Es cierto, sin embargo, que Massa necesita bajar la tasa de crecimiento de los precios por motivos importantes. Uno es evitar que la emisión monetaria desbocada, que se ha acentuado bajo su gestión, no se espiralice en una hiperinflación; otra es que no condene al oficialismo a un desastre electoral o incluso a la caída del gobierno. Una reducción de la tasa de inflación le permitiría también bajar el ritmo de devaluación del peso y aproximarse al objetivo de unificar el mercado de cambios. El planteo goza del apoyo del FMI y del capital internacional en general, como lo demuestra el crecimiento espectacular que ha tenido la deuda pública en un país que tiene la calificación de default. Ese aumento representa el financiamiento adicional que el gobierno ha obtenido del FMI, los nuevos créditos de organismos internacionales e incluso de China (uso del canje entre pesos y yuanes) y la compra de títulos públicos en pesos, que se ajustan por dólar o inflación, por parte de bancos, fondos comunes y fideicomisos. En este último caso, sin embargo, se registra una venta de esos títulos al Banco Central y otros bancos públicos, Anses y hasta provincias. Estos organismos han recogido la basura financiera del mercado, lo cual a tetanizado a las finanzas públicas. Con la perseverancia de un candidato eventual a la Presidencia apoyado por el FMI y el Tesoro de Estados Unidos, Massa viene preparando la madre de todas las crisis.
Con el pretexto de alcanzar ese objetivo artificioso, Massa consiguió que una mayoría de la burocracia de la CGT se avenga a poner a las paritarias un techo del 60% anual –divididas en aumentos del 30% por semestre. La promesa de bajar la inflación arranca por desvalorizar primero el salario, cuyo poder adquisitivo ha caído un 30% en el último quinquenio. Por debajo de la superficie ocurre incluso algo más grave: el crecimiento de los obreros ‘factureros’, o sea trabajadores en relación de dependencia que cobran como monotributistas. La confiscación de la fuerza de trabajo ocurre por sobre todo en el proceso de producción, antes que en la distribución de ingresos. Bajo el gobierno nacional y popular tiene lugar una contrarrevolución social que supera al macrismo y a la misma dictadura militar.
La noticia del día es, sin embargo, el supuesto control de precios que Massa había asignado al sindicato de Camioneros. El titular de la noticia suena radical –los obreros controlando a los patrones. El llamado control de precios es, de todos modos, un recurso largamente usado por el Estado cuando se propone enfrentar la inflación sin provocar una recesión o depresión de la economía. El propósito de reducir la inflación mediante el aumento de la tasa de interés, como ha venido haciendo el Banco Central, ha fracasado –ir más lejos por esta vía provocaría un derrumbe industrial. Visto de esta manera, la apelación al control de precios enfrenta a una parte de la burguesía industrial, de un lado, y el capital financiero, del otro. Massa se jacta, precisamente, de mantener el crecimiento de la producción y el empleo, y hasta desafía los pronósticos negativos que parten de las consultoras, el FMI o el Banco Mundial. La inflación, por otro lado, crea un beneficio extraordinario para el capital industrial, que adelanta la remarcación de precios con el argumento del costo de reposición. Para quienes importan insumos al precio del mercado oficial y venden luego la manufactura al del paralelo, la llamada ‘brecha cambiaria’ ha sido un filón enorme de beneficios. Es claro que se impone la necesidad de un control de precios que arranque desde la producción. Esto sólo puede hacerlo, objetivamente, la clase obrera.
El control de precios de Massa es singular. Quienes adhieran al sistema de “precios justos”, que establece aumentos del 4% mensual, tendrán acceso prioritario a las divisas para importar. Se trata de un negociado. Esto, sin embargo, ha desatado una disputa entre los monopolios de proveedores y los supermercados. La razón es que los proveedores no reemplazan en tiempo y forma los productos bajo control que son arrebatados por la demanda de los consumidores. A la inflación se ha sumado el desabastecimiento. Los monopolios alimenticios derivan la producción a los comercios que no integran el sistema de ‘’precios justos”. Los supermercadistas se alinean en esta disputa con el gobierno, pero no al extremo de apoyar la intervención de Camioneros. Los Moyano no han sido llamados a controlar precios sino a informar sobre el abastecimiento. Se asiste a otra crisis de los castillos de naipes que arman Massa y su equipo, que visten a unos y desvisten a otros. Es el sistema de toma y daca, como ha ocurrido notoriamente con el ‘dólar-soja’ y ahora con el canje de “precios justos’ por divisas de importación.
La burocracia de los Moyano añade a esta crisis su propia cosecha –la capacidad que esta función de control le da para extorsionar empresas, no sólo medianas sino grandes. Lo que tendremos de aquí en más es el “amague y recule” con que Cristina Kirchner caracterizó a su gobierno, al peronismo y a su corriente. Sin embargo, desde las entrañas de la propia crisis irrumpe la cuestión del control obrero de la producción. En este caso, la logística de los camioneros emerge como un factor poderoso para informar sobre la producción. Si este sistema se combinara con los trabajadores de cada gran empresa, se sentarían las bases de una planificación de la economía –no sólo en cuanto a abastecimiento, sino producción y necesidades de inversión. Una vez más se pone de manifiesto el carácter irremplazable de la clase obrera en el proceso de la producción social. La otra cara del derrumbe capitalista es la necesidad que crea de producir una reorganización económica bajo la dirección del proletariado.
Jorge Altamira
17/01/2023
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