El miércoles 16 de diciembre, 80 mil trabajadores y trabajadoras de 26 empresas, incluyendo Kia, Hyundai y General Motors Corea se declararon en huelga. La medida fue convocada por la confederación sindical coreana KCTU, en respuesta a las reformas laborales del gobierno, la represión en ascenso y el arresto del líder de la central, Han Sang-Gyun, la semana anterior.
Tormentas de noviembre
El mismo día que Paris era golpeada por los ataques, en Seul (capital surcoreana) casi 100 mil personas tomaban las calles en la manifestación más grande desde las marchas contra el FTA (tratado de comercio con EE. UU.) en 2008. Para estar a la altura del acontecimiento, el gobierno respondió duramente contra los manifestantes, con gases lacrimógenos y carros hidrantes, 50 arrestos y 100 heridos. Entre los heridos estaba Baek Nam-Ki, un granjero de 69 años que sufrió una grave lesión cerebral y se encuentra en estado crítico.
La presidenta Park Geun-Hye ya ha demostrado que bien merecido tiene el título de la “Hija del Dictador”, al declarar ilegales las marchas y prohibir a los manifestantes el uso de máscaras para protegerse de la represión estatal. Ya se desarrollaron otras manifestaciones que desafiaron las órdenes de Park, con la participación de hasta 10 mil personas.
Durante las últimas semanas se ha llevado a cabo una campaña de terrorismo de Estado. La policía realiza redadas en las oficinas de los sindicatos, acosa a los activistas y confisca documentos. El 10 de diciembre, el líder de la central KCTU Han Sang-Gyun fue detenido y acusado de violar la ley de reunión y manifestación y por obstrucción del tránsito. Han también podría enfrentar cargos por “incitar a la violencia” durante las protestas del 14 de noviembre. Si es procesado, podría enfrentar hasta 10 años de prisión.
El enemigo en casa
Vimos cómo François Hollande aprovechaba los ataques en París para amplificar su grito de guerra contra el “Islam radical”, aumentar los ataques aéreos en Medio Oriente y realizar redadas en mezquitas, hogares y comercios musulmanes. A miles de kilómetros, la presidenta Park adoptó una retórica antiterrorista para sus propios fines, señalar a los manifestantes como enemigos del Estado.
Estos ataques no son nuevos para la izquierda y los trabajadores en Corea del Sur. Durante años, la presidenta Park y las administraciones previas han dado un golpe tras otro, destruyendo las condiciones de vida de los trabajadores y los granjeros a través de reestructuraciones y privatizaciones, desplazando masas de pobres urbanos, haciendo que la educación sea antidemocrática e inaccesible, silenciando el disenso político. Para tales fines, los capitalistas han asegurado lo que la publicación Hankyoreh denomina una situación de “democracia intolerante” a través del servilismo de las instituciones del gobierno y los instrumentos de represión. La llegada del gobierno de Lee Myung-Bak en 2008 marcó un giro profundo y restringió las libertades democráticas. Remontándose a los días de la dictadura militar, Lee extendió la criminalización de la protesta y la izquierda.
En 2013, el partido de Park Saenuri entró en escena. Durante su primer año de gobierno, Park invocó la ley de seguridad nacional anticomunista para arrestar al diputado del Partido Progresista Unificado y más tarde disolverlo, con el argumento de que éste se encontraba “bajo las órdenes de Corea del Norte para desestabilizar al Estado de Corea del Sur a través de una revolución violenta”.
Pero los recientes acontecimientos han provocado un descontento visible a los ojos del mundo, y han dejado al descubierto el lado vulnerable de la “maravilla” económica de Corea del Sur: una enorme intensificación de la productividad a costa de las conquistas en seguridad laboral y derechos democráticos conseguidas luego de duras luchas.
Flexibilidad laboral
La clase dominante está obligando a los trabajadores a someterse, y moldear una fuerza de trabajo “flexible”, mediante una serie de reformas laborales en sintonía con los ajustes neoliberales del FMI después de la crisis de 1997. En un principio, las reformas serán introducidas en el sector público, pero serán adaptadas gradualmente en el sector privado. El sistema de salarios basado en la antigüedad será “disuelto” en gran medida, dándoles a los empresarios el poder de echar a un empleado por “baja performance”, y despedirlo sin indemnización. El Estado quiere recortar los salarios de los trabajadores mayores de 55 años debido a su “reducción de productividad” y a la necesidad de crear puestos de trabajos para los jóvenes. Los empleadores también podrán cambiar las regulaciones laborales en cualquier momento, de cualquier forma, sin necesidad de consenso con los trabajadores o el sindicato.
Estas medidas alimentan el arsenal de las empresas con varios medios para acallar el descontento obrero, aplastar a los sindicatos, y extender el uso de mano de obra barata y temporal (“irregular”). Se crea un “ambiente laboral similar a la esclavitud, donde los trabajadores constantemente necesitan de los favores de su patrón”.
