El fracaso de la reunión del ministro Guzmán con los acreedores se debió a que no presentó ningún plan concreto de reestructuración de la deuda
Cuando la gira por Estados Unidos del ministro de Economía, Martín Guzmán, estaba a punto de culminar en un rotundo fracaso, la reunión final con el FMI -calificada por los propios funcionarios del organismo como “muy positiva”- sirvió para tranquilizar las aguas. Con un gobierno que vive al día, los medios de comunicación que responden al oficialismo salieron rápido a distribuir el comunicado del FMI como prueba fehaciente de que habría avances en su objetivo de reestructurar la deuda. La caída de la cotización de los bonos, muchos de ellos por debajo del 50% de su valor nominal, y la suba correspondiente del riesgo país parecieron mostrar, sin embargo, lo contrario. Más contundente aún fue la confesión de Guzmán ante fondos de inversión y banqueros, cuando reconoció que la aceptación de la propuesta de reestructuración de la deuda de la provincia de Buenos Aires realizada por Kicillof había tenido sólo un 26% de aceptación, contra un piso necesario del 75%. Así, creció el escenario de default de la principal provincia argentina.
Según toda la información periodística, el fracaso de la reunión de Guzmán con los acreedores se debió a que no presentó ningún plan concreto de reestructuración de la deuda. Esto es establecer qué hacer con el capital, los intereses y los plazos de pago. Días antes, sin embargo, su mentor Joseph Stiglitz había anunciado desde Davos que la deuda argentina requería quitas significativas para ser sostenible. Otros economistas presentaron conclusiones similares, mostrando la envergadura de la bancarrota nacional y el carácter impagable de la deuda del país, no sólo ya del Estado nacional sino también de las provincias e incluso de grupos capitalistas de mucha relevancia. Pero una quita de niveles elevados, más aún si afecta la tasa de interés e incluye un período de gracia de varios años, difícilmente sea aceptado graciosamente por los acreedores. Frente a un escenario así, probablemente opten por vender sus tenencias, que pasarían a mano de fondos buitre que tienen por lógica litigar para cobrar el 100% del valor nominal de la deuda. Esto conduciría al default no ya de la provincia de Buenos Aires sino del conjunto de la deuda. Justamente lo que Alberto Fernández quiere evitar a toda costa, porque implica para un gobierno capitalista la pérdida de todo acceso al crédito internacional y penalidades comerciales y judiciales de diverso tipo.
Esta debilidad estructural del gobierno la conoce mejor que nadie el FMI, que ofrece sus servicios para tratar de facilitar el acuerdo con los bonistas privados. Pero ese servicio tiene un precio, en términos económicos y políticos que hay que ver si Alberto Fernández está en condiciones de afrontar. La reciente gira presidencial por Israel, y la reunión franelera con el primer ministro Benjamin Netanyahu justo cuando éste se apresta a consumar un robo histórico al pueblo palestino auspiciado directamente por Trump, muestra que el nivel de concesiones puede ser superior a lo previsto. Para tratar de envaselinar la carta del FMI el gobierno ha solicitado la bendición papal, que ofrece la discreción de los muros del Vaticano para una reunión directa con la jefa del Fondo y los funcionarios locales que se realizará en los próximos días.
¿Plan económico?
La cuestión del FMI está en conexión directa con la otra demanda que realiza el capital financiero. Las permanentes alusiones de sus voceros a que no se conoce un “plan económico” esconden el más prosaico reclamo de un verdadero ajustazo contra el pueblo. El llamado “sendero fiscal” que todos piden conocer significa ni más ni menos que la utilización del presupuesto de Estado para el pago de los compromisos de deuda. Los primeros pasos dados por Alberto Fernández, suspendiendo la movilidad jubilatoria e imponiendo un impuestazo generalizado, van en esa dirección pero están lejos de ser suficientes. Varios economistas calcularon que incluso con la ley de emergencia las cuentas fiscales arrojarían un déficit cercano al 1% cuando, siempre según esos mismos cálculos, debieran pasar a un superávit del 2% para hacer frente al pago de la deuda.
Un ajuste de este tipo, sin embargo, choca con contradicciones de fondo del proceso económico.
Mientras, el gobierno nacional está apretando a las provincias para que hagan un ajuste en regla.
