La excusa esgrimida por Donald Trump para sancionar a Brasil con aranceles del 50% se basa en reclamar contra el proceso llevado a cabo en ese país contra el fascista amigo suyo, Jair Bolsonaro.
Sin embargo, las sanciones coinciden con un reclamo que las grandes tecnológicas y las tarjetas bancarias le están haciendo a Brasil y que presentaron plasmado en un documento ante Donald Trump.
El documento fue elaborado por el Consejo de la Industria de Tecnologías de la Información (ITI), asociación que agrupa a empresas de métodos de pago, software, redes sociales, ciberseguridad, procesamiento de datos y centros de datos, entre otras. La organización cuenta con 81 miembros, entre ellos gigantes financieros como Visa y MasterCard, y grandes tecnológicas como Amazon, Google, Apple, Microsoft, Meta, IBM, Intel, Dell y Nvidia, entre otras (Infomoney 25, 21/08).
El reclamo tiene que ver en primer lugar con Pix, la billetera virtual estatal que hoy utilizan más del 90 % de los brasileños, sin ningún costo para los particulares y, para los negocios, un costo mucho menor que el que tienen otras billeteras y las tarjetas de débito y crédito. Además, la acreditación del pago en Pix solo tarda tres segundos, frente a los dos días de las tarjetas de débito y los 28 días de las tarjetas de crédito.
Pix es objeto de una investigación comercial abierta por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, el 15 de julio, por considerarla “práctica desleal”.
El Premio Nobel de Economía Paul Krugman, pondera a Pix y declaró que está desplazando aceleradamente tanto el efectivo como las tarjetas, porque, además, de ser gratuito, ofrece transacciones instantáneas.
El próximo lanzamiento del Pix será la posibilidad de pagar en cuotas, lo que dejaría a las tarjetas de crédito Visa y MasterCard casi fuera de competencia.
En el documento que le presentaron a Donald Trump, además de criticar a Pix, las empresas estadounidenses plantearon su alarma por las regulaciones, que incluyen políticas de moderación de contenidos en plataformas digitales, inteligencia artificial y centros de datos, así como las recientes amenazas del gobierno brasileño de gravar a las grandes tecnológicas.
Los índices señalan al Supremo Tribunal Federal (STF), a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) e incluso al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Una de las quejas es por la sentencia del Supremo Tribunal Federal sobre el Artículo 19 del Marco Brasileño de Derechos Civiles para Internet, dictada en junio. Según el fallo, las grandes empresas tecnológicas podrían ser consideradas responsables del contenido publicado por terceros si no lo eliminan, incluso cuando se les solicita extrajudicialmente (ídem).
Anteriormente, se consideraba que el Artículo 19 establecía que las plataformas digitales solo eran responsables del contenido de terceros si no cumplían una orden judicial de eliminarlo, según ITI.
Tras la sentencia del Supremo Tribunal Federal (STF), Anatel dictaminó que los sitios de comercio electrónico que venden productos de terceros -conocidos como marketplaces, como Mercado Libre, Amazon, Shopee, Magalu y otros- serán responsables de la publicación de productos irregulares. Esta responsabilidad incluye a las plataformas dedicadas exclusivamente a la publicidad o promoción de los artículos (Ídem).
El fallo en sí no solo es un ataque a los pulpos tecnológicos, sino que ataca a toda la economía en negro que se sostiene en las plataformas, incluido el delito organizado que circula por las redes. Con este criterio, las redes sociales son responsables de la circulación de pornografía infantil, por ejemplo, y los sitios de comercio electrónico están impedidas de ofrecer productos en negro que no cumplen con regulaciones ni pagan impuestos.
En estos días se están discutiendo nuevos proyectos de ley que regulan aún más a Internet.
El principal proyecto del gobierno determina que las plataformas de internet deben usar "mecanismos y sistemas para promover la detección y la inmediata indisponibilidad de contenido ilícito de terceros" cuando se trate de determinados delitos contra niños y adolescentes, actos de terrorismo, inducción al suicidio y a la automutilación, entre otros (Folha 13/08).
Las plataformas que incumplan esta determinación estarán sujetas a sanciones administrativas. Estas puniciones pueden ir desde una advertencia, pasando por una multa de hasta el 10% de la facturación del grupo económico en Brasil, hasta la suspensión del proveedor por 30 días. Podrá haber suspensión por tiempo indeterminado, tras orden judicial (ídem).
Para las empresas implica un costo considerable para el control de las publicaciones. En el mismo documento, ITI también destacó que Brasil es un mercado clave para las exportaciones estadounidenses de TI, habiendo generado un superávit comercial de casi 5.000 millones de dólares.
Otra fuente de queja fue el Proyecto de Ley 2338/2023, que regula la inteligencia artificial (IA) en Brasil. Entre otras cosas, el proyecto de ley defiende los derechos de autor del contenido en línea extraído por las herramientas de IA de las grandes tecnológicas, establece normas más estrictas para su uso y para la remuneración de los autores, obligaciones que contradicen a las empresas estadounidenses.
Por último, otro gran problema para ITI son los intentos del Poder Ejecutivo y el Congreso de gravar a las grandes empresas tecnológicas. Como ejemplo, el ITI citó el proyecto de ley del diputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) que establece la Contribución Social Digital (CSD), un impuesto sobre la publicidad digital que utiliza datos recopilados de los usuarios; y sobre la venta o transferencia de datos de usuarios (Infomoney 25).
Más allá de ser un escollo en sí mismas para las tecnológicas, estas regulaciones representan un precedente que Brasil estaría dejando asentado para el resto del mundo, donde la vorágine de la nueva tecnología no ha dado tiempo aún a implementar regulaciones.
Las billeteras virtuales son un mercado en disputa en todo el mundo. En la Argentina la guerra se dio entre Mercado Libre y los bancos, y al Estado le están quitando el gran mercado del pago del transporte urbano y suburbano que antes monopolizaba con la SUBE.
En Brasil, el imperialismo norteamericano disputa el mercado de Pix, pero también actúa a la defensiva, en resguardo de los intereses de Visa y MasterCard. No se trata solo de un botín. Con las regulaciones se pone en cuestión la seguridad y la precarización de la economía en todos sus vértices.
Aldana González
02/09/2025
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