Las reformas buscan rescatar la economía surcoreana, dependiente de las exportaciones, de sus turbulencias intrínsecas. Este último verano (en el hemisferio norte), se registró un fuerte desaceleramiento y una caída del 15 % en las exportaciones, causado por el colapso de los mercados chinos. Los empresarios –con el Estado como su arma más efectiva– buscaron descargar esa crisis en los trabajadores y los pobres. Los términos previos del contrato social entre el trabajo y el capital están siendo reescritos a expensas de los trabajadores.
Haciendo permanente lo irregular
A fines de la década de 1990, ya habían surgido los trabajadores “irregulares” –aquéllos que trabajan en los sectores de salarios más bajos, especialmente en comercio, las mujeres, la juventud y los migrantes–, con condiciones laborales miserables, y en el caso de los inmigrantes, condiciones de esclavitud que los mantenían cautivos, empleadores abusivos por miedo a la criminalización y deportación bajo el sistema de permisos de trabajo.
Lo que una vez fue considerada una posición transitoria –como sugiere la etiqueta “trabajadores temporales”–, los trabajadores irregulares están ubicados ahora en las líneas falla de un terreno inestable. Durante las últimas décadas, han peleado por ganarse el apoyo de los trabajadores del sector industrial, el movimiento obrero organizado, que demoró en reconocer que las demandas de los trabajadores irregulares dejaban entrever lo que se transformaría en un problema para todos los trabajadores. Mientras las organizaciones de izquierda le daban su apoyo a las luchas de las mujeres, los migrantes y los trabajadores precarios, los grandes sindicatos les prestaron poca atención. El líder de KCTU Han dice, “En ese entonces, no teníamos idea de cuán serio podía volverse el problema del empleo irregular/precario”.
Los trabajadores irregulares de Corea del Sur están ubicados en el nexo de la degradación del poder del movimiento obrero organizado y la reconfiguración de la relación de fuerzas entre las clases, que le brindaría a la clase dominante más armas para explotar, desplazar y eliminar a la clase obrera y los pobres.
Una coalición amplia encabezada por los trabajadores
En el otro extremo de la balanza se basa la posibilidad de una nueva ola de resistencia encabezada por los trabajadores jóvenes e irregulares. En los últimos años, los trabajadores de la Salud, el transporte, del sector automotriz y camiones han llevado a cabo huelgas contra las privatizaciones y la reestructuración laboral. En 2013, los ferroviarios realizaron una huelga de tres semanas, seguida por una huelga general organizada por las centrales sindicales FKTU y KCTU.
Y en los últimos meses, hemos visto los esfuerzos de una nueva coalición. Las movilizaciones de noviembre y diciembre, aunque heterogéneas y con una amplia red de varios sectores de trabajadores y pobres, coordinaron y unificaron más de 50 organizaciones de trabajadores, granjeros, jóvenes y pobres urbanos, en la coalición “Poder del Pueblo”. La coalición funciona como una coordinadora nacional y a nivel local con comités para movilizarse en todo el país.
La ligazón entre la defensa de los derechos laborales con las demandas democráticas, incluyendo la defensa de la educación pública y la libertad de expresión, el pedido de justicia por las víctimas del ferry Sewol, y la lucha contra el TPP (Acuerdo Trans Pacífico), son señales del avance en la formación de un movimiento encabezado por los trabajadores.
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Sin tregua
Antes de las marchas de noviembre, Han dijo, “Si la Asamblea Nacional (Congreso) impulsa la reforma laboral y el gobierno emite una directiva para reforzar las reformas administrativa y legislativa, estamos preparados para llamar a una huelga general. Y esta vez, no será una huelga de un día. Estamos hablando de parar la producción, de que los camiones estén varados en sus recorridos, trabajadores de los ferrocarriles y el subterráneo en huelgas ilegales; paralizar el país para que el gobierno sienta la indignación de los trabajadores”. Aunque la huelga del miércoles incluyó la participación de varios miles de trabajadores, no se puede decir que haya tenido éxito en paralizar el país.
La cuestión sigue siendo la misma: ¿cómo ir más allá de la efímera victoria de un contrato social (o una “tregua”) con los capitalistas? El mejoramiento de los términos de explotación ya está siendo desmantelado según la conveniencia de los empresarios. El movimiento obrero surcoreano ha fortalecido su pelea y ha afirmado su hegemonía al tomar las demandas de los estudiantes, los granjeros, y los pobres. Sus esfuerzos para construir una coalición es una señal de progreso. Los recientes desarrollos muestran la urgencia de una dirección y organización revolucionaria de los trabajadores –migrantes, irregulares y regulares–, así como la necesidad de un partido independiente de la clase obrera que pueda pelear por algo más que solamente garantías contra las prácticas más escandalosas.
Okhee Kwon
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