jueves, diciembre 31, 2015

El control de las armas de fuego en EE.UU. en comparación con el resto del mundo

Una sociedad armada hasta los dientes

En junio, los asesinatos de Charleston propiciaron una vez más los esporádicos debates acerca de si la existencia de un control de las armas de fuego habría evitado esta terrible tragedia. Cuatro meses después, la masacre en el Instituto Comunal Umpqua de Rosebourg, Oregon, dejó nueve muertos.
Una vez más, como había sucedido después del tiroteo de Charleston, el presidente Obama habló con franqueza sobre la frustración que le producía el que “este tipo de violencia indiscriminada no ocurre en otros países avanzados”.
El 1 de octubre, Obama lo expresó de esta manera: “Sabemos que otros países, en respuesta a un tiroteo indiscriminado, han sido capaces de aprobar leyes que prácticamente acabaron con ese problema. Amigos nuestros, aliados nuestros –Gran Bretaña, Australia, países como nosotros–, lo hicieron. Por lo tanto, sabemos que hay formas de prevenirlas [esas matanzas]. Hasta ahora, sin embargo, Estados Unidos no ha encontrado “la forma de prevenirlas”. Da la impresión de que la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) tiene tanto poder con los políticos que, aunque el 90 por ciento de los estadounidenses (incluyendo a una mayoría de los miembros de la NRA) después de la matanza en Newton de 2014 quieren que se adopte la verificación generalizada de antecedentes, no ha habido ninguna acción federal en este sentido. Ciertamente, el tipo de respuesta comprensible que ha sido eficaz en otros países es improbable que surja en Estados Unidos.
No obstante, el dominio ejercido por la NRA en el plano de la legislación contra el crimen es solo una parte del problema.
La fetichista cultura de idolatría por las armas, la supuesta capacidad mágica y protectora de las armas de fuego y el poder que de ellas emana al ser empuñadas contra supuestos enemigos –entre ellos el propio gobierno federal– representan un mensaje que resuena en las personas atribuladas, desde el asesino de Santa Barbara, que intentaba vengarse de las mujeres que no habían sido capaces de apreciar se grandeza, al matador múltiple de Charleston, que se hizo eco del mantra del Tea Party de “recuperar nuestro país”.
Durante los últimos 25 años he estado investigando sobre la cuestión de la violencia con armas de fuego en Estados Unidos y qué podemos hacer para prevenirla. El hecho es que si el argumento de la NRA acerca de la efectividad de las armas de fuego en la reducción del crimen fuese verdad, Estados Unidos debería tener la tasa más baja de homicidios entre los países industrializados [del mundo] en lugar del más alto (por un amplio margen).
Estados Unidos es, con mucho, el líder mundial en el número de armas de fuego en manos de civiles. Las más estrictas leyes sobre las armas de fuego de otros “países avanzados” han contenido la violencia, los suicidios y los accidentes con esas armas, incluso cuando en ciertos casos las leyes fueron aprobadas en contra de grandes manifestaciones de los ciudadanos partidarios de las armas.

El estado del control de las armas de fuego en Estados Unidos

Dieciocho estados de EE..UU y una cantidad de ciudades como Chicago, Nueva York y San Francisco han tratado de reducir el uso irrestricto de armas de fuego y de los accidentes vinculados con su uso mediante la adopción de leyes que obligan a tener las armas seguramente guardadas cuando no están en uso. El depósito seguro es una forma normal de regular las armas de fuego en los países con regulaciones más estrictas.
Durante años la NRA se ha opuesto con fuerza a ese tipo de leyes. Pero esa oposición ha recibido un golpe importante a principios de este diciembre cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos –con la ruidosa disconformidad de los jueces Thomas y Scalia– se negó a tratar la ley de San Francisco que obligaba a mantener guardadas con seguridad las armas de fuego mientras no estuviesen en uso. No hay la menor duda de que este fue un paso importante dado que cada año se roban cientos de miles de armas de fuego, y una buena política pública debe tratar de mantener las pistolas fuera del alcance de los delincuentes y los niños.
Sin embargo, los discrepantes estaban alarmados por la posibilidad de que un arma de fuego depositada en un lugar seguro no estuviese inmediatamente disponible para su uso, aunque no parecían tener conciencia de lo infrecuente que un arma de fuego pueda ser de utilidad cuando alguien es atacado.
Los jueces saben que solo una fracción mínima de las víctimas de crímenes violentos es capaz de usar un arma de fuego para defenderse. La base de datos elaborada por el Servicio Nacional de Víctimas del Delito (NCVS, por sus siglas en inglés) muestra que en el periodo 2007-2011, en el que cada año hubo alrededor de seis millones de delitos violentos sin muertos, el 92,2 por ciento de las víctimas de estos delitos no se defendieron con un arma de fuego; esto es, en un país con 300 millones de armas de fuego en poder de civiles.
De hecho, un estudio realizado con 198 casos de intrusión no deseada en viviendas unifamiliares de Atlanta, Georgia (no solo las nocturnas, cuando los residentes están durmiendo), halló que el intruso tenía el doble de posibilidades de hacerse con el revólver de la víctima de que esta disparara su arma para defenderse.
Un arma de fuego cargada y sin seguro en el hogar es como un agente de seguridad que no se hace presente en por lo menos el 95 por ciento de las veces que uno lo necesita, pero tiene el continuo potencial –sobre todo en el caso de pistolas y revólveres, que son los que con más facilidad manejan los niños y los más atractivos para su empleo en el delito– de herir a alguien de la casa o (vía hurto) del público en general.

