El ministro de Hacienda Meirelles anunció las primeras medidas: reforma jubilatoria, laboral y recorte del gasto público para garantizar el ajuste fiscal exigido por empresarios y el imperialismo.
Este viernes (14), en su primer día como nuevo ministro de Hacienda, Henrique Meirelles concedió diversas entrevistas, entre ellas un pronunciamiento oficial a la prensa sobre las directrices de la nueva política económica que implementará en el país. En consonancia con la derecha representada en el gobierno golpista de Temer, anunció que sus principales medidas estarán centradas en la reforma jubilatoria, la reforma laboral y el recorte del gasto público para garantizar el profundo ajuste fiscal exigido por empresarios, banqueros y el imperialismo.
Con cuatro trimestres consecutivos de caída del PBI, Brasil enfrenta lo que los analistas burgueses califican como la recesión más prolongada de la historia del país. El desempleo llega al 10,9%. La tasa de interés es de 14,25%, la más alta en diez años, y la mayor en todo el mundo. La inflación del 10,67% alcanzó su mayor nivel desde 2002. En palabras del nuevo ministro de Hacienda, el problema de la economía brasilera reside en la reversión de las expectativas de empresarios y banqueros para retomar las inversiones en el país. En este sentido, el mayor de los problemas sería cómo aplicar un ajuste fiscal profundo, aumentando la recaudación del gobierno, principalmente reduciendo sus gastos: "¿Cuál es el principal factor para la caída de la confianza? La cuestión política y la incertidumbre política. Y, entre los factores objetivos, está la inseguridad en relación a la sustentabilidad futura de la deuda pública y la capacidad del Estado de continuar financiándose a futuro en la medida en que la deuda pública es claramente insostenible en el largo plazo. Es necesario dar señales de una reversión en el proceso de aumento de la deuda pública”.
Para lograrlo, Henrique Meirelles, aunque no haya explicitado completamente sus medidas, ya anticipó en su discurso tres de ellas que nos dan una idea de la profundidad del ataque esperado: la reforma jubilatoria, la reforma laboral y la disminución del gasto público. Además, afirmó que no aumentarár los impuestos en un primer momento pero, obviamente, no descartó el aumento y el regreso del llamado impuesto al cheque (CPMF – Contribución Provisoria sobre los Movimientos Financieros).
En relación a la reforma previsional ya anunció el primer ataque a los trabajadores, con el establecimiento de una edad mínima para jubilarse en el país como primer paso. “Lo que se necesita es una determinación del gobierno. Y lo vamos a hacer. Es presentar una propuesta factible a la sociedad. Edad mínima con una regla de transición”, declaró el Ministro. Las reformas laborales, aunque no detalladas, van en el sentido de dar más eficiencia y productividad a la economía capitalista, término peligroso para los trabajadores, que deben prepararse para nuevos recortes de sus derechos laborales.
El ministro sostuvo que el principio que regirá su práctica es la del “nominalismo” económico, es decir, que los gastos del gobierno no tendrán crecimiento real. Y es sobre la base de este “principio económico” que debemos prepararnos para mayores ataques contra los trabajadores y la juventud del país. El gasto público brasilero, particularmente los relacionados con áreas como la salud, educación y la seguridad social, están vinculados a la renta nacional y al salario mínimo. Los gastos en salud, por ejemplo, están determinados por la Constitución de 1988 que establece que debe ser la cantidad del año anterior acrecentada según la variación del PIB nominal. Por tanto, actualmente, por garantía constitucional, esos gastos no pueden reducirse de un año para otro. Los gastos destinados a educación también están establecidos en la Constitución y siguen una lógica similar.
Los gastos referidos a la Seguridad social, más de dos tercios de esos beneficios están vinculados al valor del salario mínimo vigente en el país. La política de aumento real del salario mínimo aplicado durante la última década, bajo los gobiernos petistas, significó también aumentos reales en los valores de las pensiones y demás beneficios pagados por Seguridad Social. Aunque el ministro haya afirmado que “no hay dudas de que los programas sociales serán mantenidos”, también enfatizó que lo fundamental es que “el Estado sea solvente”. Es decir, el principio del “nominalismo” económico significa dar una señal al mercado, a los banqueros, empresarios y al imperialismo de que el gobierno estará dispuesto a medidas como la rebaja salarial de los empleados públicos, desvincular el salario mínimo de los beneficios de la Seguridad social (como ya fue defendido por Henrique Meirelles, hace menos de un mes, en un seminario en Nueva York), acabar con la política de aumento real del salario mínimo e incluso promover un cambio constitucional, modificando la Constitución de 1988, para garantizar la estabilidad de los gastos de gobierno.
A diferencia de los años de crecimiento económico y del boom de las commodities que consagraron el trípode económico de estabilización de Henrique Meirelles al frente del equipo económico de los gobiernos de Lula, el actual escenario internacional es mucho más contradictorio. La desaceleración de China pesa como dinamizador de la economía mundial y, en particular de Brasil, y aunque hayamos visto una recuperación de Estados Unidos desde el estallido de la crisis en 2008, éste todavía mantiene un frágil crecimiento. Es decir, el escenario internacional abierto con la crisis económica mundial sigue inestable y de difícil recuperación.
En Brasil, el equipo económico y el gobierno golpista de Temer tendrán que lidiar con la lucha de clases y la resistencia de los trabajadores y la juventud por sus derechos. Este jueves (12) se convocaron manifestaciones contra el golpe institucional. En San Pablo congregaron a 15 mil manifestantes en la Avenida Paulista.
Brasil vive una verdadera onda de ocupaciones en todo el país, con la juventud al frente ocupando las escuelas públicas de San Pablo, Río de Janeiro, Ceará, Porto Alegre y Goiás, contra los ajustes que quieren implementar en la educación. En San Pablo, la juventud universitaria está en huelga contra los recortes: en la Universidad de Campinas (Unicamp) y en la Universidad de San Pablo (USP) se ocupa la Rectoría y las facultades. En la Unicamp el rector y el gobernador ya lograron un mandato de desalojo para intentar amedrentar a los estudiantes que protagonizan su mayor movilización en más de una década. Y los trabajadores de la USP están poniendo en pie una importante huelga contra los ajustes en la universidad, contra los gobiernos de Temer y Alckmin. Rodear de solidaridad activa estas luchas en curso, coordinarlas, es un primer paso para enfrentar y derrotar los ataques del gobierno golpista y sus aliados tucanos (del PSDB).
Daphnae Helena
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