El caso de Roberto Zambrano puso sobre la mesa un duro cuestionamiento a las prácticas policiales, la excesiva violencia de Carabineros y el ensañamiento con dirigentes políticos estudiantiles. Además, revivió el fantasma de las prácticas de la dictadura a 26 años del retorno a la democracia.
Roberto Zambrano posa para una fotografía en el patio del Instituto Nacional. Acaba de llover en Santiago y el suelo del primer piso del liceo emblemático está mojado. Las luces encendidas en los pasillos son tenues y aparecen en la cámara como las ondas de una ciudad bajo el agua. Roberto sonríe y su papá aprieta el botón del celular que guardará ese momento, las luces como mojadas y la mirada despierta de su hijo.
El pasado martes Roberto Zambrano, estudiante de cuarto medio y presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, fue detenido en una concentración estudiantil. Lo llevaron a la Tercera Comisaría de Santiago donde le rompieron la ropa, lo desnudaron y le pegaron.
Este viernes Roberto y sus compañeros habían convocado a un punto de prensa para denunciar su caso y para comentar las implicancias de la jornada de protesta que se había desarrollado durante el día. Cuenta que estaban los medios de comunicación afuera y que minutos antes de empezar con las declaraciones la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, anunció una conferencia para comunicar “importantes asuntos”. Después de la llamada, todos los medios se retiraron del lugar.
Son las 8 de la noche y Roberto está acompañado por su papá y su hermana. Cuentan que este lunes interpondrán una querella por lo que le pasó al adolescente y que el caso no es el único. Que una estudiante menor de edad del Liceo Carmela Carvajal también sufrió vejamenes y que hay muchos, muchos casos como el suyo.
Roberto apenas parece mayor de edad. Es un secundario enfundado en uniforme de escuela y tiene unos ojos verdes que miran directo a la cara de quien sea que le hable. Conversa con convicción y seguridad, hasta que se escucha un sonido metálico fuerte que le hace perder el hilo. Se le ve a ratos confundido, y a ratos enojado. Le cuesta decir con todas sus letras que fue torturado por la policía de Chile.
Tortura en democracia
Que hoy día se tortura en Chile es un hecho incuestionable. Así lo declara el capitulo de tortura del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile de la Universidad Diego Portales.
“Se podría pensar que en el caso de Chile la tortura fue una práctica circunscrita únicamente a la dictadura militar. Lamentablemente esto no es así, porque la tortura no se da solamente en países donde existen dictaduras sino que también en aquellos donde orgullosamente se habla de una democracia. Por supuesto que el nivel de intensidad de la tortura es mucho mayor en dictaduras, pero eso no quita que en las democracias también esté presente, porque la tortura aparece como un recurso inherente al ejercicio de la fuerza estatal”, puede leerse en la última versión del informe de 2015.
La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Uncat), define en su artículo primero a la Tortura como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
La declaración fue ratificada por Chile el 30 de septiembre de 1988 y desde ese mismo momento parece ser sólo letra muerta.
En el capítulo “La tortura en Chile: estado actual desde la reforma procesal penal”, del citado informe anual, se señala que la tortura puede revestir básicamente dos formas de aparición: cuando es ejecutada como forma de castigo o represión, o en el caso de ser aplicada como medio para obtener una información determinada, es decir, como herramienta del proceso penal.
“En Chile se producen, de manera más o menos extendida, ambas formas de tortura. La tortura judicial, como herramienta procesal, practicada por funcionarios ligados al sistema de justicia criminal (fiscales y policías) y la tortura ejercida por miembros de Gendarmería, que preferentemente adopta la forma de castigo, suplicio o represión”, señala el informe.
Pese a la evidencia que asegura que hoy día se tortura en Chile, el Código Penal no reconoce este tipo de manera explícita. El artículo 150 A del mismo código consagra una figura similar, sin incluir el nombre y las consecuencias políticas que supone. Así se habla de “tormentos o apremios ilegítimos, físicos o mentales”.
Los apremios ilegítimos más frecuentes son obligar a los detenidos a desnudarse, obligarlos a hacer ejercicios o a ponerse en posiciones humillantes estando desnudos, someterlos a interrogatorios, a tratos crueles o golpizas.
“Los casos de violencia excesiva y tortura tienden a concentrarse en grupos vulnerables como los menores de edad o en contextos de vulnerabilidad, como en las protestas sociales, en las cárceles, en zonas relacionadas con el “conflicto mapuche” y también en pasos fronterizos sobre los inmigrantes”, consigna el informe.