Más pistolas no pararán la violencia con pistolas

El mantra que la NRA ha estado diciendo durante años que si los ciudadanos tienen permiso para llevar pistolas entre sus ropas se reduciría el crimen, ya que con esas pistolas se combate contra los criminales o los ahuyentan.
Algunos estudios hechos hace años incluso pretenden mostrar que las leyes que permiten el llamado derecho a portar [pistolas o revólveres] hacen justamente eso, pero un informe –de 2004– del Consejo Nacional de Investigación refuta este argumento (diciendo que no se apoya en “evidencia científica”), mientras continúa siendo incierto el verdadero impacto que han tenido las leyes referidas al derecho a portar armas de fuego.
Diez años de datos adicionales han permitido realizar nuevas investigaciones para tener una mejor estimación sobre la cuestión, que tiene su importancia ya que la NRA está trabajando para conseguir un fallo del Tribunal Supremo que permitiría que el derecho a portar armas fuera constitucional.
Lo último sobre el tema, fruto del trabajo de mi equipo de investigación en la Universidad Stanford, aporta la evidencia más convincente hasta este momento; señala que las leyes sobre el derecho a portar armas están asociadas con un importante incremento del crimen violento, sobre todo en relación con el asalto agravado. Si observamos los datos del Registro del Crimen de Uniformados [del FBI] desde 1979 a 2012, descubrimos que en promedio los 33 estados que en este periodo aprobaron leyes que permiten portar armas, después de 10 años tuvieron una tasa de crimen violento entre 4 y 19 por ciento más alta de la que hubiesen tenido de no haber sido aprobadas esas leyes.
Es muy difícil que estos datos sirvan para hacer que el derecho a portar armas se convierta en un derecho constitucional. Al menos queda claro que se necesita investigar más para estimar con mayor precisión en qué medida una decisión como esta daría rienda suelta al crimen violento en los estados que hasta hoy se han resistido a la aprobación –con el respaldo de la NRA– de leyes para regular el derecho a portar armas.
Mientras tanto, ¿hay algo que pueda hacer que los políticos estadounidenses escuchen a ese 90 por ciento de la población que se inclina por la sabia medida de aprobar la averiguación universal de antecedentes cuando se trata de la compra de armas de fuego?

El control de las armas de fuego en el mundo

Podría hacerse un ejercicio académico para hacer conjeturas sobre si la ley tendría un rol positivo en la reducción de la cantidad y la letalidad de los tiroteos indiscriminados.
Aparentemente, en muchos países avanzados se piensa que sí, ya que a alguien como el asesino de Charleston se lo ponen mucho más difícil en el caso que se proponga hacerse con una pistola Glock semiautomática o cualquier otro tipo de arma de fuego (la averiguación de antecedentes para todos los posibles compradores es algo normal en las regulaciones para el acceso a estas armas en el resto de países avanzados).
Alemania: Cualquier persona menor de 25 años que quiera comprar un arma de fuego debe someterse a una evaluación psiquiátrica (presumiblemente, Dylan Roof, de 21 años, no la habría superado).
Finlandia: A quienes se postulen para obtener una licencia de armas cortas solo se les concede si pueden acreditar que son miembros activos de un club de tiradores regulado por la ley. Antes de que puedan adquirir un arma, los interesados deben aprobar una prueba de aptitud, someterse a una entrevista con la policía y mostrar que tiene una apropiada unidad de guarda para el arma.
Italia: Para obtener una licencia de armas de fuego, se debe alegar una razón genuina pare tener acceso a ellas y superar una prueba de antecedentes que tenga en cuenta tanto los registros penales como los de salud mental (una vez más; presumiblemente, Dylan Roof, no la habría superado).
Francia: Los aspirantes a tener una licencia de armas de fuego no deben tener ningún antecedente delictivo, pasar por una entrevista para conocer las circunstancias que hacen necesaria la compra de este tipo de armas y evaluar los antecedentes penales, mentales y de salud del aspirante (es presumible que Dylan Roof, no habría superado esta prueba).
Reino Unido y Japón: Legalmente, los ciudadanos privados tienen prohibida la posesión de pistolas y revólveres.
Si bien tanto los tiroteos indiscriminados como los homicidios y suicidios con arma de fuego no son desconocidos en estos países, las tasas generales de Estados Unidos son sustancialmente más altas que en los países mencionados más arriba.
En tanto es frecuente que los seguidores de la NRA me cuestionen en relación con estas estadísticas con el argumento de que esto es así solo porque “los negros estadounidenses son muy violentos”, es importante destacar que el número de asesinos blancos en Estados Unidos duplica holgadamente el de los asesinos en cualquiera de los otros países mencionados.

