Ni las elecciones fueron democráticas, ni las Cortes verdaderamente constituyentes. La aceptación de los central del relato oficial de la primera Transición y la apuesta por una segunda con los mismos mimbres.
Niego la mayor. Las elecciones generales del 15 de junio de 1977, de las que este miércoles el Congreso conmemoró su 40º aniversario, no fueron democráticas. El relato oficial de la Transición goza de buena salud. Felipe VI lo glosó en su discurso y, aunque contó con críticas desde Unidos Podemos y algunos medios por su “olvido” de los represaliados por la Dictadura, nadie cuestionó los pilares del discurso de legitimación de origen del Régimen del 78.
Unas elecciones a medida del franquismo reformista
En junio de 1977 se celebraron elecciones a Cortes. Habían sido convocadas por el segundo gobierno de la monarquía, el de Adolfo Suárez, es decir por las misma Dictadura en funciones. Aunque ninguno quisiera recordarlo esta semana, los principales “pilotos” de la Transición, Juan Carlos I y el ya difunto Duque de Suárez, debían su cargo y autoridad a la Dictadura Franquista y a su jurada fidelidad a los principios del Movimiento. El primero fue nombrado heredero en la Jefatura del Estado por las Cortes Franquistas en 1969 y el segundo presidente a dedo por el primero en julio de 1976.
El ascenso de huelgas obreras, manifestaciones y agitación estudiantil y vecinal que se abrió tras la muerte del dictador “convenció” al Rey de que la salida Arias Navarro – la continuidad controlada de la Dictadura – no era viable, y optó por otra vía a cargo de un nuevo pupilo, Adolfo Suárez. Hacía falta una reforma y modernización de las formas políticas para consolidar la Corona y mantener a salvo los intereses de los grandes capitalistas. El fantasma de que se abriera una situación revolucionaria como la que vivía el vecino Portugal le ayudó a convencerse.
Las elecciones de un año después eran parte del proyecto de autoreforma del régimen franquista. Un plan esbozado en la Ley de Reforma Política que fue aprobada por las Cortes Franquistas en octubre del 76. Historiadores, periodistas y políticos del régimen siempre presentan la aprobación en Cortes como un “harakiri”. Lo cierto es que todos los diputados franquistas estaban votando una “renovación de contrato” o un más que digno “plan de pensiones” en las nuevas instituciones de la democracia, los consejos de administración de las empresas públicas o la banca.
En diciembre de 1976 el proyecto de autorreforma franquista fue aprobado en plebiscito. No era el primero que ganaba el Franquismo. En 1947 se sometíó a votación la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado y en 1967 la Ley Orgánica del Estado. Franco obtuvo aplastantes victorias con el 93 y 95 por ciento de votos a su favor. Suárez no fue menos, con el 94,45%. La validez de una votación en la que la campaña de las organizaciones de la oposición antifranquista -por el boicot a la consulta y la abstención- era ilegal, en la que la policía practicó cientos de detenciones, mantenía centenares de presos políticos, prohibió mítines... hoy ninguno de los “demócratas” del 78 la cuestiona.
Pero para que el proyecto de autorreforma tuviera alguna legitimidad no bastaba con ese resultado plebiscitario. Suárez comenzó en 1977 negociaciones con los principales dirigentes de la oposición, la conocida como comisión de los nueve, que incluía a los dos principales partidos obreros, el PCE y el PSOE. De aquellos diálogos surgieron los primeros consensos de la Transición. En abril se legalizó el PCE y dos meses más tarde se celebraron unas elecciones dadas por válidas por las direcciones de la oposición antifranqusita.
Sin embargo ¿cual fue el peaje a pagar? En primer lugar aceptar los marcos del “atado y bien atado”. La continuidad del aparato judicial, policial y militar de la Dictadura no podía ser puesta en cuestión, lo mismo que la absoluta impunidad de sus crímenes. Tampoco el recicle del resto del aparato institucional, que habría que acomodar en las nuevas instituciones. Así, los altos cargos del Movimiento, el Tribunal de Orden Público o de la Brigada Político Social, encontrarían hueco en una amplio abanico de posiciones, desde consejos de administración, ministerios, la Audiencia Nacional o la Brigada de Información de la Policía Nacional.
