Berlín y Boedo

Un referendo en la capital alemana se pronuncia por la expropiación pública de las viviendas en alquiler de las grandes corporaciones. El domingo 26 de septiembre pasado, tuvo lugar en Berlín un referéndum para decidir acerca de la expropiación de 240 mil viviendas en alquiler, que son propiedad de menos de una decena de corporaciones inmobiliarias. La consulta se desarrolló en acuerdo con el artículo 15 de la Constitución de Alemania que autoriza a que “la tierra, los recursos naturales y los medios de producción”, pueden ser convertidos en propiedad pública, a cambio de una compensación. Es la primera vez que este precepto constitucional es llevado a la práctica. Aunque la reglamentación del artículo establece que alcanza un 25% de los votos para considerar aprobada la medida, el apoyo al Sí fue del 58 por ciento. Irrefutable, el resultado sorprendió a la prensa internacional. Para que entre en vigencia, sin embargo, es necesario que lo apruebe el Senado de Berlín bajo la forma de una ley, que deberá definir, por otra parte, la modalidad y los montos de las indemnizaciones. Una mayoría de observadores opina que el Senado no tratará el tema. En un sentido negativo también se ha pronunciado la alcaldesa socialdemócrata de la ciudad. El mismo día, sin embargo, ganó las elecciones parlamentarias una coalición de ´izquierdas´ (socialdemócratas, verdes y una coalición de nueva izquierda y ex stalinistas), que se opone a cualquier forma de expropiación de las viviendas en alquiler de las compañías inmobiliarias. La candidata del SPD, Franziska Giffey, que se impuso a los verdes, y será posiblemente la futura alcaldesa, dijo que, aunque hay que respetar el resultado del referéndum, “la expropiación no creará nuevos apartamentos ni resolverá el problema general de la vivienda”. “No podemos hacerlo si no es constitucional”. La cuestión de la vivienda ha abierto un desarrollo político explosivo. 

 El referéndum fue impulsado por militantes urbanos y asociaciones de inquilinos, que consiguieron 350 mil firmas para hacerlo efectivo. Mientras los funcionarios municipales estiman el costo de las indemnizaciones en 36 mil millones de euros, los activistas que ha promovido la consulta la bajan a una cifra de entre 8 y 18 mil millones de la misma moneda. Otra gran pugna política. Una compra recién anunciada de 14.750 viviendas, se realizó a un precio de 2.460 millones de euros. El valor de mercado de las corporaciones, que cotizan públicamente en las Bolsas, pasó de 3.5 mil millones de euros a 85 mil millones. Los impulsores del referéndum denuncian numerosas prácticas que tienen por objeto maximizar el negocio: restringir la oferta de alquiler, y promover el deterioro de los edificios y remodelarlos para alquilarlos a un precio mucho mayor, sea renegociando contratos o forzando el desalojo voluntario. Diversos economistas han advertido que la vivienda en Berlín se transformaría en prohibitiva de proseguir esta tendencia. 

 Ciertamente, el precio de venta y alquiler ha crecido desmesuradamente como consecuencia de la pandemia en todas las naciones desarrolladas, forzando en algunos casos, por ejemplo, Estados Unidos, a prohibir temporalmente los desalojos. El Comité de Control de Enfermedades norteamericano requirió esa medida para evitar que los desalojos afectaran la lucha contra el coronavirus. Se estima el encarecimiento habitacional en un 15% anual, frente a una inflación del orden del 3-4 por ciento.

 En muchas áreas de Berlín los precios de las casas se dispararon de 250.000 a 500.000 sólo en los últimos 3 años, sobrecalentados por los “estímulos” durante la pandemia, y los precios de la vivienda duplicaron los aumentos de ingresos en el último lustro. Según la Global Property Guide, en Berlín los precios aumentaron un 11% en el último año. En Berlín, alquila el 85% de su población. Para los activistas urbanos alemanes, la masa de alquileres que pasaría a cobrar el Estado, en caso de una expropiación exitosa, serviría para impulsar grandes planes de construcción pública de vivienda, otra razón para que el Estado alemán, que representa al gran capital, ignore el referéndum. La Corte Suprema ya ha fallado, en otros casos, que el poder expropiatorio solamente puede ser ejercido por el Estado federal, no por las regiones o ciudades. “No está claro si el próximo gobierno local seguirá el plan, que podría dar lugar a largas batallas legales y a miles de millones de euros en costes” (ídem). Hace poco un referéndum que pretendía mantener abierto un pequeño aeropuerto en Tegel, fue ganado pero el aeródromo continúa cerrado, esperando convertirse en viviendas de lujo. 

 De nuevo, se ha abierto un desarrollo político explosivo, como ya ocurre y ocurrirá en la mayoría de los países. En las condiciones concretas en que este conflicto se desarrolla en Berlín, donde no está en debate la nacionalización del suelo ni la expropiación del capital, sino la crisis de la vivienda en alquiler, el apoyo al resultado del referéndum debe ir acompañado con la exigencia de que la indemnización no debería superar, como los señalan los activistas urbanos, el costo de construcción de las viviendas menos su amortización u obsolescencia, separada de valor del terreno, que tiene un carácter especulativo, vinculado a la especulación urbana y financiera, Una expropiación ´de mercado´ sería una confiscación de los contribuyentes (e inquilinos) de Berlín.

 Se plantea hacia adelante una formidable lucha política: contra el boicot del Senado local, contra la Corte de Justicia, por una indemnización en los términos señalados más arriba, por alquileres que no superen el 10% de los salarios por franjas, y por un plan de construcción de viviendas, bajo control de organizaciones de vecinos y trabajadores.

 Jorge Altamira 

 05/10/2021