Partido de los Comunistas:
En apenas 12 minutos con 40 segundos, a través de una verdadera actuación televisiva -montada, producida, editada y dirigida por el Banco Mundial- el señor Felipe Calderón pretendió destruir la obra que realizaron hace 70 años los verdaderos expropiadores del petróleo: el Presidente Lázaro Cárdenas del Río y la clase obrera mexicana.
Al mismo tiempo, en la capital del imperio el Banco Mundial presentaba un informe de su programa de "cooperación y asistencia" en materia energética con el gobierno mexicano para los próximos cinco años, mediante el cual compromete préstamos por al menos 800 millones de dólares anuales.
Haciendo gala de una sincronización perfecta con el imperialismo, el encargado del Ejecutivo Federal presentó 5 Iniciativas de reforma legal ante el Senado de la República, con la intención de liquidar lo que resta del patrimonio de la Nación mexicana.
Esta llamada "reforma energética" que el gobierno ha preparado, promovido y presentado con una burda campaña de mentiras, falsedades, engaños y postulados retóricos, como aquellos que dicen: "... no se privatiza PEMEX..."; "...el petróleo es y seguirá siendo exclusivamente de los mexicanos..."; "...el petróleo es emblema de la soberanía nacional..."; "...PEMEX conservará la propiedad del petróleo y de todos los productos que de él se obtengan...", cuenta al parecer con el apoyo de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, dispuestos siempre a mantener su alianza antipatriótica con el Partido Acción Nacional, y con el rechazo violento de algunos de los legisladores del PRD y de vastos sectores de la población.
El llamado "Diagnóstico: situación de PEMEX" es un documento que bien podría servir como prueba para llevar a juicio penal y político a los gobernantes neoliberales de los últimos 25 años por el delito de traición a la Patria.
La privatización de PEMEX está en marcha desde hace ya algunos años. Lo que pretende la iniciativa de Calderón es legalizar las prácticas indebidas en el manejo de PEMEX.
PEMEX es objeto del más despiadado saqueo por parte de nuestro gobierno que utiliza esos fondos para su gasto corriente, para no castigar con impuestos a los grandes causantes que son los predilectos del régimen.
Desde que los neoliberales convirtieron a nuestro gobierno en una dependencia de la administración norteamericana, el Estado ha dejado de representar los intereses, los derechos patrimoniales y políticos de la Nación mexicana, y ha dejado de ser depositario de la soberanía popular. La experiencia de los últimos 25 años acredita que nuestros gobernantes han entregado a los monopolios extranjeros la mayor parte de las antiguas empresas del sector público, aún aquellas reconocidas como estratégicas, con el agravante de que el gobierno devuelve a los inversionistas el precio que pagaron por ellas, pero multiplicado por diez, como en el caso del llamado rescate bancario.
Nuestros gobernantes han desmantelado el orden constitucional y han eliminado todas aquellas leyes y reglamentos que impedían a los monopolios penetrar libremente en nuestro territorio con sus inversiones y mercancías, para despojar al país de sus riquezas, sin más límites que los señalados por su propia voracidad. Esta política liberal respecto de los monopolios ha cancelado el crecimiento de la agricultura, la ganadería y la industria nacionales, lo que provoca un éxodo impresionante de mexicanos a los Estados Unidos.
El llamado Estado mexicano está integrado además por funcionarios corruptos y apátridas que son precisamente los responsables de la crisis financiera y operativa de nuestra industria petrolera, a pesar del alto margen de ganancias que obtiene. Resulta paradójico que los mismos que arruinaron a PEMEX sean los que nos proponen la solución: deshacernos de esa empresa y que la Nación mexicana desparezca sin estridencias, disturbios callejeros, de manera democrática, ordenada y pacífica.
El Partido de los Comunistas se opone naturalmente a que se devuelva nuestro petróleo a las antiguas compañías extranjeras expropiadas por el Presidente Cárdenas. Ceder de manera definitiva nuestro sector energético a los monopolios extranjeros es clausurar toda posibilidad de decidir autónomamente nuestro desarrollo y dejar de ser formalmente un país independiente. Pero estamos también en contra de que el llamado Estado mexicano siga controlando la industria petrolera, porque es un Estado desnacionalizado, servidor en la práctica, de los intereses del imperialismo.
Las nacionalizaciones en México fueron concebidas de manera distinta a las nacionalizaciones en Inglaterra. Allá tenían la función de apoyar a los monopolios y asegurarles enormes ganancias; aquí la de garantizar el desarrollo económico y social de nuestro país sin interferencias de monopolios ni de gobiernos extranjeros. Allá la propiedad de las empresas nacionalizadas correspondía al Estado, aquí corresponde a la Nación mexicana. Las nacionalizaciones en México, a partir de la expropiación petrolera, jugaron un papel altamente positivo, cuando la correlación de las fuerzas políticas era favorable a los partidarios de la independencia nacional, del progreso y de la democracia. Por el contrario, cuando esta correlación favorece a los reaccionarios y a los enemigos de la Nación, las empresas nacionalizadas se convierten en proveedoras de contratos, de energía, de transportes y de materias primas baratas para los monopolios nacionales y extranjeros. En el primer caso, las nacionalizaciones impedían el control de nuestra economía por parte de los capitales foráneos, en el segundo caso facilitan ese control.
La reforma energética que propone el encargado del Poder Ejecutivo no tiene otro propósito que legalizar lo que en la práctica está ocurriendo: poner a PEMEX al servicio de la voracidad norteamericana en materia de energía. La legislación que propone el Comandante Supremo de nuestras fuerzas armadas es contraria a la Constitución y a la tradición nacionalista, patriótica y anti monopólica que puso en marcha el General Cárdenas con la expropiación petrolera, que fue considerada históricamente como la segunda independencia de México, la independencia económica.
Es muy importante distinguir entre lo que es la Nación mexicana y lo que es el Estado.
La Nación está integrada por la mayor parte de nuestra población que tiene una comunidad de origen y de historia, una comunidad de territorio, una comunidad económica y un mismo lenguaje que expresa su comunidad cultural y sicológica, mientras que el Estado no es más que un puñado de burgueses, de ricos, de empresarios, más extranjeros que nacionales que se han organizado jurídicamente como clase dominante en nuestro país. Es un aparato que cuenta con la fuerza pública para someter a las clases explotadas y al pueblo trabajador bajo el yugo de los explotadores, someter también a la Nación mexicana a los dictados del imperialismo.
Según lo dispone el artículo 27 constitucional, el petróleo y la industria petrolera son propiedad de la Nación y no del gobierno ni del Estado.
A los comunistas nos parece que más merecimientos tiene la clase obrera, que en su momento expropió la industria petrolera, para representar en esta materia a la Nación mexicana.
Por esta razón, los comunistas proponemos que PEMEX sea controlada por la clase obrera y especialmente por los trabajadores técnicos y manuales de esa rama de la producción económica.
Por ello, los comunistas llamamos a la clase obrera a tomar las instalaciones de Petróleos Mexicanos. Y no solo eso, la clase obrera debe tomar en su momento, todos los medios e instrumentos de la producción económica y del cambio, y aprovecharse íntegramente de la riqueza que producen.
La clase obrera debe tomar en sus manos también el poder político, porque solo un Estado proletario puede garantizar la independencia de la Nación mexicana y la elevación permanente de las condiciones de vida de nuestro pueblo.
Fuente: Partido de los Comunistas / RedGlobe
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