“Tú eres dirigente estudiantil”
Gabriel González es estudiante de tercer año de Literatura en la Universidad de Chile. Fue presidente del Centro de alumnos del Instituto Nacional en 2012 y actualmente es Consejero FECh.
En agosto de 2015 le habían cursado una multa por “obstrucción del tránsito” en el contexto de una marcha. Como lógicamente en toda marcha se produce una obstrucción del tránsito, Gabriel se negó a pagar la multa.
El pasado 27 de abril a eso de las 10 de la mañana, llegaron a su casa efectivos de la policía. “Me mostraron una orden del Fiscal, que decía que si no pagaba inmediatamente me tenían que llevar detenido. La multa era de una UTM, cerca de 45 mil pesos. En ese momento yo no tenía la plata y mi mamá tampoco. Así que me tuve que ir con ellos”.
Gabriel relata que además de la actitud agresiva del personal, lo esposaron adentro de su casa. “Me esposaron muy fuerte y les pedí que me las soltaran un poco. Ante mi reclamo ellos me dijeron ‘oye, pero tu eres dirigente estudiantil, tú sabes cómo funciona esto’. Fue un momento muy incómodo porque uno se da cuenta que hay rasgos de selectividad en el proceso”, relata.
Fue trasladado a la 50 Comisaría de San Joaquín donde asegura que el Cabo Segundo C. Vega lo condujo a un baño entre las celdas.
“En este baño me hizo desnudarme y vestirme como 3 o 4 veces. Me dijo que diera vueltas desnudo por el baño y después me ordenó hacer sentadillas. Era todo con una voz patronal y alevosa. Igual uno sentía miedo en ese momento, sobre todo después de que me dijeran que ellos sabían que yo era dirigente estudiantil”, cuenta Gabriel.
El universitario se negó a hacer sentadillas y amenazó con querellarse. De vuelta sólo recibió insultos y humillaciones. “Después volvió a repetir el procedimiento de desnudarme y vestirme. Era sumamente violento, particularmente agresivo”.
“Una vez que me llevaron a la celda me sentí vulnerado y humillado, porque me estaba pidiendo cuestiones que no tenían nada que ver con el procedimiento formal, y en el fondo se me hizo todo eso como por cuarenta mil pesos. Me hizo cosas que realmente en ese minuto me hicieron sentir muy mal y con mucha rabia”, relata el consejero FECh.
Pese a que en el caso de Gabriel no hubo agresiones físicas directas, el tipo de vulneración que sufrió califica como tortura por atentar contra su integridad emocional y psicológica.
Además, el mismo ex presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional da cuenta de un elemento clave en estos casos: “Desde el momento en que me dicen ‘tu eres dirigente estudiantil’, queda la pregunta respecto de hasta qué punto esta llegando hoy día la selectividad de la represión policial, sobre cómo esta operando hoy día la inteligencia de Carabineros, porque yo estoy muy seguro de que si hubiera vivido en el barrio alto, de que si no viviera en una población, esto no hubiera pasado. Alguien que debe una multa en Providencia o en Las Condes no le hacen esto y eso me parece terrible, no porque me pasa a mí, sino que porque no le debería pasar a nadie”.
Apuntados con armas de fuego
Patricio Gutiérrez, presidente del Centro de Alumnos del Liceo de Aplicación, señala que en las dos semanas que han estado en toma, los han desalojado tres veces con una excesiva violencia de parte de Carabineros. El último desalojo fue el viernes 13 de mayo, donde después de un operativo de 5 minutos la policía habría roto una puerta patrimonial que llevaba en el colegio 106 años.
“Después de eso, apuntaron con armas de fuego a dos alumnos dentro del liceo, y se llevaron detenidos con ellos a 76 estudiantes y dos apoderados”, relata el dirigente.
Además, Gutiérrez señala que el viernes en la jornada de protesta en solidaridad con el caso de Roberto Zambrano, fueron detenidos dos estudiantes del Liceo. Uno de ellos cursa séptimo básico, tiene 13 años y es de nacionalidad peruana.
“Él tuvo una discriminación muy fuerte por ser extranjero y por ser estudiante movilizado. Lo discriminaron por ser peruano, le dijeron que no tenia por qué estar metido en este tipo de cosas, y agresiones verbales de grueso calibre, si bien no le pegaron, lo maltrataron psicológicamente con sólo 13 años”, explica el presidente del Centro de Alumnos.