El intento de reducir al menos parcialmente la inflación, echando mano al congelamiento transitorio de tarifas, naftas y transporte conlleva un costo fiscal que no es compatible con el superávit que reclaman los bonistas y el FMI. Pero, por otro lado, mantener los subsidios millonarios requiere de una emisión monetaria de enormes dimensiones. El gobierno también ha decidido mantener anclado el dólar oficial como medida antiinflacionaria, pero el permanente crecimiento de los precios termina erosionando el tipo de cambio que se utiliza para el intercambio comercial con el extranjero, lo que puede perjudicar el superávit comercial, que es la única fuente actual de dólares.
La ´estabilización económica´ que fue definida como objetivo para esta fase por parte del gobierno no es otra cosa que la muestra de un impasse que posterga contradicciones de fondo, que deberán encontrar una resolución en un plazo acotado. Mientras tanto, el deterioro continúa como lo prueba la inflación de enero que se prevé en un 3.5% o la creciente brecha entre las distintas cotizaciones del dólar. La salida progresiva de fondo requeriría una reestructuración no de la deuda sino del conjunto de la economía, eliminando el parasitismo capitalista y estableciendo un plan integral que establezca la estatización de los servicios públicos y de la energía y el transporte, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, la investigación a fondo de la deuda externa y su no pago, la nacionalización de la gran industria y de las cadenas comerciales, y el control obrero general de la economía. Nada de esto, claro está, figura ni por asomo en la hoja de ruta de Alberto Fernández.
Pasar a la acción
El equilibrio delicado en el que se mueve el gobierno muestra que es consciente que las medidas que reclaman el FMI y los bonistas pueden generar una rebelión popular. Pero esto no quita que no avance a tientas en esa dirección.
Este temor está presente en las provincias, quienes reclaman que, a cambio del apoyo a la ley de renegociación de la deuda en el Congreso, el gobierno nacional salga en su salvataje. Eso, sin embargo, choca con el superávit fiscal que busca reunir Alberto Fernández para pagar la deuda. La política de la Rosada es que las provincias lleven adelante un ajuste en regla. La suspensión del pacto fiscal, incluido en el paquete puesto a consideración en el Congreso, tiene como propósito dar luz verde a las provincias para un aumento masivo de impuestos, pero eso abre las puertas a un escenario explosivo.
Lo mismo vale respecto a la decisión de mantener el sistema UVA en los créditos hipotecarios y anular los subsidios que regían para los deudores. Y la decisión del gobierno de Chubut de congelar los salarios por 180 días mientras decide pagar puntualmente los vencimientos de la deuda provincial. Sin embargo, un aumento generalizado de las naftas, el transporte y las tarifas tiene un impacto generalizado de un alcance claramente superior. Después de todo, las rebeliones en Ecuador y en Chile fueron detonadas por aumentos en las naftas y en el trasporte. Ese miedo a la rebelión es esgrimido por el gobierno como carta de negociación con el FMI y los principales estados imperialistas. Los Fernández se ofrecen como estabilizadores de la región y piden no ser desestabilizados. Veremos cómo les va. El capital suele reconocer los límites recién cuando las masas se lo hacen ver de modo palpable e inconfundible. Finalmente, la historia es la de lucha de clases.
Para los trabajadores el desafío que se le presenta es defender sus reivindicaciones, rechazando el chantaje de un gobierno que usa la crisis como un medio para postergar la conquista de derechos y justificar un ajuste. Es lo que hace Kicillof con los docentes a los que les niega la cláusula gatillo para no perder con la inflación, o la eliminación de la movilidad previsional impuesta con la ley de emergencia.
Los aumentos por decreto de los salarios o las sumas fijas aceptadas ya por varios sindicatos muestran la intención de suspender las paritarias de hecho o de derecho. Esto plantea un programa de intervención inmediata, que servirá también para procesar una experiencia de fondo de los trabajadores con el gobierno: paritarias sin techo, recuperación de lo perdido con la inflación y cláusula gatillo, defensa de la movilidad previsional y recomposición de los haberes, prohibición de los despidos y suspensiones, no a los impuestazos pactados entre el oficialismo y la oposición. Es necesario abrir una deliberación en los sindicatos y organizaciones obreras e impulsar la batalla por un Congreso de delegados electos del movimiento obrero ocupado y desocupado para impulsar estos reclamos y superar el chaleco de fuerza que constituye la burocracia sindical, de todos los colores, que viene colaborando con el gobierno.
Sobre esta base planteamos una campaña de lucha inmediata que debe ir acompañada del reclamo de fondo del desconocimiento de la deuda usuraria que busca ser rescatada por kirchneristas, pejotistas y macristas. La misión del FMI que vendrá en febrero ofrecerá otra oportunidad de movilización, que aportará a la clarificación política.
Gabriel Solano
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