Por otro lado los pilares del nuevo régimen no podrían ser cuestionados, especialmente la Corona y la negativa al derecho a decidir de las diferentes naciones que componen el Estado español. La imagen de la primera rueda de prensa del PCE tras su legalización era todo un símbolo de esto, con la presidencia de honor de la bandera rojigualda.
Las principales organizaciones de la izquierda reformista tenían pues que renunciar al programa de la llamada “ruptura democrática” -gobierno provisional, proceso constituyente, república y derecho a la autodeterminación- para que se pudieran celebrar elecciones en junio. Por supuesto el programa anticapitalista también, aunque toda medida expropiatoria ya había desaparecido o quedado reservada para los “días de fiesta” por ambas formaciones. Como “propina” tenían que aceptar las reglas de reparto, una ley electoral aún vigente que garantizaba la sobrerrepresentación de los territorios menos poblados donde el franquismo reformista aspiraba a obtener mejores resultados.
La extrema izquierda todavía mantuvo la bandera de la “ruptura democrática”. Este era el programa de los grupos maoístas, como el PTE o el MCE, y lamentablemente también el de la principal organización trotskista, la LCR. En su congreso del veranos de 1976 había asumido la estrategia de una primera etapa de lucha por el programa de “ruptura democrática”, rompiendo así con la de apostar por pelear por un proceso de ruptura con la Dictadura ligado a la perspectiva de un proceso revolucionario anticapitalista capitaneado por la clase trabajadora.
Aquellos que no aceptaron la letra del nuevo “consenso” que ya empezaba a escribirse no pudieron presentarse a las elecciones de junio con su propia personalidad. La LCR, el PTE o el MCE, así como formaciones nacionalistas como ERC, no fueron legalizadas hasta pasados los comicios. Pero además, y especialmente desde febrero del 77 -tras los atentados de Atocha, donde el PCE se ganó el “respeto” del franquismo reformista al optar por no impulsar una movilización contra el régimen-, la extrema izquierda sufrió una ofensiva represiva selectiva brutal. Cientos de sus militantes fueron nuevamente detenidos, torturados, con el silencio cómplice de las direcciones del PCE y el PSOE, que también abandonaron la lucha por la amnistía negándose incluso a apoyar las movilizaciones y jornadas de lucha convocadas en esos meses.
Cuando hablamos de la “extrema izquierda” estamos hablando de más de 70.000 cuadros que jugaban un rol importante en el movimiento obrero, estudiantil y vecinal. Una fuerza que competía en fábricas, facultades y calles con la dirección eurocomunista del PCE esforzada en “calmar la movilización” para no entorpecer las negociaciones.
En este marco de renuncias obligadas y fuerte represión se realizaron las elecciones de 1977. Como guinda, Adolfo Suárez, que había hecho un uso discreccional de RTVE en favor de la UCD durante toda la campaña, se dirigió por televisión a todos los electores nada menos que en la jornada de reflexión. Ni la comisión más benevolente de control de garantías de un proceso electoral podría dar por tan siquiera “formalmente democráticas” aquellas elecciones.
Unas Cortes Constituyentes “atadas y bien atadas”
Las Cortes electas, que después se transformaron en “constituyentes”, nacían ya con las mismas taras antidemocráticas que las elecciones, y de ellas salió la Constitución de un régimen heredero del Franquismo y que hoy es percibido por millones como la democracia del IBEX35. El proceso constituyente que se abrió hasta 1978 fue de todo menos libre y soberano, la agenda estaba limitada y determinada. Extraparlamentariamente se mantuvo un sonoro “ruido de sables”, con Tejrazo “corrector” incluido, y una ofensiva antiobrera brutal a partir de los Pactos de la Mocloa para imponer la desmovilización social y que la crisis fuera totalmente pagada por los trabajadores y sectores populares.
La “democracia” del 78 lograba así imponerse y restaurar la autoridad y legitimidad del Estado. Todo un auténtico proceso de contrarrevolución democrática que bloqueó la perspectiva de una caída de la Dictadura por medio de la lucha de clases, la apertura de una situación revolucionaria y le puso alfombra roja a la brutal ofensiva neoliberal de los gobiernos de Suárez y González.
