A lo largo de 50 años las administraciones norteamericanas se han ido turnando para hacer lo mismo: endurecer o flexibilizar las medidas del bloqueo, pero este nunca ha cambiado en su esencia y, como dijera un investigador cubano, es sin dudas el asedio más prolongado de la historia de la humanidad. La cuestión es el porqué.
Desde su génesis se declaró por los propios norteamericanos que el objetivo del bloqueo era crear hambre y desaliento; impedir que Cuba ingrese divisas y causar graves daños económicos; hacer creer la inviabilidad de nuestro proyecto social e inculcar en las mentes de los cubanos que somos incapaces por nosotros mismos de enfrentar las dificultades; en fin, socavar la Revolución desde dentro.
Sin embargo, no lo han logrado en medio siglo. Cuba ha resistido y ha vencido al bloqueo demostrando una férrea resistencia, apegada a su inalterable historia de lucha. La comunidad internacional acaba de volver a patentizar en la ONU su rechazo al bloqueo por decimoctava ocasión. Por tanto, ¿qué fuerza dentro del imperio puede hacer que se lacere su «orgullo» de potencia mundial sin importarle reafirmar su desvergüenza ante el mundo?
¿Por qué persiste el bloqueo a Cuba si, como se dice, nuestro país no está en la prioridad de la agenda exterior de Estados Unidos?; ¿por qué inventan listas negras e increíbles argumentos para tener siempre a Cuba en el banquillo del «mal» y así mantener las «justificaciones» del bloqueo?
Podrían ser muchas las respuestas, pero hay un elemento que siempre ha estado detrás del ejecutivo norteamericano ejerciendo su poder desde la sombra: las transnacionales. Muchos pudieran pensar que se trata de una idea trasnochada en el caso Cuba al paso de 50 años y en la era de la globalización, pero no es así.
Dos meses después del 19 de febrero del 2008, cuando nuestro Comandante en Jefe anunció que renunciaba al cargo de Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, se publicó en la CNN Money.com, con el título: «Lo que está en juego en Cuba para las corporaciones», que las acciones de la compañía OfficeMax se habían elevado en un 12 por ciento con esta decisión del compañero Fidel, motivado porque se había hecho dueña de la Compañía de Electricidad y de la papelera Boise Cascade, propiedades norteamericanas que se le reclamaban a Cuba.
¿Qué quiere decir que al cabo de 49 años una empresa norteamericana se había hecho dueña de la extinta y legalmente nacionalizada «Compañía de Electricidad de Cuba»? ¿De dónde salió semejante enajenación? Pues bien, un grupo de transnacionales norteamericanas se han ido trasladando de una en otra, el sueño de recuperar las propiedades nacionalizadas en Cuba u obtener un valor compensatorio que los propios EE.UU han definido unilateralmente.
Es en la segunda mitad de la década del 70 cuando data un notable ejercicio de influencia política de estas transnacionales con el objetivo precisamente de frenar los aires antibloqueo que corrieron por primera vez en los pasillos del Congreso norteamericano, condicionado por algunas compañías que argumentaban que el bloqueo a Cuba menoscababa sus intereses.
En esa fecha al parecer se ponen a prueba los poderes corporativos transnacionales norteamericanos en una «secreta» y descarnada guerra sobre Cuba, en la que prevaleció la posición e influencia del Joint Corporate Conmittee on Cuban Claims (JCCCC), creado en 1975 y que reunió a unas cinco decenas de compañías afectadas por las nacionalizaciones en Cuba con el fin común de exigir al gobierno de EE.UU una elevada compensación por los «daños».
El JCCCC ha estado acompañado en su posición desde un inicio por otro grupo de transnacionales asociadas a intereses económicos en Louisiana, Florida, California y otros estados, porque los renglones o servicios que allí se producen, son similares a renglones exportables cubanos y entrarían supuestamente en competencia comercial si se produjese el cese del bloqueo, lo cual es lamentable debido a que estudios realizados en las propias universidades norteamericanas e incluso expuestos algunos de estos resultados en el Comité de Finanzas del Senado estadounidense, demuestran la no afectación a dichos intereses.
Lógicamente no podría estar ajeno el segmento reaccionario de la comunidad cubana en EE.UU., con reclamantes en su mayoría particulares, los que también han ejercido una fuerte presión desde la década del 80 mediante el oneroso aporte del lobby anticubano a sus «representantes» permanentes en el gobierno y a otros que a lo largo de la historia del conflicto han ido comprando y comprometiendo. Es archiconocido el papel de la transnacional Bacardí como líder de este grupo, la que nacionalizada en febrero de 1962, ha actuado en feroz venganza teniendo un activo papel en el bloqueo, sus leyes y la subversión en general contra Cuba.
