A dónde va China

Entre la guerra comercial y la restauración capitalista

La escalada en la guerra comercial con China que viene fogoneando el gobierno estadounidense, con la elevación de aranceles a la importación de acero y aluminio, no es el principal punto de fricción en las relaciones entre los dos países. Las importaciones provenientes de China en estos rubros representan un porcentaje ínfimo del mercado norteamericano. Lo que está en juego es un paquete mayor, que quedó expuesto con las amenazas de Trump de ampliar la lista de productos, esta vez por un valor de 100.000 millones de dólares. La administración estadounidense apunta a la competencia china en la industria de alta gama, con más razón después de los anuncios del régimen de Xi Jinping para transformar a China en un líder tecnológico en áreas como la robótica, la inteligencia artificial, las comunicaciones y los productos farmacéuticos. Los teléfonos móviles manufacturados en fábricas chinas, los ordenadores y accesorios exportados a Estados Unidosascienden a la friolera de 150.000 millones de dólares, lo cual se considera como una amenaza directa para el dominio económico y militar de Estados Unidos.
El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, un arquitecto clave de las medidas de guerra comercial, afirmó: “Si ellos [China] básicamente se apoderan de ese terreno tecnológico robándonos, no tendremos un futuro como país en términos de nuestra economía y nuestra seguridad nacional”.
La acción de la Casa Blanca incluye también el bloqueo a numerosas asociaciones de empresas de China con el capital de compañías tecnológicas estratégicas de Estados Unidos. En esta línea, vetó la operación de compra de Qualcom, un gigante de los superconductores, por parte de una empresa de Singapur en cuyo capital influye Huawei, la productora de chips más importante de China. Asimismo, junto al Reino Unido, ha prohibido los negocios de la compañía de telecomunicaciones, ZTE, en ambos países, alegando motivos de “seguridad nacional”.

Apertura

Este juego de represalias y presiones tienen como propósito forzar la apertura de la economía china, para colonizarla y llevar hasta sus últimas consecuencias el proceso de restauración capitalista. Esto se da en medio del conflicto con Corea del Norte, el cual, como lo han destacado diversos analistas, es un tiro por elevación contra China, el país que sostiene vínculos más estrechos con el régimen norcoreano. El ataque contra éste ha sido utilizado por Estados Unidos para apuntalar su presencia militar en la región y por lo tanto, una advertencia por extensión contra Pekín.
El régimen chino viene dando señales de avanzar hacia una apertura. Así, presentó un calendario para levantar todas las restricciones de propiedad que afectan a los fabricantes de automóviles extranjeros que operan en China. En un máximo de cinco años se eliminará el actual límite que exige a las empresas extranjeras ser propietarias de como máximo el 50% de las empresas conjuntas (joint ventures) con los productores locales. En otras palabras, fabricantes como Volkswagen, BMW, Ford o Toyota podrán producir en China sin tener que compartir la operativa y los beneficios con sus socios locales. O al menos poseer una participación mayoritaria de sus filiales en el país.
Si bien el gobierno chino ha negado que el anuncio pretenda apaciguar la actual disputa comercial con Estados Unidos, algunos lo interpretan como un guiño a Trump, que se ha quejado de forma recurrente de los obstáculos de Pekín a la importación de vehículos estadounidenses (los grava con un arancel del 25%) y las condiciones que impone para fabricarlos en su territorio. China también eliminará las restricciones a la fabricación de aeronaves y de navíos por parte de empresas extranjeras en este 2018, sectores que se enfrentan a unas cuotas máximas de propiedad similares a las del sector automovilístico.

Reformas

Estas medidas están en sintonía con el plan de reformas que está promoviendo Xi Jinping. Una de sus prioridades es permitir la entrada de capital privado en las empresas de propiedad estatal (SOE, por sus siglas en inglés), que tienen en general altos niveles de endeudamiento y no son, en muchos casos, rentables. La deuda de estas compañías, que se han financiado en los bancos estatales a bajo costo fomentando un apalancamiento excesivo, es uno de los principales problemas de China. La economía china está sentada sobre una montaña de deudas: pasó de 7 billones de dólares en el año 2007 a 30 billones ahora, y representa el 282 por ciento del PBI. La mitad de las deudas de los hogares y particulares, de las corporaciones no financieras y del Estado están asociadas a la actividad inmobiliaria. La deuda corporativa china ha pasado a ser una de las más elevadas del mundo (125 por ciento del PBI) y abarca tanto las empresas del estado como las privadas. Esta situación se ha hecho insostenible y no se puede prolongar por mucho más tiempo. La anunciada “desregulación” supone que las firmas que no son competitivas sean desplazadas a través de cierres o absorciones, habilitando un proceso de concentración y copamiento del mercado por el gran capital. Un temor fundado que anida en las autoridades chinas es que esto provoque un retroceso importante del PBI y, junto con esto, una pérdida masiva de puestos de trabajo, lo cual, podría conducir a una reacción social incontrolable. Esto explica las vacilaciones de Pekín a la hora de ejecutar el plan. “A pesar de que las esperanzas están depositadas en los próximos movimientos de Xi, hay cierto escepticismo en torno a la velocidad y efectividad de sus reformas”.

Transición

En medio de este cuadro, la cúpula dirigente ha enviado a las células del Partido Comunista chino (PCCh) a controlar las empresas. A su turno, y de acuerdo a los trascendidos, se vienen multiplicando las detenciones y el encarcelamiento de capitalistas corruptos. Por otro lado, el aumento del desempleo que traerían aparejadas las reformas en carpeta es impracticable sin una red de contención social, lo que explicaría que las autoridades chinas estén estudiando una reforma del sistema de seguridad social.
Pero este intervencionismo es impotente para hacer frente a las contradicciones crecientes que va acumulando la política oficial. El Estado, en China, opera como unificador de los diversos capitales, públicos y privados. Ni en Rusia ni en China se ha desarrollado una burguesía como clase, pues en ambos casos ella está mediada por el Estado, el cual conserva gran parte de su estructura burocrática ‘pre-capitalista’. Xi Jinping, un bonapartista especial al cual se le han conferido facultades excepcionales al habilitársele la reelección indefinida, está obligado a conciliar la tendencia a la autonomía de sus proto-capitalistas con la necesidad de contener la desintegración de sus Estados. Las ex economías estatizadas han incorporado a sus contradicciones autárquicas, las más violentas aún, de la economía mundial. China ingresa a una fase más convulsiva de la restauración capitalista, lo que prepara el terreno para una intervención de mayor amplitud de la clase obrera.

Pablo Heller