Apenas una semana antes de las manifestaciones populares masivas que se han desencadenado en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega recibía el premio al “mejor proyecto de inversión extranjera” (Forbes, 11/4). El “reconocimiento” tuvo lugar en el “Annual Investment Meeting, en la ciudad de Dubai, Emiratos Arabes Unidos”. La distinción inusitada para un gobierno que publicita su condición “nacional y popular” no se redujo a una celebración ocasional, porque de acuerdo con la misma información, “el proyecto de Inversión Extranjera Directa más innovador en Latinoamérica y el Caribe”, responde al “programa de inversiones PRONicaragua”, que el gobierno sandinista promueve con recursos fiscales.
La reacción enorme que suscitó en la población y en especial en la juventud universitaria, la “reforma jubilatoria” que impuso por decreto Daniel Ortega hace casi una semana, debe ser caracterizada en este contexto. La reducción de las jubilaciones en un 5%, y el aumento de los aportes personales (de 6,25 a 7%) y patronales (de 19 a 22,5%) no solamente soliviantó a los sectores populares; también provocó una ruptura del pacto de gobierno que rige desde más de una década entre la gran patronal, nucleada en el Consejo Superior de la Empresa Privada, y el oficialismo. La “reforma”, sin embargo, había sido ‘recomendada’ por el FMI para cubrir un déficit de 75 millones de dólares de la Seguridad Social. La misma Seguridad Social que presta su fondo de garantía para subvencionar el “PRONicaragua” que saludan los inversores internacionales.
“Los manifestantes fueron convocados por el poderoso Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep)”, informan las agencias a Clarín y La Nación (24/4), “que fue aliado de Ortega en sus once años de gobierno, pero que luego de la reforma del sistema de pensiones se transformó en un ente opositor”. De este modo, la gran patronal, a la que se ha sumado la Unión de Productores Agropecuarios, se ha convertido en la dirección política de la movilización popular. Forzado por la rebeldía generalizada a derogar el decreto jubilatorio, Daniel Ortega convocó “al diálogo” a los empresarios -que se dieron el gusto de rechazarlo hasta que no “se libere a todos los presos”. La Cosep fue acompañada por el clero de Nicaragua, las universidades privadas y la Embajada norteamericana. “Les abrí mi corazón y me contestaron con la billetera”, ‘reflexionó’ hace treinta años Juan Carlos Pugliese, ministro de Alfonsín, ante un inconveniente similar. Nicaragua es uno de los objetivos codiciados por China, que ha ofrecido en su momento construir un canal entre el Caribe y el Pacífico, para desagrado, provisional, de Estados Unidos.
La dirección política de las movilizaciones no es disputada por ninguna otra organización fuera del frente patronal-clerical-universitario. Este es el meollo de la situación nicaragüense. Ese frente no exige la salida de los Ortega del gobierno, porque no ha armado aún una alternativa política de reemplazo. Ha quedado planteada una transición política crucial. Los medios de comunicación se esfuerzan por presentar como positiva esta acefalía de dirección, con la intención de evitar que se produzca una diferenciación política. El frente único entre la gran patronal, por un lado, y el pueblo en la calle, por el otro, oculta la contradicción entre la clase social que apoyó al orteguismo durante diez años y una masa de trabajadores y jóvenes que dieron rienda suelta a la indignación acumulada a lo largo de la década.
La brutalidad de la represión ejercida por el orteguismo, el cual, sin embargo, recularía enseguida derogando el decreto, ha dejado al desnudo el bandidaje político del sandinismo. Es que al lado de los ataques brutales de la policía y el ejército contra los manifestantes, operaron ‘milicias’ del partido oficial, que no tienen nada que ver, por supuesto, con “el armamento de las masas”. En los hechos, gobierna en Nicaragua un régimen de partido único. Estas ‘milicias’ no son el arma de resistencia ‘nac & pop’ a la ‘ofensiva neoliberal’, sino un instrumento contra las masas y contra el esfuerzo por desarrollar una alternativa obrera independiente al gobierno patronal que galardonaron en Dubai.
El derrumbe previsional de Nicaragua deja en evidencia el rasero que iguala a los gobiernos de diferente tendencia en América Latina: la crisis sin salida de la dominación política capitalista latinoamericana, en el marco del impasse económico y político mundial. El agotamiento de los Macri y los Ortega, de los Maduro y los Kuczinski, de los Piñera y los Lula tiene la base histórica común de la decadencia capitalista.
Jorge Altamira
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