La continuidad del golpe y sus aspectos de ruptura con la legalidad de los mecanismos burgueses normales y el creciente poder en manos de actores no elegidos por sufragio, una de las tendencias fundamentales de lo que Gramsci describe como “crisis orgánica”.
El golpe institucional fue una ruptura de la legalidad burguesa y una respuesta parcial a lo que hemos definido como “crisis orgánica”, es decir, una crisis del Estado en su conjunto que abarca crisis económicas, sociales y políticas. A la oportunidad política se sumó la oportunidad económica del programa de apalancar en el país y en el continente el fin del ciclo de gobiernos llamados “pos neoliberales”, promoviendo un neoliberalismo senil. Es decir, una ofensiva de privatizaciones y ataques a los derechos sociales y laborales, sin una situación geopolítica que le de bases profundas y facilite formar una hegemonía. Se trata de un programa económico de escasa legitimidad popular, lo que le da más impulso a la dinámica propia de todos los golpes como un proceso.
El golpe institucional es una forma del “golpe de estado”, entendido como una manera de “modificar (o impedir la asunción) del poder ejecutivo central por medio de una acción rápida, coordinada, de una minoría política con intereses de clase o fracción de clase propios y sin base legal, o sea, una acción política que quiebra la legalidad”. Cuando no hay un ascenso obrero en curso o potencial, en el que la ruptura de la legalidad no se consuma en la necesidad burguesa del uso de la violencia física contra los trabajadores.
Un “golpe de estado” (sea inicialmente institucional o militar) no es un único acto sino un proceso, como demostró Marx en El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Diferentes actores actúan según sus intereses y exige su continuidad con nuevas medidas de ruptura de la legalidad, visto que puede provocar reacciones de los “de abajo”, hasta asentar una estabilidad o incluso una hegemonía.
Esta visión teórica e histórica ayuda a echar luz sobre los procesos de continuidad del golpe y sus aspectos de ruptura con la legalidad de los mecanismos burgueses normales, colocando más poder en las manos de los actores no elegidos por sufragio, como las iglesias, los medios, el poder judicial y el Ejército. Una de las tendencias fundamentales de lo que Gramsci describe como “crisis orgánica”.
“¿Cómo se forman estas situaciones de contraste entre "representados y representantes" que desde el terreno de los partidos (organizaciones de partido en sentido estricto, campo electoral parlamentario, organización periodística) se trasmiten a todo el organismo estatal, reforzando la posición relativa del poder de la burocracia (civil y militar), de las altas finanzas, de la iglesia, y en general de todos los organismos relativamente independientes a las fluctuaciones de la opinión pública?” (Cuadernos 13 § 23).
Está ocurriendo un dislocamiento del centro del poder burgués: del Ejecutiro y el Legislativo hacia el Judicial, los militares y otros actores “sin voto” (como las finanzas), y va creciendo un cuestionamiento sobre cuánto logran realizar de su programa respetando las urnas, como se ve en declaraciones de preocupados economistas, como Zeina Latif de XP investimentos, de Pedro Malan y su serie de artículos sobre las dificultades estructurales para casar la democracia burguesa con los intereses del mercado, o incluso del ex presidente Fernando Henrique Cardoso y su pesimismo con el electorado.
El dislocamiento del poder hacia actores sin voto desarregló la división burguesa de poderes creada a la salida de la dictadura, en 1988, y agrega elementos “institucionales” a la crisis brasileña. Los problemas institucionales son ellos mismos reflejo del desarreglo de formas de hegemonía que estaban basadas en la conciliación de clases. La crisis abierta con el fin de la hegemonía lulista y el “todavía no” de una hegemonía nueva, tiró por los aires lo que el largo proceso de transición de la dictadura hacia la democracia burguesa había diseñado.
El arreglo político e institucional de 1988
La Constituyente convocada en 1985 se reunió recién en 1986, siete años después de la amnistía que puso un signo igual entre torturadores y torturados y seis años después de la derrota de la histórica huelga metalúrgica de 1980. Estos marcos ayudan a mostrar cómo fue ella fue diseñada para que sea lo más distante e indirecta posible la influencia del aliento caliente de la lucha de clases. El relator de la enmienda de las “Directas Ya”, derrotada en 1984, Dante de Oliveira, narra en su libro que actores fundamentales del régimen militar le tenían miedo a una Constituyente que fuese impuesta directamente por la lucha a comienzos de los años ’80.
