El gobierno de Zapatero acaba de aprobar una reforma en la reglamentación de la negociación colectiva entre sindicatos y empresas, que ha presentado como la última de las reformas exigidas para "dar confianza a los mercados", luego de la reforma laboral y de las jubilaciones impulsadas en el último año. De paso, ha colado el reglamento para el nuevo marco de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), el cual había quedado en el limbo en el momento de la reforma laboral. Ahora el reglamento contempla la posibilidad de despidos cuando una empresa tiene pérdidas, sean estas "transitorias o permanentes", cerrando así el círculo del despido barato y eliminando el riesgo de que se lo declare improcedente.
La reforma de los convenios colectivos implica un ataque a derechos adquiridos por los trabajadores del Estado español: hace caducar la continuidad del convenio anterior hasta tanto no se firme uno nuevo y la prevalencia de los convenios nacionales o por industria; establece que en caso de no haber acuerdo para un nuevo convenio, se establecerá un ‘arbitraje' obligatorio y vinculante, también incluye nuevas disposiciones que profundizan la flexibilidad. Según el diario económico Cinco Días (11/6), "sin lugar a dudas, el más importante de los cambios es el de la preeminencia de los convenios de empresa sobre los estatales y, muy especialmente, sobre los provinciales": la reforma española se inscribe en el objetivo de liquidar los convenios nacionales e ir a un esquema de negociaciones por empresa.
A pesar de su orientación anti sindical, la reforma fue recibida con insatisfacción por la burguesía y los medios de prensa, que consideran que no será capaz de ‘mejorar la competitividad' de la economía española. El gobierno decidió impulsar la reforma de manera unilateral, luego del fracaso de un "diálogo" entre la patronal y la burocracia sindical, el cual parecía encaminado pero se descarriló luego de las elecciones municipales y autonómicas, cuando la central empresaria radicalizó sus posturas, acicateada por la cámara patronal madrileña dominada por el PP. Las "concesiones de última hora a la patronal" (Público, 11/6) tampoco alcanzaron para dejar satisfecho a nadie. "Los líderes empresarios argumentan que la propuesta final no les da suficiente poder sobre la contratación, los salarios y los despidos (...) los sindicatos, por su parte, sostienen que la reforma le da mucho poder a la patronal y afectará sus derechos laborales" (Financial Times, 10/6). El Partido Popular y la derecha nacionalista catalana (Convergència i Unió) se sumaron a las críticas y apoyaron el reclamo de la patronal: el proyecto aprobado por el gobierno deberá ahora ser discutido y modificado en el Parlamento, donde se espera que se profundicen las medidas antiobreras.
En un cuadro de completa pasividad de una burocracia sindical dispuesta a entregar todas las conquistas obreras, el movimiento de los ‘indignados' se movilizó contra la ‘reforma'. Se realizaron manifestaciones en la sede de la central empresaria y en el Ministerio de Trabajo, donde ocuparon por un rato el hall de entrada y denunciaron que la reforma implicaba una "legalización de la esclavitud". Según las crónicas periodísticas, "los concentrados han clamado contra los sindicatos por no convocar una huelga general al grito de ‘dónde están, no se ven, Comisiones y UGT / Ya sé, dónde están, están con la patronal'" (Público, 11/6). Unas 2 mil personas se concentraron frente al Congreso para repudiar la reforma, respondiendo a una iniciativa votada por la asamblea popular de Lavapiés, barrio obrero y de inmigrantes del sur de Madrid. Según El País, "la manifestación supone un primer paso en la nueva fase del Movimiento 15-M" tras la decisión de levantar la acampada central de Sol y "convocar a una serie de concentraciones concretas". Los "indignados" han dado un paso decisivo en la convocatoria de las asambleas de barrios, las que llevan tres semanas de desarrollo. Entre otras cosas porque las mismas han confluido con las asociaciones de vecinos estrechamente vinculadas al movimiento obrero de las ciudades. En este sentido, las asambleas de barrios han aprobado masivamente concurrir a una gran movilización contra el Capital y la Crisis, convocada el 19 de junio por una plataforma de asociaciones de barrios y pueblos de Madrid. La marcha hasta el Congreso de los Diputados también ha recibido el apoyo de Democracia Real Ya, Movimiento 15 de Junio y la Asamblea de Sol. La perspectiva es de una continuada movilización desde los barrios en los que se convocan acciones permanentes en contra de las autoridades locales y la prepotencia empresarial. Es previsible que las asambleas de barrio mantengan este proceso de confluencia con la Plataforma de Barrios y Pueblos en Lucha en Madrid, así como con organizaciones similares en otras ciudades como Barcelona y Valencia.
Martín López
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