Sin enfrentamientos armados con el ejército, sin documentación que explique a la ciudadanía sus fundamentos ideológicos y objetivos, sin que nadie responsablemente pueda ofrecer datos concretos de sus fuentes de financiación, hace década y media que la derecha política y empresarial paraguaya, a través de los medios de comunicación afines, sostiene que el enemigo público número uno es el Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP).
Esa sigla comenzó a sonar hace años luego de que algunos militantes periféricos del Movimiento Patria Libre -desbaratado tras el secuestro de su líder Juan Arrom por los servicios secretos-, una vez caídos en manos de la policía, se declaraban, voluntariamente o no, revolucionarios, incluso en exceso. Hay mujeres y hombres presos desde entonces y en muy malas condiciones de detención. Tras la nebulosa inicial, y al comenzar a producirse algunos secuestros de hacendados y la muerte de algún policía o civil, todo el arsenal derechista se ha volcado a colgarle al EPP la autoría, sin ninguna prolijidad para presentar pruebas verificables hasta el día de hoy, lo cual abrió las puertas a la hipótesis de que toda la historia de la tan mentada guerrilla podría tratarse simplemente del accionar de una organización criminal montada en el mundo del narcotráfico y el acaparamiento de tierras, con el objetivo de recaudar dinero y desestabilizar políticamente al país, dando razón a la intervención extranjera, es decir, de Estados Unidos.
Con la llegada a la presidencia del empresario Horacio Cartes, el jueves 15, de nuevo arrecia la campaña contra esa presunta organización, tras el asesinato, apenas dos días después de la asunción de Cartes, de cuatro agentes de seguridad privada y de un policía en una estancia de un ciudadano brasileño en el nororiental departamento de San Pedro. Tres días antes había sido acribillado el dirigente campesino Lorenzo Aquino.
La respuesta inmediata del nuevo ministro del Interior, Francisco de Vargas, director del servicio antidrogas hasta unos días antes de ser designado, fue la de pedir ayuda militar a Estados Unidos, lo cual ha generado particular inquietud entre algunos sectores sociales, pues ya existe preocupación por la creciente injerencia de esa potencia en los asuntos internos de Paraguay, con el agravante de que su accionar cuenta con agentes contrainsurgencia de Colombia y expertos israelitas en contraterrorismo, contratados por Cartes hace unos meses.
En el balance de los años de su presunta vida no se registra en el haber del EPP ninguna acción netamente revolucionaria, por el contrario ha sido siempre un pretexto muy rentable para la represión de las organizaciones campesinas y las 250 mil familias de labriegos convertidos en parias.
A juicio del ingeniero Miguel Lovera, ex presidente del Servicio Nacional de Sanidad Vegetal y Calidad de Semillas, con rango de ministro durante el gobierno de Fernando Lugo, y convertido en enemigo mayor de las corporaciones trasnacionales del agronegocio, "aquí se está aplicando el mismo libreto del Catatumbo colombiano, que están bajando al Tacuatí paraguayo": criminalizar las luchas campesinas, la eliminación selectiva de dirigentes, la intimidación de la población en general, despoblar áreas rurales para asegurar más espacio a los latifundios, la militarización del territorio y, la guinda de la torta, la intervención de agentes extranjeros contra el terrorismo y el narcotráfico.
En Paraguay menos del 3 por ciento de la población ocupa el 85 por ciento de las mejores tierras agrícolas en los 400 mil quilómetros cuadrados de la geografía nacional, en la más desigual tenencia de toda Sudamérica, con latifundios de un millón de hectáreas y con unos ocho millones de éstas ocupadas ilegítimamente.
Desde que se anuncia la existencia del EPP, todos los males del país son generados por esa terrible organización guerrillera. Nadie muestra pruebas de su existencia, pero de inmediato se caratula como otra acción criminal de los subversivos a cada secuestro de hacendado o ataque a algún policía o a alguna comisaría en cualquier sitio del país, en particular en los departamentos del noreste, territorio ocupado por la mafia del tráfico de drogas, seres humanos, maquinaria, vehículos, tabaco, cigarrillos, madera en bruto. Abundan signos que también permiten presumir ajustes de cuentas entre capos mafiosos.
El fiscal Jalil Rachid mantiene en prisión desde hace 14 meses a una docena de campesinos a quienes acusa de responsabilidad en la masacre de Curuguaty, el 15 de junio del año pasado, usada como pretexto para dar el golpe de Estado contra el gobierno progresista de Lugo a la semana siguiente. Once campesinos -cifra oficial, pero mayor según los familiares- y cinco policías murieron ese día en una emboscada en el paraje de Marina Cué, 1.800 hectáreas ocupadas ilegalmente desde hace cuatro décadas por la familia Riquelme, una de las más acaudaladas del país, vinculada a la cúpula del hoy gobernante Partido Colorado. Rachid sostiene que es deber de los presos políticos demostrar su inocencia. Lo mismo piensa el nuevo ministro de Defensa, destituido por Lugo, Soto Estigarribia, para quien el país, gracias al Partido Colorado, está muy bien, "con apenas un millón y pocos de pobres extremos".
En su opinión, Lugo fue derrocado "en un juicio político que hubo que hacerlo rápido porque existía posibilidad de movilización de masas". Otro que le sigue de cerca es el ex ministro del Interior, Nelson Alcides Mora, partidario de "reflotar la Guerra Fría para frenar el comunismo".
Esos exabruptos están resurgiendo con fuerza con el retorno colorado al gobierno, y van de la mano de una intensa utilización del EPP, sigla a la cual la policía le atribuye 20 muertos, entre civiles y policías, desde que comenzó su difusión, frente a más de 130 campesinos.
José Antonio Vera
Brecha
No hay comentarios.:
Publicar un comentario