Se trata de cuatro actores con intereses de capital que compiten y ejercen influencia en el proceso de formulación de política; tres que de una u otra forma apuestan a que se mantenga el bloqueo (las transnacionales reclamantes, las que creen que se afectarían al competir con nuestros productos y la extrema derecha de la comunidad cubana), y un actor que, perjudicado o no con el triunfo revolucionario en 1959, desea invertir y negociar en el mercado cubano, y lo hace en la actualidad bajo innumerables restricciones y trabas para ambas partes.
Después que el JCCCC logró detener el debate congresional sobre la posible eliminación del bloqueo a Cuba durante la administración Carter, continuó con fuerza su labor de sapa, velando que ante las fusiones que normalmente se producen entre compañías o la compra-venta de acciones, se garantizara que los nuevos «dueños» mantuviesen los derechos de reclamación en Cuba.
De este proceso salió al parecer la mencionada OfficeMax y otros reclamantes como el Bank of America, quien en el 2004 asumió como «sucesor» de las reclamaciones originarias del First Nacional Bank de Boston, luego que este se fusionara con el BayBank, renombrado como BankBoston, quien a su vez en 1999 se fusionó con la inversión bancaria Fleet Financial Group para convertirse en FleetBoston Financial Corporation, adquirido finalmente por el Bank of America.
No se puede dejar de decir que estos subrepticios movimientos del capital han estado amparados por las leyes norteamericanas desde muy temprano. En 1964 dictaron la Ley de Reclamaciones Cubanas y la Enmienda Hickenlooper. Bajo el amparo de la primera, iniciaron un primer proceso de certificación que culminó en 1972 con la aceptación de 5 911 reclamantes con un monto total de más de 1 850 000 dólares y la aplicación de una tasa anual del seis por ciento de intereses, que hoy serían más de 7 000 millones de dólares.
Como dato a significar, a pesar de que 5 013 reclamantes son personas naturales, 30 transnacionales norteamericanas concentran casi el 60 por ciento del valor total del dinero; además los documentos extendidos desde esa fecha pueden constituir títulos negociables en las bolsas de valores.
Es por eso que no nos debe sorprender que el monto actual del valor reclamado sea mucho mayor, y en igual proporción la presión e influencia de las transnacionales dentro del gobierno de EE.UU en comparación con la ejercida en la década del 70 a Carter. Incluso desde esa etapa, en los encuentros que tuvieron lugar entre las partes cubana y estadounidense (1975 y 1977), el primer punto de la agenda propuesto por EE.UU fue el tema de las compensaciones a dichas propiedades nacionalizadas.
Pero 20 años después, otra señal dio muestras de la influencia de estas transnacionales «afectadas» o ya «dueños» de las reclamaciones: la Helms Burton o ley contra las inversiones de terceros en Cuba, como también se le puede llamar.
Este engendro legislativo estableció en sus Secciones 205 y 207 que el retorno de las propiedades nacionalizadas por Cuba a manos de ciudadanos o entidades estadounidenses, o la «adecuada» compensación de las mismas, son una «condición esencial» para el retorno a las normales relaciones económicas y diplomáticas entre ambos países.
Dos años después de firmarse esta ley, EE.UU. también logró que la Unión Europea cediera en este tema, comprometiéndose a no invertir en las propiedades «confiscadas» por Cuba.
En febrero de 2006 culminó un nuevo trabajo de la Comisión para la Solución de Reclamaciones al Extranjero, indicado nada menos que al nivel de la ex secretaria de Estado, Condoleezza Rice, aceptándose otras dos reclamaciones de propiedades nacionalizadas con el triunfo de la Revolución.
América Latina ha sufrido las embestidas del gobierno norteamericano cuando las propiedades de sus transnacionales han sido nacionalizadas o sus intereses afectados. No se podrá olvidar a la United Fruit Company en Guatemala; al Grupo financiero Guggenheim y a la Gulf Oil Company en Bolivia; a la ITT en Chile para derrocar a Allende; a la Perrine Bank en Jamaica contra Manley. Varias de estas transnacionales también fueron afectadas con las nacionalizaciones en Cuba, a diferencia de que el mismo esquema subversivo les falló en Playa Girón y en todo el ulterior arsenal empleado en su guerra económica y biológica e intentos de asesinatos de nuestros líderes.
¿A qué siguen apostando estas transnacionales?, al bloqueo como la única fórmula para que su «traspatio» y antiguas propiedades se mantengan lo más vírgenes posible, mientras siguen esperando convertir en realidad la alucinación de ver caer la Revolución y ejercer el derecho americano de cobrar un dinero inexistente y que sigue creciendo solo. Trabajo para los tanques pensantes y los contribuyentes, porque Cuba seguirá siendo dueña de su destino.
Marcelo Peréz Suárez
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