El presidente ecuatoriano Lenín Moreno ha recurrido al plebiscito, un arma predilecta de su predecesor, Rafael Correa, para deshacerse de su ex jefe político. Correa había trasladado su residencia a Bruselas, para volver a la presidencia en la elección siguiente. Moreno estaba destinado a una gestión ‘puente’.
La consulta, dividida en siete preguntas, prohibió una nueva presentación electoral de Correa, y entregó el Consejo de Participación Ciudadana al control de Moreno, lo que significa una fuerte injerencia en el poder judicial y en organismos de control estatal. Quedaría abierta de este modo una suerte de persecución judicial contra el correísmo, la cual ya ha llevado a la cárcel a su ex vicepresidente.
Mientras la derecha apoyó el plebiscito, el partido de Correa lo denunció por proscriptivo y por allanar el camino a un “presidencialismo absoluto”.
Las centrales sindicales, como la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), la Conaie (un espacio de centroizquierda) y aún sectores de la izquierda, por ejemplo el maoísta PCMLE, apoyaron la consulta. Todos estos sectores habían llamado a votar al banquero Guillermo Lasso en el último ballotage presidencial.
Ciertos movimientos indígenas y sociales apoyaron la consulta, con el pretexto de que limita (en forma ficticia y parcial) la megaminería y de la explotación petrolera en el parque Yasuní, pero han sido claros opositores a Correa, incluso a favor de colaborar con la derecha.
La cuestión política de conjunto es que la derrota de Correa sirve al propósito de desbarrancar al ‘populismo’ en América Latina, y tiene lugar cuando Trump y los gobiernos de derecha se aprestan a impulsar un embargo petrolero contra Venezuela –que afecta la exportación de crudo y la priva de la importación de productos refinados. Moreno se sube a esta operación desde la aprobación de una consulta y no de los ‘golpes institucionales’. La democracia en abstracto, como sería la prohibición de reelecciones, se pone al servicio de una victoria política de la derecha, que favorece a los Macri, Temer, Kuczynski, Santos y Piñera, entre otros. Como ocurre con los K, en Argentina, y Lula, en Brasil, Correa ha prometido dar pelea, a partir del 36% de los votos que le da la consulta, en contraste con el 65% que se dispersa entre toda la coalición del Sí.
Más deuda y más ajuste
A partir de la victoria, Moreno gana fuerza para avanzar en una política de ataque a las masas, que se manifiesta en convenios laborales que flexibilizan la jornada laboral. Las patronales, en cambio, se verán favorecidas por alivios impositivos.
El candidato de la derecha en 2017, Guillermo Lasso, dijo que “el gobierno está haciendo muchas de las cosas que Creo [su partido] propuso y hubiera hecho”.
La situación económica ecuatoriana se vio afectada por la caída del precio del petróleo y de los commodities, aunque el primero ha remontado recientemente. Correa dejó una deuda de por lo menos u$s42 mil millones si se considera la deuda intra-pública, superando el techo del 40% de endeudamiento del PBI que tolera la Constitución. Como el kirchnerismo, Correa apeló a distintas cajas públicas para financiarse vía emisión de bonos. La deuda con Seguridad Social es de u$s7 mil millones (El País, 13/7/17). Buena parte de los ingresos por la exportación petrolera están cautivos de la deuda con China por u$s7 mil millones (ídem, 5/11/17). Esto ocurre cuando América Latina se encuentra bajo la presión de Trump para cortar la dependencia financiera de China.
Moreno, que se queja de la herencia recibida, subió el endeudamiento en u$s6 mil millones, en los primeros cinco meses de gobierno.
Desde adentro
El fin de la experiencia “nacional y popular” ecuatoriana, a diferencia de lo ocurrido en Argentina, es piloteado en Ecuador desde sus propias entrañas, pues Lenín Moreno es el Scioli que colocó Correa para enfrentar a los Macri de su país.
Gustavo Montenegro
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