mismo grupo. La deuda privada equivale al 75% de la deuda con el FMI.
El ajuste obsceno contra los trabajadores desocupados que está aplicando el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa y Victoria Tolosa Paz, dando de baja 160 mil planes sociales que son apenas una primera tanda, es el inicio de otro año de ataques a los trabajadores de parte del peronismo, para que las masas paguen la quiebra nacional y para encubrir a los verdaderos responsables del derrumbe.
A esta mochila que agobia la espalda de los trabajadores, hay que agregar también el endeudamiento de todas las provincias del país, cuyo ranking encabeza Buenos Aires.
Kicillof, ajustador y pagador serial
Las provincias argentinas debieron afrontar el 2022 con vencimientos de títulos públicos de sus respectivas deudas por 523 mil millones de pesos, el 50% de los cuales corresponden a la provincia de Buenos Aires, sólo correspondientes a deuda reestructurada de los años 2020 y 2021, y sin considerar las obligaciones en dólares, pateadas para pagos más adelante. El informe oficial sobre la deuda provincial, a junio 2022, señala que las acreencias bonaerenses, en un 72,8%, están constituidas por “bonos ley internacional”, mientras que los préstamos con agencias multilaterales de crédito, el gobierno nacional y los préstamos OCDE representan el 8,1%, 1,5% y 1,2%, respectivamente.
Sentado sobre este polvorín, Kicillof no ha dejado de pagar desde que asumió, dándole la derecha no sólo a su archienemiga y predecesora Vidal sino también a Daniel Scioli. Este último dejó a la provincia hipotecada con una deuda de 10.400 millones de dólares, que Vidal honró y también incrementó a 12 mil millones. El gobernador cristinista –a pesar de los pagos realizados y las reestructuraciones que se vienen- es responsable de un endeudamiento que a la fecha alcanza los 10.813 millones de dólares.
En estos días, el gobernador Kicillof y Facundo Moyano se enfrentaron en un conflicto que afectó el cobro de peajes en las autopistas provinciales (Aubasa) que, según los funcionarios bonaerenses, implicaron una pérdida de 60 millones de pesos, equivalentes a la construcción de 5 escuelas.
Con los pagos de los vencimientos de bonos de este 2022 solamente, tomando los costos de construcción planteados por Aubasa, ¡se hubieran podido construir 836 millones de escuelas!
La política de Kicillof en la provincia es un calco de la de Alberto, Cristina y Massa en el país. Mientras los últimos condonan deudas a las grandes eléctricas, como Edesur y Edenor, pagan subsidios de $30 mil millones por mes a las empresas de colectivos, algo que los patrones del transporte consideran insuficiente, por lo que paralizan cada tanto el servicio. Además, destina $4800 millones para las distribuidoras eléctricas bonaerenses, exenciones impositivas a los capitalistas y líneas de créditos para los patrones del agro, bajo la justificación de paliar la sequía.
Los presupuestos a la baja, en educación salud, vivienda y gasto social, aprobados para el 2023 con el acuerdo de Juntos por el Cambio, y las paritarias de pobreza de estatales, salud, municipales, judiciales y educación profundizan el ajuste, con la colaboración de toda la burocracia sindical, especialmente la de Yasky y Baradel.
No hay 2023 con los ajustadores y agentes del FMI. En el camino de los trabajadores del neumático del Sutna, de los trabajadores de la salud de CABA, que marcaron el 2022 con sus grandes luchas triunfantes, de los trabajadores portuarios hoy. Pongamos en marcha un plan de lucha en la provincia y en todo el país, por nuestros reclamos y para terminar con los gobiernos que han hambreado desde hace décadas a los trabajadores.
Daniel Sierra
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