Declaración del Tribunal B. Russells

Sobre el archivo de la querella presentada contra cuatro presidentes de EE.UU. y cuatro primeros ministros de Reino Unido por crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio en Iraq

Sea cual sea su resultado, ninguna investigación pública sobre la decisión de hacer la guerra sobre Iraq será suficiente mientras encubra los crímenes cometidos, excluya a las víctimas, y no sancione a los responsables. Los actos ilegales conllevan consecuencias. Los muertos, heridos y demás afectados merecen justicia.
El 6 de octubre de 2009, junto con y de parte de querellantes iraquíes, interpusimos una querella ante la justicia española contra cuatro presidentes estadounidenses y cuatro primeros ministros británicos por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en Iraq. La demanda hace referencia a hechos ocurridos a lo largo de 19 años. No solamente trataba la destrucción generalizada a la que Iraq ha sido sometida desde 2003, sino también el periodo de sanciones durante el cual se registraron 1,5 millones de muertes excesivas en Iraq.
Presentamos la querella en España porque su ley de justicia universal se basaba sobre principios constitucionalmente consagrados. Toda el mundo conoce los crímenes cometidos en Iraq por los acusados, pero ninguna jurisdicción ha sido capaz hasta el momento de presentarlos ante la justicia. Presentamos una querella contundente cuyo contenido se basaba en pruebas extraídas de más de 900 documentos, haciendo referencia a hechos específicos que demuestran un patrón de daño e intención acumulados.
A la hora de interponer la querella, nos constaba que el Senado español estaba a vísperas de un voto sobre una enmienda ya aprobada en el Congreso de los Diputados, que limitaría el alcance de la aplicación de la justicia universal. Éramos conscientes de que la restricción podría aplicarse de manera retroactiva, y de hecho se tomaron en cuenta las nuevas pautas regidas por la enmienda, que por aquel entonces seguía siendo una propuesta. Unas horas después de la presentación de la querella, se aprobó la limitación del alcance de la ley de justicia universal en España. Poco tiempo después se archivó nuestra demanda. Varios otros casos e investigaciones de carácter serio, y que requieren la vigencia de la justicia universal para asegurar su continuidad, se ven hoy en día enfrentados con graves obstáculos.

Cae otra jurisdicción

A pesar de presentar una demanda sustanciada de 110 páginas (véase la Introducción adjunta), el Fiscal y el Juez asignados a nuestro caso decidieron que no había razón para investigar. Sus argumentos eran erróneos y podrían haber sido refutados con facilidad si hubiésemos podido recurrir. Para ello, necesitábamos un abogado profesional español. Podría haberse tratado o bien de una persona remunerada o bien de un abogado voluntario que ofrecería su ayuda al pueblo iraquí en su lucha por la justicia. Como carecíamos de medios, y por otras razones generalmente relacionadas a asuntos internos españoles que no nos concernían, no pudimos conseguir un abogado, ni voluntario ni remunerado. Nuestra petición de ampliación de plazo a los tribunales mientras conseguíamos el apoyo de un abogado fue denegada.
Seguimos creyendo que la matanza violenta de más de un millón de personas en Iraq desde 2003, la ocupación estadounidense —que como tal lleva responsabilidad legal directa— y el desplazamiento de hasta una quinta parte de la población iraquí a causa del terror que la ocupación ha impuesto e incitado, implican sin lugar a duda que las alegaciones que presentamos merecen ser investigadas.
En realidad, este es un ejemplo clarísimo del tipo de caso que sistemáticamente rehúyen las autoridades en Occidente —incluyendo España. En el pasado, los Estados occidentales han convertido la justicia universal en instrumento para juzgar a países del Tercer Mundo. Pero cuando las mismas víctimas del Sur empezaron a tratar de lograr justicia y el enjuiciamiento de agresiones de Israel y Estados Unidos mediante la puesta en marcha de casos bajo las leyes de justicia universal, los países occidentales se apresuraron a limitarlas. Hoy en día, el abandono de la justicia universal mediante su dilución se ha convertido en una tendencia generalizada.

Llamamiento a la ampliación del esfuerzo colectivo para iniciar procedimientos criminales

Lamentamos que los tribunales españoles se hayan negado a investigar nuestro caso, pero esto no nos desalentará. La nuestra es una causa justa. Los crímenes son evidentes. Los responsables son bien conocidos. Sin embargo el sistema jurídico internacional sigue ignorando a las víctimas iraquíes. El deseo de lograr la justicia para las víctimas y el de toda la humanidad de sancionar a los criminales de guerra, nos obligan a buscar vías legales alternativas para que se investiguen los crímenes cometidos en Iraq y para que se pueda establecer la responsabilidad jurídica.
Actualmente, el derecho internacional fallido permite que los criminales de guerra estadounidenses y británicos estén por encima de la ley. Esta realidad constituye un ataque —y hace posibles futuros ataques— contra los derechos de todas las personas de todo el mundo. Consecuentemente, seguiremos abogando por la explotación de todas las vías posibles, incluyendo aquellas proporcionadas por las instituciones de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y los tribunales populares, para poner en evidencia y traer ante la justicia y la opinión pública y moral, los crímenes que Estados Unidos y Reino Unido han cometido en Iraq.
Quedamos a la disposición, con nuestra experiencia y conocimiento, de aquéllos que luchan en esta dirección. Esperamos que llegue el día en que los países del Sur, que generalmente son las víctimas de la agresión, refuercen sus sistemas jurídicos mediante la implementación del principio de la justicia universal. Será un gran servicio para la humanidad y el derecho internacional.
Millones de personas en Iraq han sido asesinadas, desplazadas, aterrorizadas, detenidas, torturadas o empobrecidas bajo los ataques militares, económicos, políticos, ideológicos y culturales de Estados Unidos y Reino Unido. El tejido e incluso la propia esencia del país se han sometido a la destrucción intencionada. Esta destrucción constituye uno de los crímenes internacionales más graves jamás cometidos. Toda la humanidad debería oponerse a que el derecho permita, mediante su fracaso a la hora de garantizar la justicia para las víctimas, que esta destrucción se convierta en el precedente que abre el siglo XXI.

Comité Ad Hoc por la Justicia para Iraq