Un grupo de diputados oficialistas presentó un proyecto en ese sentido. En tiempos de ajuste y caída de la imagen del Gobierno, nuevamente los inmigrantes son puestos como chivo expiatorio en la agenda política y mediática.
Finalmente, luego de las declaraciones de apoyo a la idea por parte del jefe de Gabinete, Marcos Peña, un grupo de diputados oficialistas presentó un proyecto de ley para cobrar los “servicios” de salud y educación a extranjeros.
En la necesidad de copar la agenda política y mediática por parte del oficialismo, se observa la desesperación que genera entre los asesores de Cambiemos, la caída de la imagen de su gestión. El impulso a la medida xenófoba, se inscribe en esta dinámica de intentar distraer la agenda frente a los nulos resultados favorables de su política económica y del descontento generalizado (tan indisimulable, que se coló en las canchas de fútbol a través de los cantos de las hinchadas). El Gobierno opta por poner en agenda temas espinosos, que además de suscitar debates ligados a concepciones reaccionarias y del más común de los sentidos, sirvan como soporte ideológico para la profundización de la política represiva y de ajuste.
Como sucede cíclicamente, en campañas electorales o en momentos en que los números de la economía no cierran, los chivos expiatorios a los que acuden los gobiernos son los más pobres y los inmigrantes. Precisamente los migrantes provenientes de los países limítrofes son los más demonizados, cuando son superexplotados en Argentina en los trabajos más precarios e insalubres, como la construcción, el servicio doméstico o los talleres textiles clandestinos. Muchos de ellos trabajan en condiciones de absoluta irregularidad, sin acceso a derechos elementales.
"El objetivo del proyecto es garantizar el acceso igualitario a todos aquellos extranjeros que elijan residir en la Argentina de manera permanente, que vengan a trabajar, que aporten al crecimiento del país y que quieran proyectar sus sueños aquí y establecer un régimen para aquellos extranjeros no permanentes a fin de afrontar los costos de los servicios", sostienen los impulsores del proyecto.
La iniciativa busca marcar una distinción entre aquellos inmigrantes que se radican de forma permanente y aquellos “golondrina”, que supuestamente vienen al país a atenderse por alguna dolencia y vuelven a su lugar de residencia luego. Por otra parte, el proyecto avanza sobre el acceso a la educación, además de la salud pública que suscitó la polémica inicial.
Los migrantes son señalados como enemigos que utilizan los recursos del Estado y generan costos en detrimento de los derechos de los ciudadanos argentinos. Llamativamente, este proyecto de ley ha sido impulsado en medio de un debate en el que no se puso sobre la mesa estadísticas, datos concretos, acerca de cuántos serían aquellos extranjeros que solo vienen a atenderse en los hospitales y se vuelven a sus países luego. ¿Cuál es el perjuicio que en teoría genera esto en términos de presupuesto para la salud y la educación pública? Sin dudas, los inmigrantes no residentes que vienen “a usar el hospital y la universidad”, no perjudican el sistema de salud y educación pública como sí lo hace el gobierno con su constante política de desfinanciamiento para estas áreas. ¿Condiciones de igualdad? Eso es lo que genera con el cierre de escuelas que impulsa la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y que deja sin acceso a la educación a argentinos y extranjeros residentes por igual.
El proyecto fue presentado por el diputado Luis Petri y lo acompañaron los legisladores oficialistas Waldo Wolff, Eduardo Amadeo, Facundo Suárez Lastra, Julián Dindart, David Schlereth, Gustavo Menna, José Carlos Núñez, Martín Hernández y Estela Regidor.
La discusión en torno a los inmigrantes de los países limítrofes, se encendió luego de que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, expresara su intención de empezar a cobrar a los ciudadanos bolivianos que accedieran a la salud pública en la provincia.
Pocos fundamentos
El tema generó un cruce diplomático con el país vecino. Cambiemos había reclamado la firma de un convenio de reciprocidad con el Estado Plurinacional de Bolivia, para que los argentinos que viajen o vivan en Bolivia puedan atenderse en hospitales públicos sin costos. El gobierno de Evo Morales respondió la misiva planteando que tal convenio sería incompatible con la legislación vigente en dicho país.
Si no se logran los acuerdos de reciprocidad (no solo con Bolivia, si no con otros países de la región), se intentará alcanzar un régimen de compensación entre los Estados. En este escenario, cada estado correspondiente pagaría por la atención que reciban sus ciudadanos en los hospitales públicos de la Argentina. Si estas instancias no se concretan, los autores del proyecto apuntan a establecer aranceles que las personas deberán pagar de forma directa al asistirse en el hospital público.
Según explicó Petri al sitio Infobae, "para el acceso a la salud y educación pública, en niveles terciario y universitario, las personas que ingresan al país con carácter transitorio, temporario o precario, la condición de gratuidad debe ser a condición de reciprocidad”.
Según argumentó el abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez en el diario La Nación, "en la medida que el convenio o tratado” de reciprocidad “no sea un obstáculo para la atención y que se dé a posteriori el pedido, no hay nada inconstitucional. El problema sería que, si no existiese el convenio, no quisieran atender o cobrar". Gil Domínguez aseguró que "no se puede obturar el ejercicio de acceso a la salud, más allá que el Estado extranjero lo pague o no. (…) Sería inconstitucional e inconvencional por los tratados que firmó el Gobierno argentino como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales".
En otro artículo publicado en el mismo medio, se relativiza el impacto que generan los extranjeros en el acceso a la salud pública. “La Encuesta de Protección y Seguridad Social (Enapross), cuyos resultados fueron publicados en un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), detectó que ’casi 6 de cada 10 migrantes sudamericanos, sobre todo aquellos arribados durante los últimos 20 años, dispone y utiliza solamente la cobertura para la atención de la salud que brindan los hospitales públicos y los Centros de Atención Primaria’. Sin embargo, el informe destaca que ’de todas maneras, dada la escasa prevalencia de la población migrante sudamericana sobre la población total, en realidad el impacto que ella ejerce sobre los servicios que prestan los hospitales públicos y los CAPS resulta escaso’". Como se ve, ni siquiera un medio afín al Gobierno y mayoritariamente defensor de sus políticas más reaccionarias, encuentra argumentos de peso para fundamentar la medida.
Juana Galarraga
@Juana_Galarraga
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