Australia no ha tenido un tiroteo indiscriminado desde 1996

Vale la pena examinar la historia de Australia, donde hubo 13 matanzas a tiros en los 18 años que van desde 1979 a 1996, pero ninguno en los siguientes 19 años.
El punto de inflexión se produjo en 1996, cuando un hombre que portaba varias armas semiautomáticas mató a 35 personas en Port Arthur, Tasmania. En la estela de la masacre, el gobierno federal conservador tuvo éxito en la implementación de nuevas y estrictas leyes para el control de las armas de fuego en todo el país. Se prohibió una amplia selección de armas, entre ellas la pistola Glock semiautomática utilizada en la matanza de Charleston. El gobierno también puso en marcha una operación de compra obligatoria de armas de fuego en manos de civiles que redujo sustancialmente su posesión en Australia.
El resultado de estas medidas fue la disminución tanto de los suicidios como los homicidios por disparo (como también el número total de suicidios y homicidios). Además, la legislación de 1996 convirtió la defensa propia con armas de fuego en un acto pasible de ser perseguido penalmente.
Cuando menciono esto para rebatir la creencia de los seguidores de la NRA, estos insisten alegando que ahora el crimen debe ser algo desenfrenado en Australia. De hecho, la tasa de asesinatos en Australia ha descendido a 1 por cada 100.000 habitantes mientras que la de Estados Unidos –afortunadamente más baja que a principios de los noventa –está todavía en alrededor de 4,5 por cada 100.000 habitantes, más de cuatro veces por encima de aquella. Aun más, la tasa de robos de Australia llega más o menos a la mitad de la de Estados Unidos (58 por cada 100.000 habitantes en Australia, en 2012, contra 113,1 en Estados Unidos en el mismo año).
¿Cómo hizo esto Australia? Políticamente, fue necesaria la presencia de un osado primer ministro que no se amedrentara ante la ira de los australianos defensores de las armas de fuego.
En 1996, cuando John Howard anunció su propuesta sobre restricciones relacionadas con las armas de fuego, llevaba un chaleco antibalas. Un muñeco que representaba al viceprimer ministro fue ahorcado. Pero Australia no tenía una industria armamentística nacional que se opusiera a las nuevas medidas; de ese modo, los deseos del pueblo hicieron valer su peso. Hoy en día, el respaldo a la seguridad y las restricciones respecto de las armas de fuego es tan fuerte en Australia que la ciudadanía no toleraría una vuelta atrás.
Es probable que el hecho de que Australia no haya tenido un tiroteo indiscriminado desde 1996 se deba a algo más que a la reducción de esas armas en la sociedad; ciertamente, las armas de fuego no han desaparecido completamente.
Además, sospecho que en el lapso que va desde el impacto producido por la matanza de Port Arthur y la supresión de las armas de fuego el país ha experimentado un cambio cultural en la vida cotidiana, y las armas de fuego ya no están disponibles para la defensa propia; sencillamente, están menos presentes en todo el territorio del país. En otras palabras, las personas atribuladas por un problema ya no piensan continuamente que un arma de fuego es el instrumento al que se puede acudir para resolver los supuestos agravios en la medida que antes lo era, o continúa siendo en Estados Unidos.

La laxitud en el control de las armas en un país puede crear problemas en otro país

Por supuesto, unas normas estrictas respecto de las armas de fuego no pueden garantizar que el riesgo de tiroteos o matanzas masivas haya sido eliminado.
Noruega tiene un estricto control de las armas de fuego y un fuerte compromiso con los valores humanos. Sin embargo, no evitó que Anders Breivik abriera fuego indiscriminadamente en un campamento juvenil en la isla de Utoya en 2011. La limpieza de sus antecedentes penales y su licencia de caza le habían permitido hacerse con varios rifles semiautomáticos, pero la ley noruega no le permitió disponer de cargadores de alta eficiencia para esas armas. En su manifiesto, Breivik escribió sobre sus intentos legales de compra de armas de fuego, diciendo, “Envidio a nuestros hermanos estadounidenses; en comparación con las suyas, las leyes europeas son una mierda”.
De hecho, en el mismo manifiesto, en el apartado “Diciembre y enero: comprados accesorios para rifle y pistola”, Breivik escribió que lo había hecho a través de un proveedor de Estados Unidos a quien había comprado –y quien le había enviado por correo– 10 cargadores de 30 balas para el rifle que el utilizó en el ataque.
Para decirlo de otra forma, incluso si un país específico opta por ponérselo difícil a los potenciales asesinos a la hora de conseguir armas, esos esfuerzos pueden ser burlados por jurisdicciones ajenas a ellos. Por supuesto, en Estados Unidos, las medidas destinadas al control de la adquisición de armas de fuego en el nivel estatal y el municipal es frecuente que sean recortadas por un control más laxo en estados vecinos.

John Donohue
The Conversation/International Policy Digest

Traducido del inglés por Carlos Riba García

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