El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, según sus iniciales en inglés) ha difundido una investigación basada en 12 millones de documentos desclasificados, acerca de operaciones offshore de 35 presidentes y expresidentes, más de 300 funcionarios, grandes empresarios y personalidades del mundo del deporte y la cultura de todo el mundo.
La apertura de cuentas offshore en paraísos fiscales es un recurso para la evasión de impuestos y el lavado de dinero, pero también para canalizar fondos hacia la compra de bienes de lujo (mansiones, yates, etc.), a falta de mejores perspectivas en inversiones productivas. Es, a todos los efectos, una radiografía del capitalismo en descomposición.
Los paraísos fiscales no refieren solo a los márgenes del sistema, como uno podría suponer de nombres como las Bahamas, las Islas Caimán o las Islas Vírgenes. Tampoco involucran exclusivamente a mandatarios corrompidos de países periféricos. En el vasto entramado que deschava la investigación aparecen señalados territorios como Dakota del Sur (Estados Unidos), grandes bancos, poderosos estudios de abogados, y figuras políticas de primer nivel como el exprimer ministro británico Tony Blair, uno de los artífices de la patraña sobre las armas de destrucción masiva de Irak y de la posterior invasión de ese país.
Uno de los documentos filtrados señala que un conjunto de bancos abrieron casi 4 mil cuentas para sus clientes con la mediación de Alemán, Cordero, Alcogal y Baker McKenzie, este último el estudio de abogados más importante de Estados Unidos (El País, 3/10). Las cuentas offshore tienen como una de sus ventajas que suelen disimular a sus verdaderos titulares por medio de complejas arquitecturas societarias. Estados Unidos viene adquiriendo un peso cada vez más relevante en esta economía. Es el caso de la ya citada Dakota del Sur, donde “el valor de los bienes guardados en fideicomisos se disparó más de cuatro veces en la última década, hasta alcanzar 360.000 millones de dólares” (ídem).
Mientras la principal potencia capitalista del mundo fuerza a otros estados a que le brinden información sobre nacionales suyos involucrados en operaciones opacas, resiste compartir la que posee sobre ciudadanos extranjeros. Peor aún: presionó a Bahamas para instaurar una ley que obliga a registrar los dueños reales de las firmas offshore, para verse beneficiada después por la emigración de algunos de estos titulares a guaridas como Alaska, Delaware y Dakota del Sur (ídem).
El Pandora Papers es una investigación que sucede en el tiempo al Panamá Papers, de 2016. Es más abarcativa, porque los documentos filtrados del anterior relevamiento se restringían al estudio panameño Mossack Fonseca, en cambio ahora la información procede de múltiples buffettes. Vale señalar que, tras el estallido del escándalo previo, muchas firmas se cambiaron a otros estudios, como Trident Trust.
Entre los involucrados de ahora están el rey de Jordania (Abdullah II); tres presidentes latinoamericanos en ejercicio (Sebastián Piñera, de Chile; Guillermo Lasso, de Ecuador; Luis Abinader, de la República Dominicana); otros expresidentes de la región (el paraguayo Horacio Cartes, el peruano Pedro Pablo Kuczynski y los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana, entre otros); el primer ministro de la República Checa, Andres Babis; y el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta. Rusia, Reino Unido, Argentina, China y Brasil son los que más figuras involucradas tienen en el listado. También se destacan algunos de los empresarios más poderosos de México.
Un caso interesante es el del ministro de Hacienda de Bolsonaro, Paulo Guedes. Además de estar involucrado, promueve en paralelo una reforma fiscal para bajar los impuestos a la clase capitalista. Son dos caras de una misma moneda.
El estallido del Pandora Papers se produce en medio de un debate global acerca de la elevación de impuestos. El gobierno norteamericano ha instalado el tema, porque algunas de sus compañías más importantes eligen como lugares de tributación países con impuestos irrisorios (como Irlanda) en los que poseen fachadas, para evitar desembolsos más altos en el propio país. Se analiza algún tipo de impuesto corporativo común para evitar este ardid de las patronales.
Pero incluso la propia gestión de Biden no plantea gravar seriamente al capital. Tras la generosa rebaja impositiva de Trump para los capitalistas, del 35 al 21%, apenas se discute ahora elevarla al 26%.
En contraste con ello, los gobiernos capitalistas de todo el mundo esquilman a la población trabajadora por medio de los impuestos. La rebelión colombiana de este año tuvo como detonante una reforma que instauraba el IVA en productos básicos como el café. En Argentina, una parte de los asalariados tributa ganancias.
El Pandora Papers pone en tela de juicio a todo un régimen, lo que plantea una política que incluya la nacionalización de la banca, impuestos progresivos al gran capital, y la abolición de impuestos al consumo y al salario, como parte de la lucha por gobiernos de trabajadores en todo el mundo.
Gustavo Montenegro
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