El gobierno británico presentó esta semana un proyecto contra la inmigración irregular a través del Canal de la Mancha que suprime el derecho de asilo y facilita las deportaciones a un tercer país.
La medida causó un gran rechazo de las organizaciones de derechos humanos y de auxilio a los refugiados.
La campaña del gobierno conservador de Rishi Sunak busca un chivo expiatorio frente a la crisis económica y social que envuelve al Reino Unido. Fruto de esa crisis, en los últimos meses se ha desarrollado una oleada de huelgas en defensa del salario.
En los últimos años, a caballo de la propia crisis económica mundial y de la guerra imperialista, la llegada de barcazas precarias de extranjeros a las costas británicas aumentó exponencialmente. Si en 2019 fueron 1.843 personas, en 2022 ya eran cerca de 46.000, según el Ministerio del Interior británico. La procedencia de los viajeros es, principalmente, de Albania, Afganistán, Irak e Irán. Como se trata de países muy lejanos, la tortuosa travesía de los migrantes se extiende durante meses.
El anterior gobierno de Boris Johnson ya había suscripto un acuerdo por 144 millones de euros con Ruanda para deportar migrantes irregulares. Con total desfachatez, el ex primer ministro intentó matizar las críticas a la medida señalando que “es uno de los lugares más seguros del mundo” (El País, 14/4/22). Entiéndase bien: es la tierra del genocidio tutsi que dejó un millón de muertos en 1994, como parte de un conflicto regional que nunca se disipó del todo.
El convenio con Ruanda fue judicializado, lo que impidió el año pasado que zarpara el primer vuelo para despachar a los irregulares. Ahora, sin embargo, el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales lo ratificó. El gobierno británico, de todos modos, explora también otros posibles destinos, a la vez que reclama a Francia un mayor control de sus costas, e incluso quiere devolverlos -un pinball en el Canal de la Mancha. Ante el anuncio de la reforma de Sunak, París ya aclaró que no recibirá a los migrantes.
La deportación a un tercer país que persiguen los funcionarios británicos no es una política innovadora. Australia lleva años ejecutándola, vía la expulsión de los recién llegados al remoto atolón de Nauru, ubicado a más de 4 mil kilómetros de distancia.
La Europa continental, en tanto, no le va en saga al Reino Unido: proliferan los muros, los centros de detención y las normas antimigratorias. Los gobiernos que posan como el bando “democrático” en la guerra del este europeo llevan a cabo estas recetas expulsivas.
De esta manera, las masas de desplazados son doblemente sometidas por el imperialismo y los gobiernos capitalistas. Primero por la guerra y el ahogo económico, después por la represión, la xenofobia y la expulsión.
Abajo el plan de Sunak. Por la defensa incondicional del derecho de asilo y la unidad de trabajadores nativos y migrantes, en una lucha común contra el capital.
Gustavo Montenegro
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