El gobierno nacional, a través de un decreto, extendió la emergencia ígnea hasta 2024 y llama a intensificar las medidas ante “el peligro inminente de una catástrofe ambiental”, por la falta de lluvias, las altas temperaturas, vientos fuertes cambiantes, y la sequía extrema que estamos viviendo no solo en Argentina, en Uruguay por ejemplo está afectando al 60% del país.
Sin embargo, el texto del decreto es una nueva cortina de humo. El gobierno de los Fernández, Massa y Cabandié, que posan como defensores del ambiente, no destinaron en ninguno de los casos los recursos necesarios para apagar el fuego. Las consecuencias están a la vista: millones de hectáreas quemadas, pérdidas irreversibles de biodiversidad, destrucción de humedales y bosques nativos, trabajadores que pierden sus casas y fuentes de trabajo, brigadistas que arriesgan su vida sin ningún tipo de apoyo del Estado y en condiciones de extrema precariedad.
En este contexto, el gobierno anunció la creación de una unidad de prevención de delitos ambientales. Lo que parece un hecho positivo en realidad es una farsa: el artículo 11 de la resolución indica que “la presente medida no implica erogación presupuestaria alguna al Estado nacional”, lo que quiere decir lisa y llanamente es que no van a poner un solo peso para prevenir los incendios.
En la Provincia de Córdoba, por ejemplo, una de las principales afectadas por el fuego, la Legislatura votó un presupuesto para 2023 que reduce lo que se destina a la protección del ambiente. En Tierra del Fuego, el gobierno de la provincia recorta un 30% a los bomberos voluntarios, que se le suma un recorte anterior del 20%, y en el presupuesto nacional el gobierno del Frente de Todos recortó un 5% del Plan Nacional del Manejo del Fuego. Está claro que la orientación de todos los gobiernos es la de cumplir con la exigencia del FMI de achicar el gasto público. Como dijo el Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, no se puede pagar la deuda sin contaminar.
Lejos de encontrar la responsabilidad en acciones individuales irresponsables, lo que está detrás de los incendios son grandes negocios capitalistas. Para terminar con esta situación hay que ponerle un freno al avance del capital agrario y los especuladores inmobiliarios que buscan, sobre la base de la eliminación de pastizales, la destrucción de humedales, y la quema de bosques nativos, habilitar nuevas áreas de explotación agrícola y ganadera, la quema de basura y los emprendimientos inmobiliarios millonarios, como es el caso de la Costanera Sur y la Reserva Ecológica en CABA. La combinación entre el factor intencional y el cuadro de sequía histórica está provocando la enorme crisis actual.
Estos intereses sociales son los que están detrás de las quemas, por un lado, y del avance sobre los humedales, por el otro. Pero son ellos mismos los primeros en ser reconocidos por el Estado como damnificados, reclamando líneas de crédito e indemnizaciones por las pérdidas de la producción.
Que se destinen los recursos necesarios para apagar los focos activos, por la sanción inmediata de una Ley de Humedales que realmente los proteja de los negocios capitalistas, contra la precarización laboral y por condiciones de trabajo dignas para bomberos y brigadistas. Solo el movimiento ambiental en unidad con el movimiento obrero y piquetero, organizados de manera independiente al Estado, podemos llevar adelante estos reclamos para defender el ambiente y nuestras condiciones de vida.
Santiago Galindo
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