El diseño institucional de la Constituyente traía la marca de la tutela del viejo régimen. Los constituyentes eran los diputados y senadores elegidos en 1986 sumados a los senadores elegidos en 1982, e incluso aquella mayoría de senadores elegidos por nadie, los llamados “biónicos”, impuestos por elecciones indirectas en 1978. Además de innumerables maniobras para evitar propuestas que se enfrentaran a los monopolios, la Constituyente fue directamente tutelada por los militares, incluyendo el secuestro del relator Bernardo Cabral para que aceptara la enmienda de Fernando Henrique Cardoso para garantizar que constara en el texto constitucional los poderes de las Fuerzas Armadas para intervenir en la política, la llamada Garantía de la Ley y del Orden (artículo 144).
A pesar del claro esfuerzo para tutelar la Constituyente, esta terminó expresando en forma distorsionada algunas de las conquistas impuestas por la lucha de clases. Garante de derechos sociales como la salud y educación universales y gratuitas, impuso también una serie de mecanismos para garantizar que esos derechos tuviesen alguna existencia, haciendo obligatorios gastos en esas áreas. Ya en aquel momento, sectores burgueses más concentrados y sus voceros decían que los derechos allí exigidos eran imposibles, que eso tendría que ser reformado y sacado, como decía el ex ministro de la Dictadura y de Lula, Delfim Netto, exactamente lo que defienden hoy los grandes diarios, la imperialista OcDE y el órgano estadístico del gobierno, el IPEA.
Por otro lado, la misma Constituyente ayudó a consolidar poderes materiales a una oligarquía política y económica que componía el “gran centro” con su distribución de frecuencias de radio y televisión. El “gran centro” era funcional al mantenimiento de una oligarquía política y económica oriunda de la dictadura, base de sostenimiento de José Sarney en la Constituyente y mayoría con poder de veto de todo lo que atentara contra los intereses de los militares, los latifundistas y los capitalistas. Un burgués que era parte del ala “progresista” de la Constituyente, José Serra, tiene una frase famosa que dice que “el gran centro no era la derecha, era el atraso”.
El arreglo institucional del 88 ponía en el centro el Ejecutivo para que intentara mediar los conflictos sociales de este “atraso”, la sumisión al imperialismo y al mismo tiempo las presiones venidas de abajo por más derechos, el Ejecutivo tenía que ser la cara del régimen. Para eso, lo diseñó de tal forma que, súper poderoso, tenía poderes advenidos de la dictadura, como las enmiendas provisorias (decretos) que se transformaban automáticamente en leyes y un poder para utilizar libremente parte del presupuesto sin el control del legislativo.
Al mismo tiempo la Constituyente armó la bomba reloj del bonapartismo judicial, que sería controlado por él mismo (proceso dirigido por el constituyente y sub relator Temer). Como parte de este fortalecimiento del judicial, el Ministerio Público también se transformó en un poder aparte e independiente gracias a la redacción del relator Plínio de Arruda Sampaio, y después con el fortalecimiento de la lista triple por Lula, dándole aun más poder. Como nadie del MPF puede ser tocado salvo por sus pares en el Consejo Nacional del Ministerio Público, cualquier indicado a la Procuraduría General de la República tiene que rendir honores a las diferentes alas internas. Eso explica cómo una mujer de la casta, indicada por Temer y apoyada por el juez Gilmar Mendes, como Raquel Dodge, le da cuerda a acciones de alas favorables a la operación judicial “Lava Jato” del MPF como en las nuevas investigaciones contra Temer. Fortalecen aun más esta ala “Lava Jato” las determinaciones legales para que parte del dinero devuelto por los empresarios corruptos en el marco de sus testimonios con beneficios se lo quede el propio MPF y los jueces.
