La propuesta de reforma energética que impulsa el gobierno mexicano no es ninguna sorpresa. Se trata del embate definitivo contra el último bastión institucional y popular que derivara del periodo posrevolucionario y que sirvió, con todas sus contradicciones, como soporte estatal por más de medio siglo.
En 2008, Felipe Calderón -cuando seguía intentando dejar atrás la sombra del “presidente espurio” debido a las denuncias de fraude en la elección que lo hizo presidente- también impulsó una reforma de similar corte “modernizador”, que escondía las mismas intenciones privatizadoras, pero que pudo ser frenada por las movilizaciones populares encabezadas por el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo.
Igual que entonces, ahora se esgrime el argumento de que Petróleos Mexicanos (Pemex) está quebrada y atada por el régimen fiscal impuesto por el gobierno federal, además de ser la única empresa petrolera en el mundo que, al no estar abierta a la competencia, queda imposibilitada para explotar su potencial. Lo que no se ha señalado ni una sola vez, por ejemplo, es el uso discrecional de los recursos extraídos de Pemex, así como la probada corrupción de la dirigencia sindical, históricamente subordinada al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La propuesta de reforma presentada a la Cámara de Senadores el 12 de agosto tiene como fundamento seis “ejes estratégicos” que, lejos de implicar la recuperación del sentido dado por el presidente Lázaro Cárdenas a la expropiación de 1938, replican “palabra por palabra”, el recetario neoliberal que desde los ‘80 se viene aplicando de manera ortodoxa en México: inversión (de capital privado) para generar empleos (precarios) y precios competitivos; democratizar la productividad; aprovechar la energía primaria disponible y, como corolario, relegar al Estado a un papel de “administrador del patrimonio”.
Con ello, no sólo se pone freno a toda capacidad de crecimiento para Pemex sino que se condena a que el país siga siendo netamente un extractor de crudo, mientras que el valor agregado de la refinación se concentra en las empresas privadas.
Se dice también que, dado que sólo se tienen reservas petroleras probadas para los próximos diez años, sería un error postergar la incursión en aguas profundas y ampliar así la capacidad productiva del sector energético. Para lograr ese objetivo no es necesario que Pemex “corra con los riesgos”, tanto técnicos como económicos, pues se puede recurrir a lo que han llamado “contratos de utilidad compartida”. Así, en varios puntos del documento se afirma que ese tipo de exploración y eventual extracción de crudo requiere “del conocimiento para desarrollar, administrar y operar tecnologías de alta especialidad, sólo comparables a las empleadas en la aeronáutica espacial”, en vez de proponer medidas concretas para subsanar los atrasos existentes y que, de esa manera, se tenga realmente “la oportunidad de actuar en igualdad de condiciones que otros operadores petroleros en el mundo”.
Otro aspecto que llama poderosamente la atención es el uso maniqueo que el PRI ha hecho del pasado y de las conquistas populares para legitimar su reforma y así, finalmente, lograr imponerla. Afirman que pretenden recuperar lo que había quedado asentado en la Constitución de 1917 sobre la propiedad de los hidrocarburos, así como las reformas introducidas en 1938 en relación al régimen de explotación del petróleo, y que habría sido pervertido en los años siguientes hasta llegar a la crisis actual de la industria energética nacional.
Al mismo tiempo, posibilitan la celebración de contratos entre el Estado y terceros para “expandir y hacer más eficientes las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos”, así como el otorgamiento de permisos para la participación de éstos en “refinación, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos”. Para esto habría que modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución, lo cual supone una contrarreforma a favor del capital privado.
Pemex no se vende, se defiende
Haciendo gala del supuesto manto nacionalista con el que discursivamente la apuntalan, el “nuevo PRI” (como ha dado en autodenominarse la corriente tecnocrática que dirige dicho partido) asegura que defenderá en los medios, en las Cámaras y, si hiciera falta, hasta en las calles, su reforma energética. Sin embargo, las voces de oposición han comenzado a surgir, incluso entre quienes apenas unas semanas atrás se mostraban benevolentes con la idea de la “modernización”. Así, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en voz de uno de sus fundadores y más célebres dirigentes (si bien relegado desde hace tiempo a un papel secundario), Cuauhtémoc Cárdenas, ha expresado su rechazo frontal a la propuesta del Ejecutivo al que ha acusado de hacer un uso falaz y ofensivo del legado cardenista.
Desde los movimientos sociales también se preparan acciones de protesta: el movimiento juvenil #YoSoy132 llamó a una marcha para el 1 de septiembre en el Monumento a la Revolución y ya ha emprendido la formación de una Coordinación Nacional en Defensa de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad y los Recursos Naturales. Por su parte, el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), que lidera el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado el sentido “entreguista” y “antipatriótico” de esta reforma y convocó a una movilización masiva el próximo día 8, en el Zócalo capitalino.
Dentro de estas y otras posturas disidentes, parece haber el acuerdo de que una reforma energética tiene que cifrarse sobre bases más justas para los sectores populares así como debe ser social, económica y ambientalmente viable, pues los hidrocarburos, por sí solos, no pueden ser ya la locomotora del desarrollo para México, como sí lo fueron desde los años 40 del siglo pasado. Empero, deben funcionar como el freno de mano que ayude a reconvertir el proyecto de Nación y salir de las múltiples expresiones de la crisis societal que vive el país desde hace varios años. Y para ello, enseña la historia de éste y otros países latinoamericanos, las privatizaciones no funcionan.
Fernando Munguía Galeana
Sociólogo, Maestro en Ciencias Sociales, FLACSO-México
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