El Partido Comunista Cubano prepara su sexto congreso para abril próximo y, para ello, emitió un documento económico-social que –para los amigos de la revolución cubana– despierta grandes preocupaciones y para la población de la isla es un golpe brutal, desmoralizador. Desgraciadamente, salvo los enemigos del proceso revolucionario, que se regocijan con las dificultades por las que éste atraviesa, no se leen análisis ni se escuchan opiniones sobre el curso que está siguiendo la revolución cubana, que sin embargo es tan decisiva para el proceso de liberación de toda América Latina. Por eso, con los límites que resultan de la posibilidad de escribir sólo un corto artículo cada domingo, me veré obligado a dedicar a este tema una serie de artículos, a sabiendas de que siete o 14 días después pocos recordarán –si lo han leído– el anterior.
Haré aquí algunas consideraciones generales, dejando para las sucesivas entregas el estudio de los artículos más peligrosos del documento del PCC y, naturalmente, lo que podría ser una alternativa. En primer lugar, considero que seguir con detenimiento y pasión lo que sucede y podría suceder en Cuba es un derecho y un deber no sólo de todo socialista sino también de todo latinoamericano que lucha por la independencia de nuestros países y por la liberación nacional y social del continente. En efecto, lo de Cuba es demasiado importante y demasiado grave para que sea sólo tema de discusión de los cubanos.
En segundo lugar, considero que si se convoca el congreso para abril de 2011 supuestamente como instancia de consulta y de decisión, no es posible empezar ya este año a aplicar medidas fundamentales e irreversibles en muchos campos de la actividad económica, colocando a todos ante hechos consumados y al congreso mismo en el triste papel de simple aprobador-legitimizador de resoluciones adoptadas por pocos en el aparato estatal. La desgraciada fusión entre el Partido Comunista y el Estado subordina el primero al segundo y le hace adoptar como propias la lógica y las necesidades estatales, anulando así su propio papel de control y de crítico y vigilante, por no hablar de su papel indirecto de portavoz de opiniones y necesidades de los trabajadores.
Ahora bien, como recalcaba Lenin, el Estado es, incluso después de la revolución, un instrumento de clase, la expresión de la subsistencia del mercado mundial capitalista y de los valores y métodos burgueses de dominación, lo cual obliga al partido (y a los sindicatos) a defender los derechos particulares de los trabajadores incluso contra su Estado y, por lo tanto, a no someterse al mismo. El hecho de que el programa económico-social que analizamos sea un programa exclusivamente burocrático-estatal destinado, según proclama, al fortalecimiento de la institucionalidad y a la reforma del Estado y del gobierno, destaca aún más el achatamiento del partido frente a éstos. Porque si por institucionalidad se entiende poner coto al arbitrio y al voluntarismo desorganizadores de la economía y causantes del despilfarro, la incuria y la falta de control que permiten la corrupción y la burocratización, no se puede olvidar que el Estado no es sólo un aparato burocrático-administrativo o represivo sino una relación de fuerzas social y, por consiguiente, la reforma del Estado debe acordar mucho mayor peso a los órganos de democracia directa, a los trabajadores que a la vez son consumidores, productores y constructores del socialismo y no meros súbditos ni objetos pasivos de resoluciones verticalistas. Además, una revolución, por definición, no es sinónimo de institucionalizar sino de renovar y democratizar profunda y totalmente las estructuras de poder permitiendo la expresión de la diferencia que existe en ese doble poder siempre latente entre la revolución (los trabajadores, en el sentido más amplio del término) y las importantes expresiones del capitalismo (como el aparato estatal, que pretende comandar al viejo modo).
Es, en mi opinión, muy grave que el documento para el próximo congreso del partido, aunque tenga como centro la restructuración económica, no mencione a los trabajadores (ni siquiera a los sindicatos que, en el aparato estatal burocratizado, son la correa de transmisión de éste hacia aquéllos). En 32 páginas de texto la palabra socialista aparece, por otra parte, sólo tres veces y no hay ni una mención a la burocracia, su extensión y sus divisiones (que cualquier cubano ve como un problema grave), ni a la democracia de los productores, ni siquiera para explicar quiénes escogerán los que serán declarados disponibles (que suman nada menos que un 20 por ciento de la población económicamente activa). En cuanto a los órganos populares, democráticos, de control y de planificación, brillan simplemente por su ausencia.
Es igualmente grave el hecho de que este documento no esté acompañado por un texto del partido sobre la fase actual de la economía mundial, la sociedad cubana, los peligros sociales y políticos de una apertura mucho mayor al mercado mundial y al mercado libre en la isla, las causas que impusieron estas medidas drásticas y de guerra (incluyendo entre ellas, autocríticamente, los errores del partido y del gobierno entre congreso y congreso y en los últimos 40 años) y que no se prepare al partido y a los trabajadores para los peligros que derivarán del reforzamiento de los sectores burgueses y de los valores capitalistas, ni se fijen perspectivas. Porque la brutalidad de la agresión imperialista y de la crisis mundial puede obligar, es cierto, a abandonar conquistas y a dar pasos atrás, pero no hace obligatorio que se escondan los retrocesos y, menos aún, que se pinten los progresos igualitarios que se tienen que abandonar forzados por el mercado mundial como si hubiesen sido negativos. Pero sobre esto volveremos en los próximos artículos, analizando el texto que, para el congreso del PCC, presentan la burocracia y la tecnocracia que controlan el Estado.
Guillermo Almeyra
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