Pasados 29 años de la más duradera Constitución brasileña, poco de su arreglo sigue en pie. Y con menos probabilidades aun de reproducirse. La crisis del gobierno de Dilma también fue una oportunidad para el legislativo y el judicial debilitar el peso del ejecutivo, cambiando los ritos para la implementación de decretos que dejaron de transformarse en ley automáticamente como pasaba en los gobiernos de Fernando Collor, Fernando Henrique y Lula, forzando la necesidad de mayores rasgos “semi parlamentaristas” para que se sostenga el gobierno.
Dificulta ainda mais este arranjo institucional “semi-parlamentarista” o nível de fragmentação de cada partido e do Congresso como um todo. Os partidos vão se tornando cada vez menos nacionais e mais um conglomerado de partidos regionais de médio porte cada um atendendo a algum cacique.
Estos contornos pueden ser verificados numéricamente. Mientras las elecciones de 1989, consideradas como una de las más fragmentadas de la historia, resultaron elegidos 11 partidos con más de 10 diputados, las elecciones de 2014 produjeron 16 partidos con esa cantidad de 10 diputados. Y más, la cantidad promedio de diputados de los partidos “grandes” bajó. La suma de los cinco mayores partidos (PMDB, PSDB, PT, DEM, PP) daba el 72% de la Cámara en 1998, y hoy la suma de los cinco mayores partidos (incluyendo al PT) asciende a un miserable 48%. El mayor partido en 2018, el PT, con sus 58 diputados, tiene casi la mitad de lo que tenía el mayor partido de 1989, el PMDB con 108.
Los pronósticos electorales indican una tendencia a igual o mayor fragmentación en la Cámara de Diputados en 2018, lo que forzará al gobierno elegido, sea cual fuere, a una necesaria composición compleja con el parlamento, involucrando crecientes negociados como los que ganaron notoriedad primero con Fernando Henrique (compra de diputados por la reelección, entre otros) después con el escándalo de coimas conocido comoMensalão durante el gobierno de Lula, en la crisis del gobierno de Dilma y ni que hablar la abierta compra de diputados por Temer. Incrementando así la potencial debilidad de un nuevo gobierno, sea cual fuere, por un doble aspecto: mayor corrosión de su imagen ante la opinión pública y ser cada vez más rehén del Congreso.
En el mismo período de esta, que es la más larga Carta Constitucional republicana de Brasil, el poder judicial dio un salto para transformarse en un gran actor político que interpreta, curva, rompe la Constitución según sus intereses para independizarse e inmiscuirse en los poderes constitucionales del ejecutivo y el legislativo: quién puede o no puede ser ministro, impugnaciones de mandatos ilegales, y qué puede o no sufrir indulto presidencial. La Corte Suprema (STF) diseñada por la Constituyente es vitalicia hasta la edad de jubilación obligatoria (75 años), entonces jueces que son nombrados jóvenes pueden quedarse décadas en el poder. Por ejemplo al juez Moraes le quedarían 26 años de mandato, a Toffoli 25 y a Gilmar Mendes, que ya está en el supremo hace 16 años, todavía le quedan 13 años de mandato. El decano Celso de Mello está en el poder hace 29 años y le quedan 3 de mandato.
Los militares avanzaron en los últimos años, en particular desde la crisis de gobierno de Dilma, de espectadores a actores políticos con peso propio. Hay una politización de las Fuerzas Armadas como no la había desde el fin de la dictadura. Frente a las debilidades del bonapartismo judicial, ha actuado para amenazar este poder y fortalecer la “fracción Lava Jato” en el interior de ese poder.
No faltan actores y tendencias de que uno entre en conflicto con otro. Cada uno se ve como el “salvador de la patria”, traduciendo en las instituciones el desarreglo visto por abajo con la crisis de hegemonía. Este choque entre instituciones, por sí mismo, es un factor más para el agravamiento de la crisis orgánica y tendencias al golpismo como un “proceso” para que en los estertores y ruinas (pero no muerte) de 1988 alguien pueda triunfar mientras no se construye una nueva hegemonía en medio de la profundización de ataques a los trabajadores y a sus derechos sociales y políticos. El choque entre los de arriba y sus instituciones abre espacio para la entrada en escena de los de abajo. Hipótesis analítica que nortea la acción estratégica para que avance de posibilidad a realización.
Leandro Lanfredi
Trabajador petrolero | Rio de Janeiro
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