En medio de una escalada de asesinatos y una crisis de escuchas ilegales.
Las principales ciudades de Colombia volvieron a atestarse de gente en una nueva jornada de lucha y concentraciones que retoma el hilo de la movilización popular desatada a finales de noviembre.
La convocatoria provino del Comité Nacional de Paro (CNP), integrado por distintas centrales sindicales, estudiantiles, campesinas y sectores indígenas, desde donde se prevía que la jornada culmine con un cacerolazo nacional, en horas de la tarde. Los organizadores han acentuado entre los reclamos la denuncia a la escala criminal del Estado que ya lleva asesinados unos 23 líderes sociales en los primeros 20 días del año; denuncian los falsos positivos –asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad y el Ejército-; el espionaje del Ejército y los abusos de la fuerza pública; y exigen el desmantelamiento del Esmad, cuerpo policial especial responsable de la represión sangrienta y el asesinato del bachiller Dilan Cruz, de 18 años.
A esto debe sumarse el programa de reivindicaciones con los que se puso en pie el movimiento: oposición a la reforma laboral; no a la reforma del sistema público de administración de pensiones; contra la elevación del 35% de las tarifas de energía eléctrica; acabar con la corrupción; la implementación de los acuerdos de paz alcanzados entre el gobierno colombiano y las Farc; el cumplimiento de promesas hechas a organizaciones indígenas, sindicales y estudiantiles en previas jornadas de protesta; y la oposición a la creación de un 'holding' financiero estatal que afectará a 17.000 trabajadores y a 16 empresas estatales.
Espionaje y represión
El gobierno de Iván Duque asiste a una crisis institucional de proporciones escandalosas. En los últimos días ha salido a la luz una investigación que da cuenta del empleo de los recursos del Ejército y la inteligencia para realizar espionaje interno, contra opositores, magistrados, periodistas y activistas sociales. El caso resultó tan bochornoso que el comandante del ejército, Nicacio Martínez, tuvo que dimitir en diciembre pasado alegando “motivos personales”.
El antecedente más cercano es el de la disolución en 2011 del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que bajo el gobierno de Álvaro Uribe se vio envuelto en una trama de espionajes a opositores y funcionarios del Estado.
Según la revista Semana, responsables de la investigación que sacó a la luz estos hechos, informaron que las “chuzadas” –como denominan popularmente en Colombia a las escuchas ilegales- eran realizadas desde los propios destacamentos del Ejército, ordenadas por los mandos superiores y puestas a disposición de reconocidos miembros del partido de gobierno, Centro Democrático.
La cúpula castrense cuenta con antecedentes de estas prácticas cuando con motivo de las negociaciones de paz con las Farc, cinco años atrás, interceptaban las comunicaciones de los negociadores, en lo que se dio a conocer como la Operación Andrómeda y de la cual no resultó ningún responsable.
Una de las excusas para defender la militarización de Colombia era la presencia guerrillera. Pero a pesar de los acuerdos de paz y el abandono de la lucha armada por parte de las Farc, no se ha detenido la injerencia del aparato militar y represivo en la vida del pueblo colombiano. Hoy en día el presupuesto destinado a Defensa representa el segundo ítem en el orden de privilegio del presupuesto nacional. El gobierno refuerza una orientación represiva al mismo tiempo que no logra satisfacer ninguna de las demandas del pueblo movilizado.
Aumenta la crisis, crece la represión
Los Estados Unidos acaban de informar la realización de ejercicios militares conjuntos con las Fuerzas Armadas de Colombia, que se desarrollarán durante los próximos días en territorio colombiano con la excusa es repeler supuestos ataques terroristas. Aquí se inscribe la reunión del golpista Juan Guaidó con el Secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, en Colombia, donde abordaron el supuesto vínculo del gobierno de Maduro con las fuerzas de Hezbollah como pretexto para reforzar un despliegue militar en la zona que también tiene en la mira las rebeliones continentales. Esta medida sirve al fortalecimiento de la colaboración militar del imperialismo con un gobierno de Duque franqueado por la crisis política.
El gobierno de Duque ha sido un alfil de todas las provocaciones de Trump contra Venezuela. Los ejercicios militares, además, son un intento de intimidar las rebeliones populares en el continente.
Duque y el partido de su padrino Uribe, vienen de un duro golpe asestado en las últimas elecciones municipales, tras las cuales se sucedieron distintos procesos de movilización popular al calor de las rebeliones latinoamericanas.
El gobierno de Duque ha profundizado la línea de las ejecuciones extrajudiciales. Ya van 160 asesinatos de excombatientes de las Farc desde los acuerdos de paz y son 83 los indígenas muertos solo en 2019.
Para el 30 y 31 de enero está prevista la realización de un Encuentro Nacional convocado por el CNP que podría reunir reunir más de 1.400 delegados para discutir "la estrategia política y el plan de acción del paro nacional para los siguientes meses". El movimiento de lucha tiene el desafío de superar a las conducciones burocráticas que todo el tiempo intentan bajarle la persiana a la lucha (como cuando llamaron a volver a la “normalidad” tras el paro del 21 de noviembre).
Como aporte al triunfo de las rebeliones populares en Latinoamérica, impulsemos una conferencia latinoamericana de la izquierda y el movimiento obrero combativo.
Marcelo Mache
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