La impunidad como condición necesaria de la continuidad
El acto institucional del pasado miércoles contó con algunas protestas simbólicas. La más contundente la llevaron adelante los diputados de Bildu y ERC, los únicos que decidieron no participar al no reconocer la autoridad del Jefe del Estado y más críticos con el relato oficial. Los representantes de Unidos Podemos optaron por hacerlo, acompañados de claveles rojos y camisetas en recuerdo de los represaliados por el Franquismo, y realizar un acto de homenaje a los mismos antes del acto oficial.
Es de saludar el gesto de reconocimiento a los luchadores antifranquistas. Sin embargo el mensaje de conjunto de quienes hace unos años se presentaban como los impugnadores del Régimen del 78 dejó mucho que desear. La condena a la impunidad estuvo acompañada de la reivindicación de los frutos de la Transición, estos 40 años de “democracia”, definidos como un periodo de progreso que es necesario profundizar, como manifestaron Pablo Iglesias e Irene Montero.
Este discurso de los dirigentes de Podemos viene a dar por buena la Transición limitándose a señalar los aspectos más aberrantes de continuidad con el Franquismo. Sin embargo, y como vienen insistiendo ellos mismos, cuestiones como terminar con la Corona sigue estando fuera de agenda para la formación morada, de ahí su posición de respeto institucional ante las palabras del Rey. Acabar con la impunidad consecuentemente tendría que incluir acabar con la Corona ¿O Acaso asesinatos como los de los obreros de Vitoria no fueron llevados adelante con Juan Carlos I como Jefe del Estado?
Además la impunidad fue una condición necesaria de la continuidad de las estructuras estatales franquistas, y éstas la mejor garantía de que el nuevo régimen iba a seguir gobernando para las grandes familias, empresas y bancos aunque con nuevas formas “democráticas”. Las cuatro décadas de progreso han sido eso, 40 años de gobierno para los empresarios, en los que el desempleo solo estuvo por debajo del 15% en 15 de ellos, en los que se extendió la precariedad laboral desde finales de los 80 de manera brutal y en los que la crisis del capitalismo español se viene descargando sobre los trabajadores y sectores populares de forma brutal en la última década.
Reivindicar estos 40 años es también olvidar a las “víctimas” de la democracia, la generación liquidada por el paro o la heroína en los 80, las regiones hundidas por la reconversión industrial, los asesinados por el terrorismo de Estado y la represión, los inmigrantes ahogados en el estrecho, el tercio de la clase trabajadora que aún en tiempos de bonanza se mantenía en una terrible precariedad y salarios de miseria y los millones que se han visto sumidos en la pobreza en los últimos 10 años.
Aceptar la Transición como un proceso de transformación democrática no es solo faltar a la verdad histórica. Es también parte de una concepción del presente, de cual debe ser el proceso de “cambio” por el que pelear en medio de una crisis de régimen que sigue abierta y una crisis social que sigue golpeando. Desde Unidos Podemos se viene hablando, y en el discurso de la moción de censura se hizo de forma explícita, de “regeneración democrática” o “segunda Transición”.
Dar por bueno el periodo constituyente del 77 al 78, aún manteniendo críticas parciales, es coherente con la apuesta por un proceso de autorreforma del Régimen del 78. Bien por medio de un gobierno con el PSOE o de una reforma constitucional -porque de proceso constituyente ya ni se habla, ni siquiera de uno convocado y tutelado por el régimen- se pretende regenerar la democracia y ampliar en lo posible los derechos sociales. Un “cambio” limitado en el que demandas democráticas como acabar con la Corona quedan por fuera, y lo mismo toda medida que ataque directamente los privilegios y derechos de propiedad de los grandes capitalistas.
Recuperar un balance y una crítica impugnadora a la Transición es una tarea obligada para toda la izquierda que se proponga un horizonte de resolución de las grandes demandas democráticas y la transformación social. No queremos una segunda Transición en la que “algo cambie para que lo fundamental siga igual”. Es imprescindible retomar la movilización social contra el Régimen del 78 y por la apertura de procesos constituyentes realmente libres y soberanos en los que poder acabar con la Corona, conquistar el derecho a decidir e imponer medidas para que crisis la paguen los capitalistas. Procesos que, como en 1977, no podrán venir otorgados y tutelados por las instituciones de esta democracia para ricos, si no que deberán conquistarse por medio de la lucha de clases.
Santiago Lupe
Barcelona | @SantiagoLupeBCN
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