Gutiérrez reflexiona: “La agresividad de Carabineros es totalmente desmedida. Estamos levantando una querella contra Carabineros por estos excesos y específicamente contra el Coronel Rene Martínez a cargo del operativo de ese viernes. Es fuerte porque Carabineros ha realizado todos los destrozos que hay en el colegio. Rompieron la chapa del centro de alumnos, las salas, tiraron lacrimógenas, rompieron los baños y honestamente son ellos los que están causando los destrozos y dañando la infraestructura que nosotros necesitamos y que estamos exigiendo que mejore”.
“Burgos tiene que hacerse cargo”
“La tortura en Chile lamentablemente y a juzgar por los hechos, por los datos de la realidad, existe. Muchas veces ocurre en los cuarteles o en los carros policiales y en una gran mayoría de los casos en el contexto de las detenciones ilegales en las protestas sociales”, apunta Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular.
A juicio del abogado es difícil determinar con exactitud la cifra de personas que han sufrido torturas por parte de la policía. En todo caso, explica que desde el 2006 a la fecha, momento álgido en cuanto a movimientos sociales, “son al menos un par de decenas de casos. En cada protesta social de los últimos diez años, un chico o una chica denuncia algún tipo de vejamen constitutivo del delito de tortura. Yo diría que lamentablemente la policía tiene en su ADN la tortura como método o practica habitual”, sostuvo.
Además, para el abogado resulta sumamente preocupante que en la mayoría de los casos, los perpetradores quedan en total impunidad. Normalmente como resultan hechos difíciles de probar, no existen investigaciones que terminen en condenas.
“Yo creo que la brutalidad policial tiene relación con el momento político que vive la sociedad chilena y la composición del Estado, particularmente del Gobierno. Burgos a cargo de la fuerza pública, dispone una mayor represión en Santiago, en Wallmapu y en los distintos conflictos sociales que se suceden”, declara Román.
La selectividad de los afectados y la similitud en las formas de actuar de la policía descrita por quienes aseguran haberla padecido, hacen pensar de que no se trata de excesos individuales o hechos aislados. Se trataría, en definitiva de una política de Estado para enfrentar a los movimientos sociales y algo más, como señala Rodrigo Román:
“Indudablemente el objetivo de la tortura es amedrentar, y así está tratada como método y como práctica. Este es un relato negado, pero nuestra policía, que es altamente militarizada, ha sido instruida por la escuela francesa, y todas quienes han montado la lucha contra la subversión en su momento y contra el terrorismo que es el concepto más moderno”.
Gabriel González señala como claves dos aspectos en esta discusión. La primera es que, a su juicio, resulta fundamental que a partir de todos estos casos se pueda cuestionar la Agenda Corta Antidelincuencia que esta promoviendo la Nueva Mayoría.
Me parece sumamente importante que nosotros manifestemos un rechazo frente a esto porque en el fondo no hace mas que seguir reproduciendo diferenciaciones y discriminaciones de clase, de tonalidades de piel, de si es alto o bajo y sobre todo del peso de su billetera y eso a mí me parece que va profundamente en contra de un país mas justo y mas democrático”, afirmó.
El segundo aspecto que rescata el dirigente, apunta precisamente a las responsabilidades políticas que subyacen a las prácticas de las policías: “Quisiera hacer un llamado a que los responsables de esos irresponsables se hagan cargo. Esta violencia es producto de una serie de autoridades que no se han hecho cargo de reformular el actuar de Carabineros, que son hoy día casi milicias armadas sin ninguna clase de criterio contra quienes se manifiestan. Yo creo que el ministro Burgos tiene que hacerse cargo de esto, y no hacerse cargo llevando más tanquetas a la Araucanía, sino que poniéndole un freno a esta acción que es profundamente alevosa y sin ningún tipo de control”, sostuvo.
El consejero FECh concuerda con la lectura de Román, afirmando que en definitiva el objetivo de estas prácticas sería disuadir a los estudiantes y amedrentar a los dirigentes sociales.
“En los cortos 20 años que uno tiene, uno se ha dedicado a poder aportar, a poder cambiar un poco las reglas del juego de este país y se encuentra con que existen fuerzas represivas que tratan de amedrentar. Después de situaciones como esta uno se siente no sólo humillado, sino que también impotente ante esta violencia que pretende darte por sentado de que no es posible cambiar nada. Afortunadamente con el apoyo de mis compañeros y cercanos siento que en el fondo uno no esta haciendo tan mal las cosas, y que vale la pena seguir luchando para que estas cosas no le pasen a nadie”, concluyó González.
Victoria Viñals
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